El año político que se inicia tiene en su agenda tres problemas y una deuda histórica como hitos relevantes para la gestión del gobierno. Los problemas son la estrechez del sistema electoral, la carencia de una política energética clara y el aumento de la violencia social individual. La deuda histórica es el creciente gasto en armamentos y seguridad, con un sistema de compras obsoleto, desintegrado y carente de racionalidad y transparencia.
El sistema electoral es el principal causante de la fronda política tanto al interior de la Concertación como en la oposición. Evidentemente, sus efectos son más perniciosos para la coalición de gobierno, pues disuelve parte importante de su capital político en ácidas disputas internas, especialmente al interior de sus partidos, e impide la implantación de un sistema de relaciones que ordene, entre otras cosas, la agenda legislativa. El año 2007 llevará a los diferentes grupos a disputar los cupos electorales de las municipales, y a tomar posición y fuerza para las parlamentarias y la presidencial.
No obstante, más allá de estas querellas y de la ineptitud o prescindencia de La Moneda para impulsar una reforma electoral, ésta puede llegar a producirse de manera casi espontánea, impulsada por el interés conservador de la actual elite de no tocar los trazados electorales que les permiten la representación que ostentan. Es probable que, antes de la próxima elección parlamentaria, aflore una reforma de última hora, a través del expediente de aumentar los cupos senatoriales a 50 y los de diputados a 150, creando una circunscripción única nacional de doce escaños, y una lista de rezago de treinta cupos de diputados para grandes minorías no electas en los distritos actuales. Es decir, un sistema binominal ampliado, donde nadie toca la ingeniería actual y todos ganan algo, por el momento.
Por su parte, el tema energético viene haciéndose cada vez más complejo y predomina la sensación de que sectorialmente está a la deriva. No se trata sólo de la discusión acerca del abastecimiento de gas desde Argentina, cuyo reemplazo aún no está claro, sino que se ha introducido, de manera un tanto ambigua y con paternidad difusa, el tema de la energía nuclear, poniendo una nota de incertidumbre sobre otros sectores productivos, especialmente el agroalimentario. Las alternativas nucleares en un país de alta precariedad sísmica como el nuestro deben ser analizadas no sólo en relación al impacto energético, sino también al riesgo país. En este caso, un accidente nuclear podría terminar con sus pretensiones de transformarse en potencia agroalimentaria, o sustentar la venta de ciertos recursos naturales en sus actuales mercados. Solamente en condiciones muy excepcionales ambas estrategias, la nuclear y la agroalimentaria, pueden ser compatibles.
El tercer problema es el aumento de los contenidos de violencia, tanto en la comisión de determinados delitos como en situaciones de simple convivencia social. Los esfuerzos en materia de prevención no han dado los resultados esperados y el gobierno se ha ido volcando paulatinamente sólo a mejoras policiales y a una mayor rigurosidad penal. Pero es evidente que existe una amplia situación de violencia en muchos barrios, relacionada con una fractura social de marginalidad y falta de cohesión social, lo que no es un tema estrictamente policial. Los ajustes en materia penal juvenil, la mayor eficiencia de carabineros o la reforma de los tribunales de familia, ayudan a una mayor diversidad de instrumentos para prevenir muchos problemas de violencia, pero no bastan. El tema es más de fondo y toca a la médula de la construcción cultural en las escuelas, a la convivencia y a la distribución del bienestar en el sentido más amplio. Lo que se percibe es una situación de irascibilidad social generadora de conductas violentas.
Por último, lo referente a la deuda histórica. ¿Hasta cuándo se siguen comprando sistemas de armas y de seguridad sin que se garantice transparencia y racionalidad entre lo que se adquiere y lo que se necesita? Como ejemplo reciente está la adquisición por parte de Carabineros de Chile de un avión jet para tareas de patrullaje fronterizo, cuya adecuación técnica para dichos objetivos es bastante dudosa, pues es una nave veloz de pasajeros, poco apta para vigilancia territorial. Pero aquí también el tema es más de fondo. La modernización del Estado impulsada por la Concertación no ha generado un ministerio sectorial que aplique en estas materias las reglas de la buena administración utilizadas en el resto del sector público.
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