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América Latina está entrando a una segunda transición (II)


En el contexto de luces y sombras, en América Latina se realizaron 12 elecciones presidenciales desde noviembre del 2005 hasta fines del 2006, de las cuales se desprende varios efectos y lecturas. Una primera constatación se relaciona al hecho de que, a pesar que estos procesos estuvieron marcados por un profundo desencanto (falta de credibilidad) con el sistema político e insatisfacción con el desempeño de la democracia para crear un bienestar más colectivo, los latinoamericanos reafirmaron la vía democrática y optaron por la movilización electoral en la creencia de que el voto puede cambiar la política hacia esquemas más inclusivos. Esto reafirma lo expresado por el Latinobarómetro 2006, en cuanto a que el 74% de los latinoamericanos considera la democracia el mejor sistema de gobierno.



Este fuerte anclaje democrático, en segundo lugar, permitió el desarrollo de comicios calificados por los propios participantes y las distintas misiones de observadores extranjeros (OEA, Comunidad Europea, Centro Carter, etc) como impecables (a excepción del controvertido caso mexicano) y como una certificación de la madurez democrática alcanzada en la región.



Una tercera constatación se alinea con el afianzamiento de las fuerzas progresistas en la región, con el triunfo de nueve candidatos presidenciales de izquierda (las excepciones la constituyeron los derechistas Miguel Zelaya en Honduras, Alvaro Uribe en Colombia y Felipe Calderón en México), los que, con sus particularidades y estilos, abrigaron la vía democrática y las banderas del cambio en procura de generar una mayor igualdad y poner fin a las tremendas discriminaciones que se dan en el subcontinente.



El hecho de que los nuevos líderes progresistas compartan diagnósticos, vías y objetivos, mediado sólo por las particularidades y los estadios de desarrollo de sus países, en cuarto lugar, tiende a refutar una cierta mirada ideológica de algunos analistas (ejemplo, Jorge Castañeda en su columna «La Batalla por América Latina» del diario El País del 6/3/2007), quienes los han tratado de dividir en un bando democrático (la centro izquierda con Lula Da Silva en Brasil, Michelle Bachelet en Chile, Oscar Arias en Costa Rica, René Préval en Haiti y Alán García en Perú) y otro no tanto (la izquierda más dura con Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador y Daniel Ortega en Nicaragua). El Canciller brasileño, Celso Amorim, respondiendo a esto, dijo que los proyectos regionales «no son antagónicos. Lo que yo veo son matices para la reforma social dentro de caminos y formas democráticas» (Folha de Sao Paulo del 17/1/2007). En esta misma lógica, Fausto Bertinotti, presidente de la Cámara de Diputados de Italia, durante su reciente visita a Chile expresó que «después de las dictaduras y de un ciclo negro en la historia de latinoamericana, hoy veo un renacimiento fundado sobre la acelerada sintonía entre los líderes y el pueblo. Desde Lula, a Kirchner, a Bachelet, a Chávez, a Correa, a Morales, a García. Todos diversos, pero tienen en común la construcción (en democracia y con el pueblo) de una experiencia enfocada a la pobreza. Esto me parece extraordinario para Europa y el mundo» (Diario Financiero del 31/1/2007).



Un quinto aspecto a resaltar en este devenir es que las que banderas que eran propias de la izquierda de los sesentas como la igualdad y la inclusión, hoy están siendo asumidas tanto por las opciones de izquierda como por las de centro según la interpretación del Latinobarómetro 2006. Precisamente y mirando este fenómeno desde otra óptica (ej. la teoría de la justicia de John Rawls), el reelecto Presidente de Costa Rica, Oscar Arias, calificó los resultados como «un giro hacia la moderación frente a los excesos de las políticas neoliberales que fracasaron en la generación de prosperidad para las mayorías».



