Los recientes resultados de la PSU reiteran la creciente brecha entre la educación privada y la educación pública. Ello, a nuestro juicio, le otorga más razón al movimiento secundario y a lo que ha expresado el Bloque Social en Educación: lo que ocurre no es casual y, por tanto, se requieren cambios estructurales en la educación chilena.
En los hechos se consolidan dos tipos de educación, determinados por la cuna, y se agrava la segmentación de un sistema que tal como lo expresáramos en el Consejo Asesor Presidencial, va consolidándose en clases sociales.
Los problemas se originan en la dictadura con la Constitución del 80 y la LOCE, en las que se asume la educación ya no como un derecho que garantiza el Estado, sino como un bien que se transa en el mercado. Paralelamente se mantiene la municipalización que ha fracturado nuestro sistema público en 345 realidades distintas y que entregó a cada alcalde, junto al accionar edilicio y la responsabilidad de la reparación de calles y de la extracción de basura, la administración de la educación.
Lo dijimos y lo volvemos a decir: la municipalización fracasó y debe ser cambiada. Su existencia ha significado en el desplome de la educación estatal, muchas veces con el aval de los propios alcaldes que con ningún pudor incursionan en el negocio educativo siendo ellos mismos o parientes cercanos dueños de establecimientos particulares subvencionados.
Si se suma a ello que el Estado entrega cuantiosos recursos al sector particular subvencionado, que a su vez discrimina a la familia y a los estudiantes por rendimiento escolar y por cobrar el financiamiento compartido, la situación es doblemente grave.
La realidad demuestra que la educación debe volver al Estado, como un requisito imprescindible para un sistema público igualitario y de calidad. Estos cambios estructurales son una bandera irrenunciable para el Magisterio y para el Bloque Social. No se resolverá la desigualdad sin que se derogue la LOCE, se desmunicipalice la educación y se asuma que la educación es un derecho y no un bien social con el cual se puede lucrar impunemente.
Junto con ello, el Estado debe financiar íntegramente la educación pública, lo que implica entre otros aspectos, el control de los recursos fiscales, con una distribución por territorios y centros educativos. Y, tal como en el resto del mundo, todo establecimiento particular que reciba subvención del Estado, no puede tener fines de lucro y debe garantizar una educación de calidad para todos los niños y jóvenes del país.
También asumimos que estos cambios a la educación pública han instalado el debate sobre calidad y equidad y, con ello, los desafíos del quehacer docente. Este tema, por ser de interés nacional, requiere de un debate con altura de miras. La reflexión pública no puede estar pauteada por quienes, para bloquear los cambios que la mayoría de la ciudadanía demanda, culpan absurdamente al profesorado de la crisis de la educación.
Los profesores de Chile queremos cambios estructurales para el mejor futuro de nuestros niños y estamos dispuestos a contribuir para lograrlos. Por ello esperamos, más allá de los balbuceos ideológicos de algunos sectores, que el Gobierno asuma este clamor nacional e impulse cambios profundos a este sistema educacional que ya no da para más.
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Jorge Pavez es presidente del Colegio de Profesores
