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Censura previa y presiones indebidas


La postergación de la serie «Epopeya: La Guerra del Pacífico» de Televisión Nacional, por expresa petición del canciller Alejandro Foxley, abre nuevamente el debate en torno a la independencia del canal estatal y la efectividad de la libertad de expresión e información en nuestro país. Por más que el presidente del directorio, Francisco Vidal, se esmere en explicar que actuó con autonomía frente al llamado de Foxley quedan las dudas acerca de las reales influencias que se ejercen desde el gobierno hacia la estación televisiva.



TVN es un canal público, cuyo directorio está conformado por representantes de todas las tendencias expresadas en el Congreso. Es decir, es un pequeño Parlamento, donde la Concertación tiene escasa mayoría y la oposición goza de una posición privilegiada. Es un ámbito también de la disputa política por el poderío que significa la influencia de la televisión en los hogares chilenos. Por eso, la censura de sus contenidos, o el aplazamiento de sus emisiones como quieran llamarlo, es un tema de relevancia, que pone a prueba la independencia de los medios de comunicación y el respeto de la libertad de expresión y el derecho a la información que tienen los ciudadanos.



La nueva Ley de Prensa aprobada en 2001 eliminó la figura de la censura previa, práctica muy habitual durante la dictadura para silenciar a los medios opositores. Sin embargo, la no emisión de «Epopeya» constituye abiertamente un acto de censura por parte del Ejecutivo. Cuando los regímenes totalitarios utilizan los medios de comunicación con fines políticos se habla abiertamente de manipulación y propaganda, pero cuando lo hacen gobiernos democráticos parece que el calificativo se aliviana, siendo que constituye una falta gravísima porque se espera de ellos un comportamiento más transparente y tolerante.



Argumentar que los llamados telefónicos a TVN son para no deteriorar las relaciones con los países vecinos agrava aún más los hechos. Los medios de comunicación no son instrumentos políticos de los gobiernos de turno y no deben constituir tampoco herramientas con fines distintos a los de informar libre y verazmente. La producción de «Epopeya» costó 75 millones de pesos del Consejo Nacional de Televisión y contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Perú y Chile. No se entiende entonces porqué razón el ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país impide la emisión de la serie.



Foxley reconoció los contactos con Francisco Vidal, quien presuroso acudió al llamado del canciller y convocó una reunión de directorio urgentemente. En ese encuentro y en fallo dividido -Lucía Santa Cruz (RN) y José Zalaquett (PPD) se negaron a la postergación- se decidió aplazar el debut de «Epopeya»y dejar la situación pendiente hasta diciembre de 2007, lo que supone que probablemente la serie no se vea durante este año en las pantallas chilenas. A raíz de esto, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Roberto Muñoz Barra declaró que «desgraciadamente se ha rozado la libertad de información en un sistema democrático. Eso es sumamente delicado».



No obstante, durante estos 17 años de gobiernos de la Concertación la libertad de expresión y el derecho a la información se han visto varias veces menoscabados. A la desaparición de muchos medios independientes y a la creciente concentración en la propiedad de los medios de comunicación, se suma el nulo interés del Estado por fortalecer el pluralismo informativo y garantizar así la libre circulación de las ideas en el país.



Por eso, no sorprende que el canciller Foxley reconozca abiertamente sus llamados, pero no reciba sanción o reprimenda alguna por parte del Ejecutivo. Muchos de los actuales y pasados funcionarios de gobierno han incurrido en prácticas similares para torpedear publicaciones, negar recursos publicitarios estatales o para intervenir en los contenidos de los medios.



Sin duda, las presiones de este tipo constituyen un grave obstáculo al ejercicio de la libertad de expresión y en muchos casos se transforman abiertamente en una censura, tal como lo demuestra la decisión de suspender «Epopeya» y eliminar además el primer minuto y medio de la serie, porque mostraba imágenes incómodas para el gobierno.



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Cristian Cabalin. Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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