Por sobre las deficiencias de información, cobertura de servicio y problemas de cobro, el Plan Transantiago constituye y permite -gradualmente- un significativo desarrollo cívico e integración de la ciudad y una esencial contribución al bienestar de todos sus habitantes.
La certidumbre, mejor calidad y seguridad de los viajes, en una ciudad menos contaminada y más rápida, será la ganancia neta en los próximos meses, una vez que, en plena madurez del sistema, se hayan corregido los problemas que se han ido presentando.
Para valorar el esfuerzo que se está realizando, es necesario destacar dos circunstancias notables: la voluntad de Gobierno y la meta social propuesta. En efecto, resalta la valentía, franqueza y flexibilidad con la que la actual administración está implementando el cambio, no obstante la mal calibrada ingeniería de detalle del proyecto original, heredado del gobierno de Ricardo Lagos.
El diseño del Plan Transantiago, por la anterior administración, tuvo un exceso de tecnocracia y una enorme falta de uso del capital social, pese a que en lo esencial constituye un cambio cultural. La falla estratégica de participación ciudadana recién empieza a revertirse hoy, cuando se buscan soluciones a la cobertura en determinados barrios, o se decanta la cultura cívica de concebir y ordenar los viajes en la ciudad de acuerdo al nuevo sistema.
En cuanto a la meta social, se trata de una inversión significativa en transporte público urbano, que compensa -a lo menos parcialmente- aquella otra hecha en carreteras concesionadas, destinada básicamente a automovilistas que pueden pagar el costo de los peajes, y que ha ido limitando de manera importante el patrimonio vial disponible para todos los ciudadanos.
La transformación de la ciudad, merced a vías rápidas tarifadas de los últimos años, si bien también ha tenido aspectos positivos, ahondó las diferencias sociales y la fragmentación espacial de la ciudad, al poner a disposición de los sectores más pudientes un confort de viajes muy superior al de la mayoría de los ciudadanos, quienes usan el transporte público para sus desplazamientos. Esto, unido al evidente deterioro del transporte público -a excepción del Metro- y los sucesivos aplazamientos del Transantiago en años anteriores, pusieron una nota de menoscabo para la población de a pie, haciendo insostenible el sistema de mercado salvaje de los buses amarillos.
Tratándose de un cambio tan masivo, no cabe duda que el sistema se verá forzado al máximo en los próximos días, sobre todo para asegurar la regularidad y cobertura de las líneas de servicio. Tampoco deben descartarse dificultades provenientes de las secuelas profundas del sistema de buses amarillos, paradigma de degradación de espacios públicos y de poder mafioso en la vida de la ciudad (y que inexplicablemente sobrevive parcialmente en el Plan Transantiago).
Es de esperar que la autoridad no pierda el rumbo ni la firmeza de objetivos frente a los inevitables problemas y las presiones corporativas. El Plan Transantiago es la reforma cívica más audaz intentada en democracia, y su implantación sólo puede traer beneficios para toda la población, a condición de que se mantenga la calidad de la regulación frente a los operadores privados.
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