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Democracia y pueblos indígenas


Según el informe «Panorama Social de América Latina 2006» de la Cepal, esta es una región pluriétnica y pluricultural, donde existen 671 pueblos indígenas reconocidos por los Estados, con una diversidad de realidades territoriales y demográficas y diferentes estatus sociopolíticos.



La irrupción de los pueblos indígenas como actores sociales y políticos es uno de los fenómenos más sobresalientes de los últimos veinte años en América Latina y en el mundo y, sin duda, tendrá impactos de larga duración en las democracias de la región. Sin embargo, hoy, el común denominador es su discriminación, expresada en marginalidad, exclusión y pobreza.



Se estima que los pueblos originarios de la región superan los 30 millones de personas. Perú, México, Bolivia y Guatemala son los países que tienen más población nativa, muy por sobre Nicaragua, Honduras, Argentina, El Salvador, Panamá, Paraguay, Costa Rica y Uruguay y Chile donde el último censo estimó en casi 700 mil los indígenas.



Estas poblaciones son en su mayoría rurales, aunque existen pueblos en aislamiento voluntario y asentamientos urbanos. El informe presenta un panorama socio-demográfico con un análisis inédito que considera las inequidades como violación de derechos humanos individuales y colectivos de los indígenas, como los de no-discriminación; integridad cultural; propiedad, uso y control de las tierras y recursos; desarrollo y bienestar social y participación política.



El texto constata que los pueblos originarios son poblaciones con estructuras por edades más «jóvenes» que los promedios nacionales, con mayores niveles de fecundidad y tasas más elevadas de mortalidad en la infancia y en la niñez, lo que hace necesario que las políticas públicas se diseñen a partir de sus especificidades demográficas, culturales y territoriales.



Por esto, a nivel internacional se ha llegado a un estándar de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, generando nuevas obligaciones para los Estados como reconocer, promover y garantizar estos derechos y diseñar sus políticas atendiendo a ello y estableciendo mecanismos de evaluación que determinen su cumplimiento.



El estudio también muestra el vínculo indisoluble de estos pueblos con el territorio, ya que sus asentamientos se encuentran principalmente en tierras ancestrales. Sin embargo, la pobreza, la invasión de colonos y las presiones de empresas nacionales e internacionales sobre sus tierras, los lleva a migrar fuera de ellas, incluso traspasando fronteras.



Por eso, el desafío en la construcción de democracias pluriculturales consiste no sólo en la eliminación de las inequidades, sino también en reconocer el aporte de identidad, cosmovisiones, raíces y humanidad de los pueblos indígenas de la región.



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Alejandro Navarro Brain, senador

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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