Lentitud del SEIA: ¿Quién es responsable? - El Mostrador

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Lentitud del SEIA: ¿Quién es responsable?

por 24 enero, 2007

Es loable que tras 12 años de vigencia, la autoridad pruebe los estándares de eficiencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que ya ha procesado más de 12 mil proyectos con repercusión ambiental, social y/o patrimonial. También hay que celebrar que -a objeto de agilizar los procedimientos- los ciudadanos podremos disponer desde marzo, a través de un "semáforo ambiental" en ínternet, de mayor información pública sobre el estado mensual de evaluación de proyectos. Así también, los distintos servicios públicos contarán con Manuales para Evaluadores Sobre Competencia y Procedimientos, a efecto de lograr paridad de criterios al interior de Conama y de las reparticiones del Estado.



La prueba estadística aplicada al Sistema constató que la tramitación de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), cuyo plazo legal prorrogable es de 90 días, en 2006 subió a un promedio de 119,4 días; mientras que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que cuentan con un período inicial de 180 días, el año pasado alcanzaron un promedio de 174,3. Aumentaron respecto de 2005, pero sin superar el límite de la ley.



Una parte de esta lentitud se explica en que el año pasado los inversionistas presentaron 1.670 proyectos. O sea, 41% más que en 2005, y con inversiones superiores a los 15 mil millones de dólares, 85% más que en el período anterior. Y aunque es imperativo atender a las debilidades propias del Sistema, tales como discrecionalidad política sobre decisiones que deben ser técnicas, escasez de personal en algunos servicios y poca claridad de los contenidos necesarios para hacer una correcta evaluación de los proyectos, es preciso entender que el Sistema funciona a partir de información aportada por empresas y consultoras. Por eso la autoridad también dispuso que los inversionistas cuenten con 14 Guías de Criterio, a objeto de mejorar la calidad de los estudios que someten a evaluación.



Esto es particularmente relevante, ya que de una muestra de 892 proyectos que buscaban ser aprobados por Declaración de Impacto Ambiental, 788 requirieron una addenda. Es decir, la autoridad entregó observaciones y estimó insuficientes, erróneos o parciales al 88%, de ellos, y por eso demandó más antecedentes y estudio. Del total, la mitad fueron objetados por segunda vez y 115 hasta por tercera vez. Esto obviamente demoró más de lo normal el proceso, y -como sucede cuando no se reflexiona sobre las estadísticas- terminó por fijar una percepción arbitraria sobre lentitud del Sistema.



En la historia de nuestra institucionalidad ambiental hay ejemplos dramáticos y vergonzosos de falseo de información; omisiones o adulteraciones aplicadas a informes científicos; falta de fiscalización estatal sobre datos entregados por la parte interesada; intentos de engañar a la autoridad, o bien, engaños consumados, además de complicidades políticas que atentan contra imperativos técnicos y fomentan la ineficiencia de este Sistema.



En este sentido, limitarse a calcular el promedio de días que tarda un servicio en dar su veredicto esconde esta otra dimensión cualitativa del problema. Ciertamente, si queremos que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sea veloz y eficiente, tanto en virtud de los plazos legales como en relación con el cumplimiento de las leyes específicas de cada repartición pública, necesitamos, además de profesionalismo y capacidad de fiscalización en el sector público, la trasparencia y la honestidad del sector privado.



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Sara Larraín. Directora del Programa Chile Sustentable

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