En materia forestal, como ya es costumbre, pasó otro año más sin «Ley de Bosque Nativo», aunque recientemente la Presidenta Bachelet ha señalado que el proyecto debiera materializarse pronto, pues se despachará en el transcurso de algunas semanas al Senado. La denominada «Ley corta de Bosque Nativo», ha sido consensuada por una Mesa de Trabajo entre organizaciones sociales, empresarios y ecologistas e ingresará como indicación sustitutiva al Parlamento. El Proyecto se centra en tres aspectos: bonificar las actividades que facilitan la regeneración de bosque nativo, fomentar las actividades de ordenación forestal, e incentivar el manejo sustentable de los recursos forestales.
En relación al caso de la «tala ilegal de alerce», se está a la espera de que la justicia determine las responsabilidades penales de los inculpados, en lo que se ha transformado en el primer caso por delito ambiental en nuestro país. Anteriormente, la justicia ya determinó que el delito se sustentó en el negligente operar de la anterior administración de Conaf y en la existencia de mafias que cortaban y posteriormente vendían esta especie, declarada monumento natural.
En el sector pesca, durante este año, se dio a conocer un estudio de la Universidad de Dalhousie en Halifax, Canadá, publicado en la prestigiosa revista Science, el informe concluyó que la desaparición de especies marinas se ha acelerado a consecuencia del impacto de la actividad humana sobre los océanos, a tal punto que si se mantiene al ritmo actual, en el año 2048 habremos terminado con la explotación pesquera tal como la conocemos.
El estudio advierte que el problema es más grave que la pérdida de una fuente de alimento primordial para la subsistencia humana. Afecta a la estabilidad de todo el ecosistema marino, con el consiguiente aumento del riesgo de las mareas rojas, la caída del oxígeno, las inundaciones costeras y en general, el descenso de la calidad del agua.
Estas cifras y conclusiones son de una tremenda relevancia para nuestro país, tradicionalmente pesquero. A nivel global los desembarques chilenos son los más altos después de los chinos y peruanos, siendo del orden de los cinco millones de toneladas anuales. No obstante, la forma en la cual nuestro país explota los recursos pesqueros y el destino de éstos son cuestionables, desde el punto de vista de la sustentabilidad y la seguridad alimentaria mundial.
En primer término, porque el Estado ha entregado en gratuidad la renta económica asociada a la biomasa pesquera, la cual queda en manos de privados, principalmente de los grandes grupos económicos que controlan el negocio. De esta forma al no cobrar por el uso del recurso, el Estado beneficia a quien lo explota, reduciendo artificialmente sus costos y promoviendo una sobre-inversión que genera inevitablemente una sobreexplotación. En este sentido, fue una buena noticia que la denominada «Ley Larga de pesca» fuera desechada por el Gobierno durante este año. El proyecto fuertemente cuestionado por la sociedad civil y particularmente por el sector de la pesca artesanal, pretendía extender a 30 años más los derechos otorgados por el Estado, generando un enorme descontento social y agudizando las inequidades del sector.
Respecto a la seguridad alimentaria mundial, resulta paradójico que nuestro país, aspirante a ser potencia alimentaria mundial, destine gran parte de los recursos pesqueros extraídos a alimentar salmones. Aproximadamente el 71% del consumo interno de harina de pescado y prácticamente la totalidad del consumo interno de aceite de pescado son destinados para alimentar salmónidos, que finalmente tienen como destino países sobrealimentados. (Estados Unidos y Japón representan el 80% de los envíos totales de salmónidos).
Por otro lado, la creciente industria salmonera nuevamente estuvo en el centro de los conflictos ambientales y laborales. Empresas sancionadas por sobreproducción (dentro de las que se contaban compañías firmantes y certificadas por el Acuerdo de Producción Limpia suscrito entre SalmonChile y el Gobierno), centros de cultivos y vertederos ilegales, fueron la tónica de los salmoneros.
Asimismo, se produjo una amplia discusión respecto a la tasa de conversión de alimentos de esta industria, es decir cuantos kilos de peces son necesarios para producir un kilo de salmón cultivado, al respecto una investigación realizada por el Departamento de Estudios por Fundación Terram determinó que para producir sólo un kilo de salmón cultivado en Chile se requieren más de 9,9 kilos de peces pelágicos (jurel, sardina y anchoveta). Consideramos que la industria proyecta duplicar la producción para 2013, esto significa que se destinarían cerca de 12 millones de toneladas de peces para alimentar los 1,2 millones de toneladas de salmones, generando una disminución de alimento a nivel mundial. A esto se debe agregar el peligro de colapsar la ya sobreexplotadas pesquerías del Pacífico sur, las cuales serían destinadas casi íntegramente a alimentar los salmones chilenos.