Una sexta conclusión de esta elecciones, se refiere a que la proactividad más ciudadana e interpelativa de los latinoamericanos ha marcado un declive de los partidos y liderazgos tradicionales, ya sea producto de su incapacidad para resolver los problemas de la pobreza y las desigualdades y/o simplemente por las trenzas que terminaron haciendo sus dirigentes con el capital a partir de la aceptación sin discusión de las prescripciones del Consenso de Washington (cooptación ideológica que a veces fue acompañada del dinero). El resultado concreto de esto fue la erupción de nuevos liderazgos al interior o fuera de los partidos y el fortalecimiento de movimientos sociales que comenzaron con éxito a disputarle los espacios de representación a las estructuras tradicionales y seudo oligarquizadas, incluyendo algunas de la izquierda histórica. Si bien hay casos como el del APRA peruano que volvió al poder de la mano de Alan García, el electorado le dio su confianza en una segunda vuelta a partir de promesas de un cambio hacia una mayor justicia e igualdad social y frente a una disyuntiva que se presentaba como polarizadora como la de Ollanta Humala.



La recomposición del escenario político regional con presidentes progresistas y el surgimiento de nuevos liderazgos apoyado y condicionados por importantes mayorías, en séptimo lugar, está operacionalizando lo que Daniel Zovatto, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, ha llamado una «segunda transición», al estar pasando la región de una democracia representativa a una más redistributiva e incluyente, en definitiva a una de más profundidad y calidad de la cual habla Manuel Castells. Aquí, entre otros, por ejemplo, se ha empezado a revalorizar el valor de Estado como representante del colectivo, de los intereses país y como corrector de las desigualdades; se prepondera la condición nacional y estratégica de los recursos naturales en miras a un desarrollo de país más estratégico (tal como lo hizo Chile con la chilenización y la nacionalización del cobre y la creación de Codelco en 1971); se avala la necesidad de reformas fiscales para acortar las brechas de oportunidades entre ricos y pobres; se tiene una mirada menos complaciente con el actual proceso de globalización; entre otros. La Presidenta Bachelet graficó bien esta nueva discusión, al decir que «…tenemos la convicción de que un Estado de derecho que no garantiza derechos sociales termina siendo un Estado de derecha».



En el marco de la búsqueda de un nuevo paradigma regional (reequilibrio entre el Estado y el mercado) que responda eficientemente a los dilemas de la igualdad e inclusión, en octavo lugar, no nos debe extrañar que empecemos a notar una mayor intervención y/o supervisión estatal en temas vitales para las sociedades. En esta línea, por ejemplo, se encaminan las decisiones de que los presidentes Chávez y Morales de revisar la propiedad y/o frutos de ciertos recursos estratégicos; de que el ministro de Planificación de Argentina, Julio De Vido, haya anunciado una fuerte intervención estatal en el mercado energético; de que el Presidente Ortega haya anunciado salud y educación gratuita entre sus primeras medidas; de que el Presidente Lula haya tenido como slogan de campaña crear «un Brasil decente» con una fuerte inversión social; o que la Presidenta Bachelet haya puesto como una de las prioridades de su gobierno la creación un Sistema de Protección Social.



Al verificarse la incapacidad de las políticas sociales y el desempeño del mercado, por sí solos o en conjunto, como herramienta de distribución eficiente, un tema no menor de esta nueva discusión será, sin duda, la reforma fiscal. Dante Caputo ha dicho que «hay cuestiones que no debatimos suficientemente. Tenemos que romper tabúes, y la fiscalidad es uno de ellos». En Latinoamérica la carga tributaria oscila entre el 8% y el 24% (con la excepción de Brasil que alcanza el 34%) mientras que en Europa esta llega entre el 35 y 45%.



Este deseo mayoritario de los latinoamericanos por cambiar el rumbo e iniciar reformas estructurales, en novenos lugar, también ha tenido el efecto de fortalecer el diálogo regional a partir de miradas más consensuadas, de demandas sociales similares, de una agenda compartida más allá de los desafíos puntuales, y de los crecientes condicionamientos internacionales en la satisfacción de la necesidades de los países. Esto está redundando positivamente, como lo expresó la Presidenta Bachelet, en una «nueva sinergia de los procesos de concertación e integración regional» tal como se verificó en el reciente relanzamiento del Grupo de Río a principios de este mes en Guyana. El Canciller Amorim destacó que si bien esta instancia es poco operativa y necesita encontrar «su verdadera vocación…tiene un valor especial» por ser el único lugar de encuentro exclusivo de los países latinoamericanos con potencial de organización del subcontinente (La Nación 2/3/2007).



