Organizaciones ciudadanas de todo el mundo se manifiestan hoy por el Día de Acción Internacional Contra las Represas, ocasión que obliga a la memoria cuando en nuestro país el debate energético sufre intentos por desenfocar los esfuerzos en pos de la seguridad del suministro eléctrico. Lobbistas interesados en financiamiento para la próxima campaña electoral y grupos corporativos afanados en el lucro inmediato son obstáculo para los 3 imperativos de la actual política de seguridad energética. A saber, la diversificación de la matriz en base a GNL, la promoción de las Energías Renovables No Convencionales y el control de la demanda eléctrica mediante uso eficiente y racional de la energía.
Nos convoca este Día para repasar los perjuicios de las centrales hidroeléctricas, pero como en el caso de Aysén no existe un proyecto formal, lo correcto es hablar de la «idea» de construir mega-represas. La aclaración es necesaria, porque en el trasfondo de crisis de suministro eléctrico, esta idea ha sido presentada por algunos como lo inevitable y como signo de prosperidad y progreso. Nada se habla del lucro, del lobby o del proceso de corrupción patrocinado por funcionarios que oscilan entre el «servicio público» y cargos ejecutivos en las empresas interesadas, o viceversa.
Nada se dice sobre el impacto ambiental que vuelve sucia y no renovable a las represas y que además contribuyen al cambio climático a través de la emisión de grandes volúmenes de dióxido de carbono y gas metano, 2 de los principales gases de efecto invernadero.
Los cambios que causa una represa en el régimen hidrológico hacen desaparecer especies de fauna acuática -que se ven imposibilitadas de sortear la barrera-, lo que impacta sobre especies vinculadas a la misma cadena alimentaria, que también desaparecen o se ven reducidas drásticamente. También impactan otras áreas boscosas a causa de la migración forzada a que son sometidas las poblaciones afectadas, que usualmente son «reasentadas» en otras áreas boscosas o derechamente despojadas de su trasfondo cultural.
Así les sucedió a más de 600 pehuenches con la llegada de Ralco. También sucedió con Pangue, que recibió un préstamo de US$ 150 millones de parte del Banco Mundial (BM). El dato es clave porque esta misma entidad financiera, que por décadas patrocinó centrales hidroeléctricas, en 2004 reconoció las consecuencias negativas que acarrean esas obras: sobreprecios, degradación del medio ambiente y desplazamiento de comunidades que nunca recuperan su estándar de vida.
La Comisión Mundial de Represas -propiciada por el BM-, en su informe «Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones», determinó que existen unas 45 mil represas (tres cuartas partes en países subdesarrollados) que «fragmentaron y transformaron» la mitad de los ríos del mundo; desplazaron a 80 millones de personas; desbordaron en zonas urbanas -como sucedió el invierno pasado en Hualqui, Chiguayante y Concepción, con personas muertas o heridas-; degradaron el ambiente mediante la extinción de especies; significaron violación de Derechos Humanos -como ha sucedido a partir de la Ley Indígena-; produjeron endeudamientos, etcétera.
Si el Banco Mundial fue por años el único y mayor patrocinador de esta industria, hoy intenta salvar las críticas y subsidia menos de la mitad de las represas que en el momento de mayor auge. La cuestión de fondo es el imperativo de reemplazarlas por opciones menos traumáticas, como las centrales de pasada, que toman agua de los causes, la utilizan para activar turbinas, pero luego la devuelven a los ríos, sin necesidad de inundar.
De eso se tratan las 4 centrales de pasada en construcción en el Río Tingiririca, para generar 500 megawatt y también el proyecto de la cuenca del Río Maipo, de similar potencia. Esta alternativa multiplica la generación, puesto que pueden hacerse varios túneles con turbinas en una cuenca, y permitir su convivencia con otras actividades económicas, como agricultura, turismo, además de la protección de la biodiversidad y los poblados, ante la posibilidad de golpes de inundaciones y agua.
El caso es que no podemos darnos el lujo de confundirnos, porque es imperativo que el gobierno y las empresas interesadas incluyan los criterios de sustentabilidad y opten por proyectos más pequeños y escalonados. En definitiva, humana y ambientalmente amigables.
___________
Sara Larraín. Directora del Programa Chile Sustentable
