El lunes 14 de enero de 2008 el Senado recibió del Gobierno un proyecto que modifica la Ley de Urbanismo y Construcciones. El Minvu, autor del proyecto, ha dicho que en esta primera etapa se abordará la planificación urbana y enseguida enviará al Parlamento un proyecto sobre integración social y posteriormente otro sobre los impactos que genera el desarrollo urbano. Ese ministerio aduce que el objetivo es perfeccionar y complementar el texto actual de la Ley y así modernizar los planes reguladores.
A partir de marzo, la Comisión de Vivienda del Senado, que preside el senador Antonio Horvath, escuchará a los distintos actores (privados, sociales y académicos) relacionados con la materia, aunque los deseos del sector productivo privado ya han sido incorporados en el proyecto de marras. Recordemos que el Minvu actúa según lo que deciden los miembros de una curiosa y eufemística «mesa multisectorial», conformada por los representantes de aquellos que invierten en el negocio inmobiliario.
Debemos tener presente que la actual legislación data de 1975, es decir, por estar regidos en aquella época por un gobierno dictatorial, su contenido se decidió en el edificio Diego Portales por adustos uniformados y pálidos muchachitos adoctrinados en Chicago, teniéndose en cuenta que la primera ley se originó vía un Decreto con Fuerza de Ley (DFL) de 1931. Hace unos 4 años, el Minvu había enviado al Senado otra modificación legal, en nuestra opinión un tanto burda y mal enfocada y por ello fue rechazada de plano por los parlamentarios que la analizaron en la Comisión respectiva.
Como observamos, nunca el Congreso se ha pronunciado sobre esta gravitante materia, sancionado un cuerpo legal. Este nuevo proyecto está mejor elaborado que el anterior y por ello sostenemos que es la ocasión propicia para que en este país tengamos un marco de regulación urbana que propicie el desarrollo sustentable, la equidad territorial con un manejo integrado de las cuencas hidrográficas y con una participación ciudadana que sea de verdad. Una de las tantas diferencias que tenemos con los países civilizados y por lo tanto democráticos es que en aquellos no se habla con tanta majadería de «gobierno ciudadano»: sin hacerse aspavientos comunicacionales, en esas naciones simplemente sus políticas públicas son coherentes con las legítimas demandas de la población.
Hasta ahora el Minvu ha sido amo y señor del sector y ha abusado cuando «interpreta» a su pinta la Ley, Ordenanza (que es el Reglamento de la Ley) y los planes reguladores intercomunales y comunales. Lo anterior porque la misma ley le entrega la facultad de interpretar todo. Es más, ha estado administrando la ciudad a través de circulares y recurrentes modificaciones a la Ordenanza sin importar que tales cambios no se refieran a materias contempladas en la Ley, lo cual es improcedente bajo todo punto de vista, pero a pesar de ello, la aplanadora hace lo que quiere, porque el establishment ampara ese tipo de comportamientos irregulares. Recordemos que en Chile el nuevo dios es el mercantilismo llevado a su máxima expresión porque multiplica indefinidamente las transacciones comerciales.
En la actualidad los adscritos al poder político y económico hablan con fruición de «modernizar» y «flexibilizar» el aparato del Estado y los que algo conocemos de estas cosas, sabemos que ambas palabrejas lo único que buscan es hacer más feble el apego a la ley por parte de los que dominan el mercado -las grandes empresas- quienes al disponer de mayores y los mejores soportes profesionales están en condiciones de obtener ventajas con el uso y abuso de la información.
Sería interesante que la ciudadanía organizada hiciera suyo el vocablo «modernizar» para darle un cariz asociado a las reivindicaciones urbanas con la idea de ir forjando espacios democráticos en función de la calidad y estilos de vida de los habitantes de las ciudades. La preservación de los barrios ayuda grandemente al sentido de pertenencia y en esta línea quisiéramos que el patrimonio arquitectónico se promueva y respete para honrar nuestra historia. Lo moderno en cierta medida se nutre del pasado y todo pueblo digno debe tener memoria colectiva.