Esta voluntad también se ha apreciado en el último tiempo en una serie de iniciativas bilaterales donde lo meramente económico se ha empezado a combinar con componentes solidarios. Aquí, por ejemplo, destacan las iniciativas del Presidente Chávez del Banco del Sur y el Gasoducto del Sur, entre otras; el paquete de regalías asimétricas que ofreció el Presidente Lula a sus socios menores en la última reunión de presidentes del Mercosur, el visto bueno del gobierno brasileño a pagar más por el gas boliviano y la visita del Presidente Lula a Uruguay para calamar las críticas de Tavaré Vázquez al Mercosur con la firma de varios convenios; el reingreso de Chile a la Comunidad Andina, la cooperación ofrecida a Bolivia y Ecuador para enfrentar desafíos puntuale, la negociaciones de un TLC que espera concretar el Presidente Tabaré Vázquez en su proyectado viaje a Chile; el viaje del Presidente Kirchner a Venezuela donde firmó 17 acuerdos comerciales, financieros, de cooperación y asistencia mutua (compra de petróleo a bajo precio por parte de Argentina, venta de bonos argentinos y de carne de vacuno y pollo a Venezuela, etc) y la devolución de la visita por parte del Presidente Chávez en el contexto de la gira del Presidente Bush por 5 países de la región.



La necesidad de iniciar cambios que ayuden a universalizar los frutos del desarrollo mediante el fortalecimiento de las políticas públicas y distributivas, sin embargo, no sólo es un tema de América Latina. El semanario «The Economist» en su edición del 18/1/2007, por ejemplo, advierte que la desigualdad y los bajos salarios son una «combinación tóxica» que «amenazan la globalización» y agrega que la contribución de los salarios al PIB en el mundo rico ha caído a niveles inéditos al tiempo que los beneficios del capital llegan a cotas nunca alcanzada antes. Una constatación similar hace Vicenc Navarro, en su columna «La crisis de la Europa social» (El País del 24/1/2007), donde, citando al Eurobarómetro, señala que existe un rechazo creciente hacia las instituciones de la Unión Europea, la que se hizo patente en el voto negativo hacia la Constitución Europea. Navarro explica este rechazo a partir de las prescripciones que salen del «Consenso de Bruselas» y de la Comisión Europea (reducción del gasto público, de la protección social y de los impuestos, desregulación de los mercados laborales y mantenimiento de alta tasas de interés del Banco Central Europeo para controlar la inflación), y cuyos efectos (alto desempleo, una redistribución basada en un crecimiento de las rentas de capital y estancamiento de las rentas del trabajo, disminución del ritmo de crecimiento del gasto público por habitantes y disminución de los beneficios sociales) están afectando el bienestar y la calidad de vida de amplios sectores de las clases trabajadoras con el peligro de ser caldo de cultivo para movimientos antisistema con contenidos racistas antiimigrantes.



Con el afianzamiento del progresismo y una ciudadanía más proactiva en vista a satisfacer sus necesidades e intereses (ejemplo de esto último, fue la llamada «revolución de los pingüinos» en Chile), América Latina el 2006 inició una nueva discusión que permita reunir la libertad que se ganó durante los ochentas con una igualdad que todavía no aparece para muchos latinoamericanos. Esta nueva discusión, por cierto muy lejana a un retorno al estatismo de los fracasados socialismo reales del período de la Guerra Fría, parte fortalecida por una buena performance económica y una fuerte adhesión al sistema democrático, pero también conlleva una bomba de tiempo a partir del cansancio y el malestar de importantes sectores que no ven los resultados concretos en su calidad de vida y que con sus movilizaciones podrían afectar la gobernanza regional.





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Mladen Yopo. Cientista Político y Periodista. Secretario Adjunto Comisión Internacional del PPD

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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