Con el objetivo de normalizar la gestión municipal, una ONG que promueve la transparencia firmó un acuerdo de cooperación con las municipalidades de Santiago y Recoleta, con la sana idea de difundir una serie de normas que fomenten el comportamiento ético en el ejercicio de la función pública, lo cual nos parece bien y por ello valoramos lo que dijo el alcalde de Santiago Raúl Alcaíno, en orden a que «nadie se le olvide que estamos en esta municipalidad para servir a los vecinos». Nosotros le creemos a dicho alcalde porque apenas asumió le reprochamos la existencia de unos decretos alcaldicios de su antecesor que consagraban la reserva y el secreto de una serie de actos municipales y su respuesta fue rápida : anuló inmediatamente esos inicuos decretos ilegales.
Por otro lado, el Director del Servicio de Impuestos Internos ha aseverado recientemente, con ocasión de las facturas falsas de Publicam, «que en Chile, por muchos años, cientos de empresarios le han robado dinero a todos los chilenos por estas vías, reduciendo en forma fraudulenta sus obligaciones tributarias». Es decir, Publicam no es la primera empresa creada para estafar al fisco beneficiando a privados. Debemos entender que desde que se creó el pago del IVA, miles de particulares más «despiertos» que los fiscalizadores han recibido las devoluciones mal habidas por este impuesto y el caso más anecdótico es de aquél millonario exportador de loza a EEUU que llenaba las cajas con piedras que él mismo recibía en los lugares de destino.
Hemos traído a colación estos asuntos porque los asociamos a lo que acontece en algunas comunas en donde existe una creciente corrupción inmobiliaria que ha significado la violación sistemática de la Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcciones y de las normas regulatorias locales, cuyos beneficiados han engrosado ilegítimamente sus billeteras en miles de millones de dólares. Como contraparte, siempre los perdedores han sido los vecinos, cuyos derechos urbanos adquiridos se violan por municipalidades que prefieren cometer «errores» para beneficiar los negocios inmobiliarios de este emergente y bien relacionado sector de la economía.
Aunque no es un caso grave, pero sí anómalo porque se jugó con la credibilidad pública, todavía tenemos presente aquella situación que se promovió con gran cobertura noticiosa, referida a la torre más alta de Sudamérica que se está construyendo en la comuna de Providencia y a cuyo acto de lanzamiento de primera piedra, días previos al 11 de Marzo de 2006, acudió hasta el presidente Lagos, con reluciente casco blanco incluido. Y resultó que no había permiso de edificación que avalara dicha construcción de 58 pisos, situación que motivó el entretenido reportaje «El Manso hoyo» publicado en La Nación Domingo. A raíz de ello, el enérgico y ceñudo alcalde Cristián Labbé se querelló por mil millones de pesos en contra del representante legal de este diario, acción judicial que naturalmente perdió el edil.
También traemos a colación el «tongo» de la Municipalidad de Las Condes, la que después de revocar, por exigencia de los vecinos, un permiso de edificación contrario a derecho de 2 torres de 31 pisos cada una, en una zona en donde se puede edificar en altura máxima de 15 pisos, perdió en la Corte de Apelaciones el recurso de protección presentado por la inmobiliaria porque el abogado municipal anuló el permiso «sin cumplir con las formalidades requeridas» y en lugar de iniciar nuevamente el proceso revocatorio, que es lo que correspondía en rigor, «equivocadamente» apeló a la instancia superior, Corte Suprema, cuyo resultado lo vislumbramos. Esa municipalidad desea justificarse ante los vecinos perjudicados diciendo que hizo lo posible a favor de la legalidad urbanística, pero que le fue mal en los tribunales superiores porque éstos seguramente le darán la razón al inmobiliario.
En esa misma comuna el concejal PPD Hugo Unda, fiscalizador por excelencia, denunció diversas irregularidades contenidas en un permiso de una torre de 24 pisos del grupo económico Corpbanca, mismo grupo propietario del diario La Tercera, medio de prensa que fustiga con razón al gobierno por la corrupción que todos conocemos. Como las anomalías eran graves se utilizó el recurrente expediente de los hechos consumados y para establecerlos de frentón el titular del proyecto consintió que los empleados de ese grupo se mudaran a la construcción ilegal a pesar de que la Dirección de Obras respectiva no había otorgado el certificado de recepción final, documento que permite su habilitación e inscripción de su dominio en el Conservador de Bienes Raíces.
Este caso está radicado en la Seremi de Vivienda y Urbanismo y en la Contraloría General de la República. El primero ordenó por escrito al Director de Obras respectivo la prohibición de otorgar el mencionado certificado de recepción final, documentación que le llegó tarde, porque de acuerdo a lo relatado, la torre ya estaba ocupada. Por ello y dado que esa autoridad local no exigió el desalojo de los infractores, Unda le pidió al alcalde Francisco de la Maza que cumpliera con su deber, emitiendo el decreto de expulsión de los ocupantes irregulares, lo que todavía no acontece y es más, estimamos que nunca van a ser desalojados porque algún lobbysta de la Concertación hará el trabajo sucio de convencer al Minvu que ese grupo invierte cuantiosos recursos económicos en Chile y que no hay que molestarlo con este tipo de minucias administrativas.
Por último, en esta ocasión informaremos sobre la sub-clasificación de la calidad de la construcción que tienen los edificios, trampilla aceptada por algunos Directores de Obras para que así los titulares de los proyectos inmobiliarios paguen a los municipios sumas bastante menores a las que les corresponden de acuerdo a la tabla vigente elaborada por el Minvu. Hay un dictamen de la Contraloría General de la República mediante el cual se estableció que la sub-clasificación de marras, llamada B-3, utilizada recurrentemente, corresponde a las viviendas sociales y a los estacionamientos subterráneos de los edificios.
Por cada «error» cometido, las arcas municipales dejan de recibir en promedio unos 60 millones de pesos, teniéndose en cuenta que los más grandes perjudicados son los municipios chicos y más pobres del país porque éstos reciben muy disminuidos los recursos financieros de la distribución del Fondo Común Municipal.
A modo de ejemplo, por cada 100 edificios de oficinas y/o habitacionales de unos 25.000 m2 construidos, cada municipalidad en donde hay boom inmobiliario de lujo, deja de percibir unos 6 mil millones de pesos, es decir, unos 11 millones de los ansiados dólares norteamericanos, moneda que tanto deslumbra a quienes usufructúan del sistema imperante.
Y aunque el lector no lo crea, estas situaciones demostrativas de la descomposición que estamos viviendo, se van a mantener en el tiempo porque la tónica del Gobierno es favorecer a este sector de la economía, con el cual tiene muy fluidas relaciones sociales.
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Patricio Herman. Agrupación «Defendamos la Ciudad»
