La situación de abastecimiento de electricidad para el desarrollo futuro del país, sin duda que merece una atención distinta a lo que se ha hecho en el último tiempo, en especial respecto del horizonte del análisis que debe extenderse a, por lo menos, 20 años plazo, junto con diversificarse lo más ampliamente posible en fuentes de energía y en suministradores para la seguridad en el abastecimiento eléctrico.
La experiencia ocurrida en los últimos años respecto de la participación de las unidades de ciclo combinado con gas natural argentino puso de manifiesto la crítica volatilidad de la seguridad de nuestro sistema o mercado eléctrico, al hacerse dependiente de un combustible-suministrador únicos.
Enfrentar el futuro plantea que deberían incorporarse otros elementos y formulaciones para resolver o acercarse con menos incertidumbres a la solución de contar con suficiente grado de seguridad en el suministro eléctrico, pues los ciclos de inversión en energía tienen plazos o ciclos largos. Cualquiera sea la opción energética con que se proyecte, hay que tomar en cuenta los factores de abastecimiento de combustible y los efectos ambientales.
Por esto, es camino forzado que todas las fuentes energéticas sean estudiadas, sin excepción, comparativamente en sus méritos y limitaciones, a través de un análisis amplio de la situación de demanda y suministro energético futuro en distintos escenarios para Chile.
Sin realizar estos análisis, no será posible decidir con fundamentos técnicos, económicos, ambientales, qué fuentes o recursos de energía son los más apropiados, su grado de participación, el tiempo de permanencia, sus costos, etc., y, por lo tanto, el esfuerzo que el país deberá realizar para factibilizar e impulsar aquello que resulte necesario.
La presencia o descarte de las opciones energéticas en la matriz eléctrica dependerá no sólo de los costos de generación que ofrezcan, pagables por el consumidor, sino también en forma importante de otras variables, como los tamaños de las centrales o unidades de generación, de la disponibilidad o de los respectivos factores de capacidad de planta, de la eficiencia de la tecnología de generación, de la seguridad en el suministro de combustible, del impacto ambiental, de la percepción y opinión pública y, muy importante, de la estabilidad del sistema eléctrico.
Lógicamente son relevantes tanto la estructura financiera, en cuanto inversión privada, en que los costos de inversión, tasas de interés, plazos de construcción, de autorizaciones por regulación ambiental u otra, como los precios de la energía resultantes.
Si el crecimiento de Chile demanda electricidad a un ritmo pronosticado a mediano plazo (10 años) del 6,5% anual, implica que si éste se mantuviese por más tiempo, el año 2023 se podría requerir en el SIC una capacidad instalada del orden de 24mil MW. Es decir, se necesitaría incorporar 16 mil MW adicionales en los siguientes 17 años que, en promedio, equivale a instalar más de 900 MW anuales. Esto, como se aprecia, es mucha inversión.
Existen, además, otros elementos que forman parte del análisis, como por ejemplo la posible interconexión del SING y el SIC, cuya evaluación no sólo es de costos de inversión, sino de cómo se optimiza la estabilidad del sistema integrado, por la diferenciación de los ciclos de demanda estacional de ambos sistemas, entre otros factores. Un segundo elemento a considerar se refiere a los requerimientos de redes de transmisión para estos crecientes montos de energía, en que las leyes cortas I y II han previsto espacios interesantes para la inversión privada.
La estabilidad del sistema pasará, muy probablemente, por centrales de base cada vez de mayor tamaño, es decir, unidades por encima de 400 MW de potencia eléctrica. Los proyectos más grandes hasta ahora mencionados se refieren al complejo hidroeléctrico de Aysén, de 2400 MWe, cuya fecha de puesta en servicio se proyecta para el año 2014.
Las centrales a carbón también son parte de la solución, en que las nuevas tecnologías que tiendan a reducir los efectos por la inevitable emisión de CO2 por la combustión del carbón, se están haciendo obligadas en todo el mundo, lo que no elude a Chile.
Con todo, las ERNC tienen un amplio espacio dependiendo de los tamaños comerciales con que se podrá contar en que, por ejemplo, en el caso turbinas eólicas y geotermia, su disponibilidad pasa por la caracterización en el país de los perfiles locales eólicos reales (a la altura de las turbinas) y de las fuentes geotermales explotables para modelar, determinar su posible aporte al sistema en forma eficiente, estable y competitiva.
Puesto que la energía nuclear es una fuente energética probada y disponible en el mercado mundial, resulta ineludible referirse a ella, más aún dada la cercanía profesional tenida por mucho tiempo con el tema.
De partida, se debe apreciar un resurgimiento de la energía nuclear de potencia en países de casi todo el mundo, Asia, Norteamérica, Europa y en América Latina, siendo las razones de este fenómeno muy conocidas y válidas para nuestra realidad también: seguridad en el suministro de energía, preocupación medio ambiental vía reducción en emisión gases con efecto invernadero, particularmente CO2, y el alto encarecimiento de los combustibles de petróleo (volatilidad de sus precios). Existen muchas fuentes de información que detallan esto, y no nos extenderemos en ello en esta ocasión.