En materia laboral, la industria sigue caracterizándose por las precarias condiciones en las que se desempeñan sus trabajadores y trabajadoras. La infraccionalidad laboral, según datos oficiales, alcanzó el 80,43%.
En respuestas a las demandas ciudadanas por una industria salmonera sustentable, en el mes de julio se creó el Observatorio Laboral y Ambiental de Chiloé -Olach- una instancia de observancia y análisis territorial que funciona para y con la comunidad chilota, en conjunto con organizaciones sociales y ONGs que han trabajado en los problemas derivados de la industria salmonera en la isla de Chiloé. Entre las organizaciones participantes se cuenta Oxfam, el Canelo de Nos, el Centro Nacional de Desarrollo Alternativo (Cenda) con su Observatorio Laboral y Fundación Terram. Olach, ha trabajado en la observancia laboral, gestión territorial, con un fuerte acento en la difusión de las problemáticas asociadas a la industria salmonera.
Por otra parte, frente a la realidad ambiental y laboral de la salmonicultura (a nivel global) durante el mes de octubre se realizaron en Chile, así como en el resto de los principales países productores de salmón (Noruega, Canadá, Estados Unidos, Escocia e Inglaterra), una serie de acciones dentro de lo que se denominó la ŤSemana Global de AcciónÅ¥, organizada por diversos grupos alrededor del mundo que forman parte de la campaña internacional ŤPure SalmonÅ¥, un proyecto que promociona una salmonicultura más justa y sustentable.
Finalmente, cabe destacar la investigación llevada a cabo por la Comisión de Pesca y Acuicultura de Cámara de Diputados, instancia que además ordenó la creación de mesas tripartitas de trabajo entre empresarios, trabajadores y gobierno. No obstante, los resultados de estas sesiones no fueron del todo satisfactorias para los trabajadores, los cuales acusan inflexibilidad y poca disposición de la industria por generar cambios sustanciales en esta materia.
En el ámbito minero, durante el mes de febrero, bajo un amplio rechazo ciudadano y pese al cuestionamiento por el daño irreversible en el ciclo hidrogeológico del agua que sufrirá el Valle del Huasco, fue finalmente aprobado el polémico proyecto minero Pascua Lama, de la compañía canadiense Barrick Gold, dejando al descubierto, una vez más, las graves falencias que presenta la institucionalidad ambiental vigente en nuestro país y evidenciando el desbalance existente entre los intereses de las comunidades y los del sector productivo.
También durante este año el Gobierno dictó el polémico DS N°80 de la Segpres, que comenzó a regir a comienzos de septiembre. El Decreto fue denominado «un traje a la medida» para Codelco, pues permitía a la compañía estatal depositar los desechos que produce el mineral de El Teniente en el estero Carén (ubicado en la Comuna de Alhué), contaminando las aguas por sobre los límites estipulados en el DS NÅŸ90 para las empresas en general. El episodio demostró una vez más la débil institucionalidad ambiental y la ambigüedad del gobierno en esta materia, por un lado intentando reformar la institucionalidad ambiental y por otro, otorgado facilidades a las empresas públicas para que contaminen. Cabe recordar que en abril del presente, la división El Teniente de Codelco provocó un grave daño al ecosistema del estero Carén, al escurrir del embalse de relave cerca de 10 mil litros de residuos líquidos mineros sobre las aguas del afluente, empleado principalmente para riego y consumo de animales.
Otro de los conflictos relevantes que se desarrolló durante el 2006 fue la construcción del tranque de relave El Mauro de la Minera Pelambres, propiedad de la familia Luksic, ubicado en la localidad Caimanes en la IV Región. Con una inversión de US$530 millones y con capacidad para 1.700 millones de toneladas de relaves, este embalse permitirá la ampliación y funcionamiento de la empresa minera Pelambres. Si bien, los mayores temores de la comunidad se refieren a la posible contaminación de las aguas ocasionada por erosión eólica del relave, por lixiviación, por acidificación de las aguas, solubilización de metales y por el arrastre de desechos y residuos producido por lluvias, crecidas y avalanchas entre otras, hoy el conflicto que se da el tribunales se refiere a los derechos de aguas adquiridos de manera irregular por la empresa minera en perjuicio de los agricultores y regantes de la zona.
El mayor conflicto del embalse de desechos mineros se refiere a su localización, justo en el lugar donde se generan los recursos hídricos y donde existe una zona de alta importancia arqueológica, por lo que dicho proyecto impactará la calidad y cantidad de las aguas utilizadas por los agricultores y ganaderos, afectando su actividad productiva y, provocando un daño irreversible al patrimonio cultural de la región.
Francisco Pinto, Fundación Terram
