El cambio de gabinete trasciende claramente los problemas del Plan Transantiago. La designación de José Antonio Viera Gallo como Ministro Secretario General de la Presidencia supone una reingeniería política en La Moneda, mediante la cual la Presidenta abdica de su estilo personalista e instala un coordinador político de la agenda gubernamental, con vastos vínculos hacia todos los centros de poder, incluida la oposición. Sin alterar los frágiles equilibrios en la coalición de gobierno, constituye una opción de coordinación política al interior de La Moneda que hasta ahora no existía.
La crisis del Transantiago dejó en evidencia que el diseño del denominado gobierno ciudadano carecía de lo necesario para llevar adelante los cabildeos y consultas obligatorios en un sistema político como el chileno. Los problemas y prioridades sectoriales sin una conducción política central terminaban situando a la primera mandataria en el foco de toda responsabilidad ante la ciudadanía, con graves consecuencias en su apoyo popular.
Algo de esto había quedado claro en las protestas estudiantiles del año pasado, pero ahora, transformado el Transantiago en una crisis social, la urgencia política se hizo máxima. Así lo entendieron diversos personeros de los partidos de la Concertación, quienes presionaron fuertemente para una rectificación profunda.
Lo más notorio es que constituye una muestra clara de la solidez de la alianza política entre el presidente del PS, Camilo Escalona (quien tiene un estrecho vínculo personal con la Presidenta) y José Miguel Insulza. Para las pretensiones presidenciales del actual Secretario General de la OEA no podría haberse generado un mejor escenario. No sólo por los lazos de amistad que lo unen con Viera-Gallo, sino porque éste interpreta fielmente un estilo de consensos institucionales, tan caro al pensamiento político de los primeros años de la coalición, y muy propio de la gestión de Insulza al frente del Ministerio del Interior. Esto le podría permitir al gobierno salir de la inoperancia en que se encuentra, y retomar un camino de normalidad y eficiencia, requisito fundamental para que la opción presidencial concertacionista se mantenga viva hasta el 2009.
A excepción del ministro de Transportes, el resto de los cambios están orientados a configurar un contexto más blando para el nuevo estilo. Especialmente en Justicia, donde el tono rudo del ministro saliente había puesto una nota de suspenso a las relaciones con el Poder Judicial, que el gobierno desea limar. El designado ministro, Carlos Maldonado, es un hombre más joven y dúctil, y debería acoplarse bien al renovado escenario.
El cambio en transportes tiene la connotación de la crisis. Parecía imposible no hacerlo, pese a los esfuerzos de Sergio Espejo, ya que la conformación de otra autoridad en materia de transportes era inviable y sólo iba a enredar más las soluciones necesarias.