El análisis de la opción nuclear posee implicancias políticas que hacen necesario el involucramiento institucionalizado del Estado, ya sea por aspectos que se derivan de instrumentos jurídicos, normativos y recomendaciones de alcance internacional, tales como tratados, convenciones y acuerdos multilaterales, y en especial, por las normas de seguridad nuclear y radiológica del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Esta es la organización de Naciones Unidas depositaria del mandato de los estados miembros para la promoción, asistencia técnica, vigilancia y seguridad en el uso pacífico de la energía nuclear en el mundo.
Recordemos que Chile es Estado Miembro desde 1960; justamente, nuestro país ha vuelto a asumir como Gobernador del dicho Organismo por dos años, a contar de la última Conferencia General del OIEA realizada en Septiembre recién pasado.
Se pueden señalar, entre otros instrumentos, las convenciones de Seguridad Nuclear, de Seguridad en la gestión del combustible gastado, de Seguridad en la gestión de los desechos radiactivos, de Aviso pronto en caso de emergencia radiológica, de Asistencia en caso de emergencia, de Protección física de los materiales e instalaciones nucleares, o el Protocolo Adicional de salvaguardias con el OIEA para verificación y control de los materiales nucleares, en materias de no- proliferación, etc., las que Chile ha firmado y ratificado casi todas.
Así es como se establecen conceptos como la «no proliferación» de los materiales nucleares, que consisten en reducir la posibilidad aumentar la cantidad de países con posibilidades de producir uranio enriquecido y de reprocesar combustible gastado de las centrales nucleares. Para ello, se están poniendo en práctica diversas iniciativas internacionales que junto a esto, no ponen en riesgo el abastecimiento de combustible para las centrales nucleares futuras.
De allí que sean los gobiernos los llamados a intervenir en asegurar el cumplimiento de tales instrumentos, para lo cual deben contar con las capacidades políticas e institucionales adecuadas.
La forma de enfrentar el análisis de la opción núcleo-eléctrica que la experiencia internacional recomienda parte por estudiar y establecer el posible aporte que esta fuente podría significar en la matriz energética del país, tal como se mencionaba más arriba.
Junto a esto, debe establecerse y ponderar las implicancias de esfuerzo para el Estado para la eventual adopción de la núcleo-electricidad. Es importante también resaltar el impacto positivo que estas tecnologías provocan al desarrollo científico del país. Como ejemplo de esto, puede verse lo realizado por Argentina o Corea del Sur, en que la energía nuclear de potencia no sólo contribuye a diversificar el mix energético eléctrico, sino a apalancar el desarrollo científico y tecnológico, necesariamente.
Cabe agregar también la siempre importante posibilidad de contar con uranio, cuya presencia en Chile no puede descartarse, ya que las evaluaciones parciales hasta ahora realizadas no son conclusivas a este respecto.
Para estos estudios, el OIEA recomienda la conformación de instancia de Gobierno de alto nivel político para acometer el análisis que pueda convocar a los distintos actores de interés, así como para recurrir a aquél para el apoyo necesario, tal como muchos otros países en situaciones similares lo hacen.
De una u otra manera, también habrá que acudir a consultorías nacionales e internacionales de las cuales existen muy competentes en el mercado mundial. Lo importante es que se deben definir con precisión el alcance y contenido de los términos de referencia para dichos estudios. El Estado de Chile posee una institución encargada por ley de atender todos estos problemas, cual es la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN que, en forma coordinada con otros estamentos del Estado, debería estar llamada a conducir su parte en este proceso, adaptando su estructura y capacidades en la dirección correspondiente.
El resultado de esta fase debería ser la respuesta a preguntas claves como: si la núcleo- electricidad tiene cabida en la matriz energética, cuál podría ser el tamaño de un potencial parque nuclear, los escenarios de costos de generación, la secuencia y plazos más probables de entrada de centrales, también sobre los requerimientos mínimos de infraestructura del estado, la necesidad y mecanismos de formación de cuadros profesionales, la caracterización de los escenarios posibles internacionales y consideraciones respecto de las tecnologías de combustible y de reactores disponibles, junto con la posible estrategia para la gestión de los residuos radiactivos, y la definición de las reglas del juego necesarias para la inversión privada.
Si resulta ventajoso, conveniente y políticamente asumido por el Estado, a continuación provendría la estructuración y planificación de un programa nuclear a largo plazo, con el marco apropiado para que el sector privado realice sus propios análisis de factibilidad de inversiones y de tecnologías compatibles para la implantación correspondiente de la generación nuclear y de la infraestructura requerida.
Junto con esto, el Estado se debería dotar de la estructura mínima regulatoria en seguridad nuclear del Estado (legal, técnica e institucional) para la autorización o licenciamiento del emplazamiento y construcción, etapa esta última cuya duración se podría estimar no inferior a 6 años para una primera unidad generadora nuclear. Esta secuencia básica explica que una primera central nuclear recién podría estar conectada a la red en un plazo no menor a 10 años. Esto es, cuando el sistema eléctrico chileno requiera una capacidad instalada por encima de los 19 mil MW.
Lo expuesto, demuestra como decíamos al principio, la necesidad de enfoques a largo plazo para enfrentar el futuro energético en el país. Esto, sin afectar las medidas a corto plazo que, a su vez, permiten realizar los necesarios ajustes en las visiones futuras, en que, sin duda, las demandas de electricidad del país hacen a todas las opciones necesarias.
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Gonzalo Torres Oviedo. Ingeniero Civil Mecánico, Ingeniero Nuclear y Master en Gerencia Pública.