Quisiéramos que los alcaldes no tengan el dominio absoluto de la gestión municipal, como acontece, porque así se propicia la desmedida injerencia inmobiliaria en las comunas de las más grandes ciudades, que se respete el artículo 70ÅŸ de la Ley de Municipalidades que dice que los alcaldes no pueden intervenir en las discusiones y votaciones de los asuntos en que él o sus parientes tengan interés. Se deberían hacer las modificaciones legales correspondientes para que los concejales tengan poder de decisión y que se atrevan a fiscalizar. Los directores de obras no deben ser vitalicios, como sucede en la actualidad y en tal sentido vemos con agrado que en el proyecto de ley se considera limitar esta función a 4 años con selección de los postulantes a través de concursos públicos más rigurosos. Sabemos que hay un director de obras titular en una conspicua municipalidad, quien durante 15 años no ejerce su función y a pesar de ello recibe el sueldo íntegro cada mes.
En el entendido de que el Congreso Nacional va a desmenuzar el proyecto con pinzas para transformarlo en una pieza de valor, instamos a los parlamentarios en orden a que la futura ley contemple, entre otras cosas, lo siguiente:
1.- Abolir, por ser fuente de vulneración tributaria, las franquicias que tienen las denominadas «viviendas económicas» DFL2. En un sistema de transparencia comercial es injustificable entregar subsidios a los compradores de estas viviendas porque así la industria inmobiliaria induce a la trampa que es conocida por todos los actores relacionados y amparada por el gobierno. Son millonarias las evasiones de impuestos y a raíz de ello le hemos representado esta inicua situación al Minvu desde hace tiempo sin que éste reaccione.
2.- Imperio de los dictámenes de la Contraloría General de la República y terminar con la estratagema judicial, incubada en una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y compartida por la Corte Suprema, en cuanto a que el ente fiscalizador carece de atribuciones para resolver sobre la legalidad de los actos administrativos del Estado, ya que así las normas urbanísticas y ambientales son sobrepasadas permanentemente, tal como lo hemos denunciado en diferentes instancias.
3.- Toda vez que se modifique cada plan regulador, deberá ser obligatorio para los municipios la realización de Estudios de Impacto Ambiental en procesos ampliamente difundidos para que así la ciudadanía opine y que exista una relación directa entre la cantidad de habitantes de cada comuna y la oferta de área verdes, de tal forma que cuando se desee impulsar el crecimiento del hormigón armado vaya aparejado con mayores áreas de esparcimiento, recreación y deportivas.
4.- Debería existir una instancia autónoma de fiscalización de las Direcciones de Obras Municipales, algo así como el futuro «Defensor del Pueblo» para evitar o al menos disminuir la corrupción que se aprecia en muchas de ellas. Si se considera que esto es muy oneroso, por lo menos crear consejos consultivos urbanos para evitar la discrecionalidad funcionaria.
5.- Se debe eliminar el artículo de la Ley que permite aumentar el coeficiente de constructibilidad a los proyectos que se emplacen en predios fusionados, porque para obtenerse este beneficio, aplicándose la típica picardía del chileno, los interesados primeramente los subdividen y después los fusionan. Pero aparte de lo anterior, se trata de un beneficio que en una época pretérita era necesario, pero ahora no.
6.- También se debería eliminar la figura del «Conjunto Armónico», edificios que en terrenos de 2.500 m2 se le otorgan injustificadamente mayores m2 de construcción y un 25% de aumento de altura sobre las normas establecidas en cada comuna.
7.- Crear la captura parcial de plusvalías, por parte del Estado, cuando se modifican los usos de suelo, se extiendan los límites urbanos y/o cuando se aumentan las normas de edificación, ya que en la actualidad cuando ello sucede, los únicos que obtienen el peculio son los actores privados, quienes por lo demás, son los que bregaron ante las autoridades para que aprobaran tales cambios.
Hay muchas otras ideas conducentes para mejorar la Ley y aprovecharemos nuestra intervención en la Comisión de Vivienda del Senado, prevista para el 17 de marzo próximo, para proponérselas a sus integrantes. En todo caso el desarrollo del país tiene que ser armónico, terminando con la concentración de actividades en Santiago y con criterios geopolíticos que aseguran la integridad de la nación, para que nunca más tengamos un episodio de pérdida territorial como el de Laguna del Desierto en la undécima región.
Confiamos a priori en el buen juicio que adoptarán los senadores y diputados en la tramitación de esta Ley y esperamos que no le den cabida a los lobistas sectoriales. Deseamos que la corrijan pensando en el bien de la amplia mayoría de los chilenos, ya que así tendremos una Ley efectivamente moderna.
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Patricio Herman P. Fundación «Defendamos la Ciudad»
