Analizando las últimas encuestas, se observa un evidente distanciamiento entre el apoyo creciente que obtiene la Presidenta de la República y una imagen claramente deteriorada no sólo de la Concertación, sino del mundo político en general.
¿Qué motiva esta situación? ¿Hasta cuándo podrá sostenerse esta dicotomía que afecta a alianza de gobierno? ¿Cuáles son las alternativas políticas que se presentan a mediano plazo, de cara a las elecciones comunales de 2008 y presidenciales y parlamentarias de 2009?
Son preguntas que los actores políticos deben formularse con urgencia, tomando en cuenta que los plazos de respuesta son acotados: el año que se inicia, en el que no se registrarán contiendas electorales, aparece como el período indicado para ordenar el confuso panorama político-electoral.
¿Ideología de la corrupción?
Lo que advertimos a raíz de la tardía denuncia del ex diputado y timonel del PPD es que: las verdades a medias sólo contribuyen a un deterioro de imagen de los actores que las sustentan.
¿Por qué hay actores políticos que niegan lo sabido por todos? Si Chile no es un país carente de cultura política como para que las personas informadas -que son muchas- no sepan que la utilización de fondos reservados fue una práctica en el pasado reciente para el pago de sobresueldos y actividades políticas totalmente lícitas.
¿Qué se gana con negarlo, cuando la verdad emerge por todos lados? Lo único que se obtiene con ello es centrar la discusión en si el hecho en sí mismo fue verdadero o falso. De esto, la oposición se ha colgado para golpear a la Concertación, una y otra vez.
Parece que el mundo político local y no sólo local, seamos justos, -se trata de un fenómeno que afecta a la política a escala global- ignora que en la era de las redes y de los ciudadanos crecientemente informados, negar verdades obvias es el peor negocio imaginable.
El ex Presidente Patricio Aylwin pareciera comprenderlo mejor -con ello muestra su grandeza una vez más- al decir en una frase lo obvio: «Había ministros que me dijeron que no les alcanzaba el sueldo y autoricé que se les aumentara con cargo a gastos reservados». Con ello, el ex mandatario pone las cosas en su justo término, lo que permite focalizar la discusión en el plano que corresponde: ¿Existe o no la llamada «ideología de la corrupción» denunciada por el ex dirigente del PPD?
«Weltanschaaung» e intereses
El solo hecho que en el año 2003 se lograra un acuerdo de Estado tendiente a transparentar los gastos públicos -avance debidamente recordado por Pablo Longueira a despecho de sus frenéticos compañeros de partido y coalición- muestra que en Chile no existe una colusión entre Estado y prácticas corruptas que pudiera caracterizarse como una ideología en el sentido clásico del término.
No hay que tener miedo en reconocer los errores nuestros. Negarlos es una actitud perfectamente innecesaria y contraproducente. La opinión pública sabe evaluar muy bien a los distintos sectores. ¿Acaso detrás de los permanentemente magros resultados de la oposición en las encuestas no hay también una evaluación ética de fondo?
Pero una cosa es constatar que tal ideología no existe y otra es señalar que las prácticas corruptas son casos menores y aislados. Para demostrar que esto es efectivamente así y que estas conductas no se repetirán, se requiere de una demostración fidedigna, vía normas transparentes a las que concurran oposición y gobierno.
En este tema la actitud de la Presidenta ha sido enérgica y no cabe duda que seguirá siéndolo en el futuro: donde haya responsabilidades comprobadas, se debe actuar con premura, aplicando las sanciones del caso.
A la derecha política-particularmente a su actual dirigencia- le falta una mirada de Estado frente al problema de la corrupción. Si quiere contribuir efectivamente a la construcción de un Chile más transparente, tendría que considerar el apoyo político a todas las medidas anticorrupción que la Presidenta ha presentado. Restarse a las iniciativas de la Primera Mandataria muestran una oposición obcecada y falta de lógica democrática. La propuesta paralela anticorrupción que presentaron Hernán Larraín y Lily Pérez a nombre de la Alianza opositora, se inscribe mas en un acto de propaganda que en el deseo de una política seria que apunte a la solución del problema.
¿Pero cuál es el problema de fondo? Decimos que no hay ideología de la corrupción, pero que hay impedir que esto sea algo más que hechos aislados. Ese «algo más» responde a nuestro juicio a un fenómeno que también adopta un carácter global en el postmodernismo: el creciente peso de los intereses sobre las ideologías en el entramado de los partidos como actores políticos clásicos.
Es un hecho ampliamente reconocido que todo partido político representa una combinación entre ideología o «Weltanschaaung» (cosmovisión) e intereses sociales y económicos específicos. Y lo explicamos de esta forma: no es casual, que en Chile, en el Siglo XIX, los conservadores con una ideología católica tradicionalista estuvieran ligados a la oligarquía terrateniente, mientras que los liberales con una ideología laica lo estuvieran a la incipiente burguesía comercial, minera y a sectores académicos. Por algo el Partido Comunista nació vinculado con los trabajadores del salitre y el Socialista al naciente proletariado industrial ambos marxistas, y que el radicalismo y la Democracia Cristiana fueran expresiones de las llamadas clases medias emergentes, en distintas etapas del desarrollo nacional. Y así suma y sigue: es decir, no se trata sólo de cómo se piensa sino de cómo y en función de quien se actúa.
