El año 2006 hizo germinar, de manera casi imperceptible, la violencia social y la judicialización de la política como dos marcadas tendencias de la agenda pública de los próximos años.
La primera es una violencia social asistémica, espontánea y difusa en muchos aspectos, que las menos de las veces denota objetivos políticos o plazos, dejando perplejas a las autoridades y descolocadas a las fuerzas policiales en el control del orden público. Si bien ha venido gestándose en los últimos años, tuvo expresiones maduras durante el 2006, especialmente el 1ÅŸ de Mayo y las huelgas de estudiantes secundarios.
No es una espiral de violencia común, como han señalado algunos sectores, sino una expresión de cultura marginal, básicamente de sectores jóvenes de la población, originada en el modelo social y productivo imperante en el país, y funcional a su reproducción. Aunque deficientemente diagnosticada, ha quedado claro que ella no puede solucionarse con mayor drasticidad de las leyes penales, o a través de un quehacer policial más represivo.
Cuando se manifiesta, sus protagonistas explotan súbitamente en ira, de manera aparentemente irracional, concentrando su enojo contra cualquier objeto de orden, sea un semáforo, una vitrina, las fuerzas policiales o los recipientes de basura, independientemente de lo que estén manifestando.
Los niveles asociativos son muy primarios y el accionar colectivo que la promueve normalmente hace un aprovechamiento parasitario de los movimientos sociales, en cuyas manifestaciones se incrusta con gran facilidad, generando una ola violenta y expansiva muy intensa pero de corta duración. A continuación se repliega y adormece en sus ámbitos cotidianos, generalmente ambientes barriales tolerantes a sus modos de vida, hasta una nueva oportunidad de expresión.
Si la autoridad se pregunta qué desean, la respuesta es nada concreto. Detrás de las acciones no existen reivindicaciones, propiamente tales, de manera tal que las políticas públicas contractualizadas que ofrece el Estado, especialmente en los ámbitos de política social, no pueden tener buenos resultados.
Pese a que el modelo barrial desarrollado por la vivienda social en Chile, y el tipo de mercado laboral vigente, lleno de relaciones precarias y bajos salarios, parecen el marco ideal para su manifestación, sería inapropiado sindicarlos como la causa principal, ya que ésa violencia trasciende los bordes de la pobreza.
Se requiere un diagnóstico profundo, para que los mecanismos gubernamentales relativos a la violencia social no sigan apegados a los clichés puramente delictivos, de extremismo político o de pobreza. Su mezcla de cultura urbana fragmentada, redes tecnológicas, identidades tribales sin jerarquías, bajo sentido de la autoridad, y emociones que mezclan mito y racionalidad, se está transformando en un principio de orden para amplios sectores de jóvenes y barrios de nuestras ciudades.
La segunda tendencia es la judicialización de la política. El creciente número de problemas políticos que se orientan a soluciones judiciales constituye un indicador importante de que el sistema político experimenta una pérdida de autocontrol y diálogo, y que sus instituciones – especialmente los partidos – están sobrepasados en su capacidad de reglar la política.
Los principios que ordenaron la transición a la democracia – independientemente de la valoración que se tenga de ellos- están definitivamente en desuso, ya sea por cambios sociales o generacionales. Pero ellos no han sido sustituidos por otros nuevos, ni tampoco se ha producido un nuevo concepto de orden político interno, tanto en la oposición como en la Concertación.
Es precisamente ese fenómeno el que ha hecho proliferar vínculos y confianzas que trascienden los círculos políticos propios; y disputas que no pueden ser remitidas a instancias internas sino a las judiciales. Pero esta judicialización ha agregado un actor indirecto que difícilmente puede ser controlado o acotado, al menos por la política: los fiscales del Ministerio Público. Estos han pasado a ser determinantes en la caracterización de la buena política, sobrepasando con ello, en la práctica, las funciones que les son propias de conformidad al nuevo procedimiento penal.
En perspectiva, la judicialización de la política se explica al interior de la órbita de competencia por el cargo de Presidente de la República, y en el marco también de la eventual formación de nuevas alianzas políticas, razón por la cual seguramente se mantendrá en los próximos años.
