Las gestiones preparatorias para la realización de un proyecto de generación hidroeléctrica, como los impulsados por HidroAysén y EnergíaAustral en la Patagonia chilena, son tan largos como complejos. Sus actividades incluyen costosos estudios y el cumplimiento de fatigosas jornadas de trámites, obtención de autorizaciones y venias de cuanta autoridad administrativa existe. En función de esto último, el ciudadano medio tiene el justo derecho a pensar que el cumplimiento exitoso de esas etapas, asegura tanto la racionalidad de los emprendimientos energéticos, como la sujeción estricta a las normas legales que los regulan. Esa presunción -tan confiada, como razonable— contrasta de modo evidente con la realidad.
En primer lugar, por cuanto las leyes no son neutrales y en el caso particular de las normas que regulan el negocio eléctrico, su lógica es tan proclive a las empresas, como fatal para las comunidades y el medio ambiente. Si las normas del sector eléctrico brindan a las empresas total iniciativa para determinar qué proyectos realizar, dónde y cuando ejecutarlos, el derecho de aguas se ha encargado de entregar a las mismas empresas -a gratuidad y perpetuamente— el agua necesaria para ello. Son estas las leyes que permiten que empresas como las mencionadas, se muestren resueltas a intervenir los ríos de la Patagonia y producir energía con los derechos de agua que hoy -vaya sorpresa- valen millones de dólares.
En segundo lugar, pues las autoridades con frecuencia omiten el ejercicio de las pocas herramientas normativas y de política de que disponen para revertir las feroces asimetrías de este sistema. En la práctica, la eventual realización de proyectos de estas dimensiones y características, contradice las normas de ordenamiento territorial que las propias autoridades de la región de Aisén se han dado e importarían -al día de hoy- el incumplimiento de Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet que prometió condicionar la realización de emprendimientos hidroeléctricos de gran escala, a la formulación de una «política de cuencas». De este modo, cuando se hace indispensable la política pública para moderar la enorme influencia de las empresas del ramo -en su lógica desatada de incremento de ganancias– se renuncia a ella, argumentando oportunidades, tiempos y urgencias.
Para que decir que la ciudadanía y el medio ambiente son los únicos perdedores aquí. Entretanto estos proyectos avanzan casi sin tropiezos, no importando cuál sea su costo ambiental y social, no importando cuántas sean las alternativas disponibles. Siendo este el estado de cosas, convengamos -al menos nosotros, simples ciudadanos—que ni la duración, ni el cumplimiento «riguroso» de los trámites establecidos por la ley garantizan la racionalidad de las decisiones tomadas en la materia. Esto pues la lógica de empresas y autoridades que intervienen en la resolución de estos asuntos, es la rentabilidad económica de los proyectos de generación de energía. Todo esto parece natural, en un país seducido por la idea ridícula de que el mercado toma sabias decisiones en materia social y ambiental.
El reciente pronunciamiento de la Corema de Aisén en relación con el proyecto hidroeléctrico «Río Cuervo» impulsado por Xstrata -en el sentido que el estudio de impacto ambiental presentado adolece de información relevante y esencial siquiera para ser evaluado- es tanto una buena noticia para quienes están preocupados por el destino natural de la región, como una señal de alarma sobre la calidad de los proyectos evaluados y el grado de compromiso que las empresas que los patrocinan exhiben frente al medio ambiente. Es también un signo de actuar coherente de la autoridad, que debe ser respaldado y seguido atentamente por la comunidad.
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Felipe Meneses Sotelo, abogado