El problema, de carácter global es que como consecuencia del fin de la Guerra Fría y del mal llamado «ocaso de las ideologías» -hecho muy lejano a una liberación, como algunos han pretendido presentarlo- el factor «weltanschaaung» ha ido perdiendo fuerza en relación al factor de los intereses representados.
Y cabe entonces preguntarse: ¿Qué intereses concretos están defendiendo los partidos de la Concertación? Es aquí donde el panorama se torna más confuso y variopinto. Porque efectivamente los intereses representados son muchos, incluyendo aquellos de quienes buscan profundizar la democracia y superar su marginación económica y social. Sin embargo, tienden a hacerse particular e incómodamente visibles los intereses de determinados grupos económicos -ya representados por la coalición opositora- tanto como los de algunos funcionarios del Estado que tienden a ser permeable a esas presiones.
¿Acaso quienes ponen en cuestión la existencia de una AFP estatal no representan precisamente esos intereses empresariales? ¿O la defensa a brazo partido que personeros vinculados al gobierno hacen de los cobros abusivos de las Concesionarias de Autopistas no está en línea directa con intereses económicos y profesionales que vinculan a estas mismas personas con las citadas empresas? Para qué hablar de la defensa que personas ligadas a partidos de gobierno han hecho de las empresas mineras, en contra de la introducción del royalty y de las tabacaleras, entre otras. A pesar de que estamos hablando de individualidades, que no representan a los partidos políticos y menos a la Concertación, la lista es larga y no pasa desapercibida ante los ojos de la opinión pública.
Los apologistas del postmodernismo podrán decir que en la era del ocaso de las ideologías estos fenómenos son normales y que reflejan los mayores niveles de libertad y de multiplicidad de preferencias que caracterizan las sociedades modernas. Curiosamente, la mayoría de la población no lo ve así, e intuye quien representa y quien no a sus propios intereses.
Y aquí volvemos a lo señalado en el primer párrafo de este análisis: Quizás contraviniendo las teorías políticas clásicas, no son los partidos, ni el parlamento, sino que el gobierno, y particularmente la Presidenta de la República, quienes aparecen como depositarios de los intereses de las mayorías que buscan la profundización de la democracia.
Eso es precisamente lo que están demostrando las encuestas: la gente aprecia la voluntad, la disposición y sobre todo las medidas del gobierno y de la Primera Mandataria para impulsar cambios de fondo. Pero se mantiene y crece la desconfianza hacia los partidos políticos de cualquier color.
El problema -específicamente para el conglomerado de gobierno- es hasta qué punto podrá mantenerse esta dicotomía en el fondo perversa: porque a estas alturas, y con esta Concertación, el prestigio de la Presidenta Bachelet no es recuperable para la alianza de gobierno. Sólo un cambio profundo dentro de la Concertación, podría contribuir a salvar el actual estado de estancamiento de la coalición oficialista. Y ojo, que ya la Concertación no puede confiar en la incapacidad crónica de la derecha para ganar las elecciones (incapacidad que sectores de la propia derecha parecen asumir, de acuerdo a las últimas declaraciones del timonel de RN).
Crisis de representación
Los partidos políticos chilenos no tienen percepción de la crisis de representación que viven. Por ello no reflexionan, no teorizan y menos se replantean que las herramientas que usaron con buenos resultados en el pasado, hoy son completamente inútiles. Si nos atenemos a lo que plantean los partidos como visión de futuro-no reparando que las cosas andan mal- el país estaría a la deriva.
Lo que la mayoría de la gente percibe cuando reflexiona es que vivimos un escenario de desigualdad económica y social muy desesperante, un país cuyo progreso hacia el reconocimiento de normas comunes de tolerancia y desarrollo humano es inaceptable. Esto que es intuición generalizada en la sociedad, no lo es en los partidos políticos locales.
Hay un sector de la derecha política que pretende sacar a la Concertación del Gobierno anticipadamente deslegitimándola por la manera en la que utiliza el poder del Estado: Ganó las elecciones presidenciales gracias al mal uso de los planes sociales, píldora del día después, planes anticorrupción, nombramiento de funcionarios de Gobierno, regulaciones económicas, creación de comisiones investigadoras en el Parlamento. En suma, todo está corrupto y por consecuencia es un gobierno ilegítimo.
Por otro lado, sectores de militantes de partidos de la Concertación, en su lucha del poder por el poder, no trepidan en tratar de establecer en el ideario social la llamada ideología de la corrupción que atravesaría a los gobiernos concertacionistas desde sus comienzos o que estamos reviviendo los peores tiempos de la UP -por lo que ellos ven- como el cuoteo político desigual en los cargos públicos. Unos concientes y otros no, apuntan a lo mismo, deslegitimación de los procesos eleccionarios en los que fueron limpiamente derrotados…
Si la ceguera en los partidos de gobierno y oposición continúa y las elites dirigentes no corrigen sus prácticas erróneas, la posibilidad en un plazo no lejano del despeñadero y el caos institucional no sería un escenario imposible.
Esta perspectiva debe rechazarse -entendiendo que la política es frecuentemente el escenario tanto del conflicto como el de la cooperación- perfilando la búsqueda del acuerdo que profundice el proceso democrático como la tarea central. La ciudadanía eligió un gobierno y una oposición. Contamos con las reservas éticas y políticas de la Presidenta y con la responsabilidad de la abrumadora mayoría en las coaliciones de gobierno y oposición para poner fin a esta insensata política de descalificaciones._
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Claudio Vásquez Lazo. Ex embajador, Dirigente PPD
