Hay tres convergencias consistentes que hacen que el PS tenga actualmente un «férreo espíritu de unidad», como lo declarara Camilo Escalona en el reciente Consejo General. Estas son el respaldo de los socialistas al gobierno de Michelle Bachelet, la necesidad de «renovar la política» concertacionista para fortalecer los vínculos con la sociedad, y la necesidad de impulsar un sistema de protección social.
Sin embargo, la cuestión se complejiza cuando se analiza lo que los socialistas pensamos en qué significa respaldar lealmente al gobierno, renovar la política y particularmente -por lo tanto- al propio P.S.
El respaldo al gobierno no implica silenciar las críticas a la conducción ni enmudecer ante los problemas. La Presidenta lo dijo claro y directo, en el mismo Consejo, necesita un partido «que me proponga lo que podemos hacer mejor para mejorar lo que estamos haciendo». Esto implica, tener un juicio crítico sobre la realidad que fundamente las proposiciones que permitan al gobierno sacar adelante el sistema de protección social y las demás medidas programáticas. En este sentido se ayuda más a la Presidenta previendo, participando y proponiendo en aquellas áreas donde se ven debilidades o carencias en el cumplimiento del programa comprometido, en vez de dar el amén a todo lo que venga de los ministerios, que sin duda son falibles (implementación de Transantiago; agenda legislativa, relaciones con Bolivia, Venezuela; caso Ditzel, etc.). Este rol para el partido de la mandataria, es clave.
En cuanto a la renovación de la política hay que considerar dos aristas. Una es la demanda de la reforma al sistema político democratizándolo, pues sin el cambio de la estructura constitucional la política seguirá siendo subsidiaria al mercado y marginal respecto de la voluntad popular. En otras palabras, hay que reformar el bi-nominal, elegir por voto ciudadano a los Consejeros Regionales e Intendentes, reformar descentralizando el poder municipal, establecer la inscripción automática y el voto voluntario, asegurar la ley de cuotas y el voto a los chilenos del exterior. La renovación podrá arrancar sólo de una mayor democratización y por tanto de un peso mayor de los ciudadanos en las decisiones que les competen. La segunda arista es que sin reformas políticas democratizadoras no sólo no habrá renovación, sino que se acrecentará la desafección ciudadana, pues el corazón de la promesa concertacionista -el Sistema de Protección Social- quedará mediatizado por los intereses de las grandes corporaciones que resisten la reforma previsional de tipo competitivo, con AFP estatal, menores comisiones y pensiones de $75.000 de carácter universal. Este mismo sector económico e ideológico rechaza una reforma laboral garantista o una reforma educativa que fortalezca el carácter laico, gratuito y de calidad sin anular la particular.
Es lo anterior lo que nos lleva insistir en la renovación del proyecto concertacionista. El PS es fundador de la coalición y por tanto tiene el deber de contribuir a la renovación de su programa, sobre todo ahora que la unidad se pone a prueba con la muerte sin condena de Pinochet y la necesidad de colocar nuevos desafíos democratizadores y de justicia social. Esta es su fortaleza, pero mientras más se aproxime a la mera administración de la realidad actual, más se deteriora la unidad de la Concertación, pues no hay horizontes comúnmente definidos. Hoy no basta con el diagnóstico que demanda renovar la política, hay que darle contenido de fondo y también formal. La Concertación lo podrá hacer si se apoya en la ciudadanía, si alienta a la participación de la sociedad civil y se hace creíble el que luchará por las reformas políticas aunque en el camino pierdan privilegios algunos dirigentes. Se trata de pensar en común el Chile de los próximos 20 años, como ha invitado la presidenta al señalar la tarea de generar un «proyecto progresista y realista que interprete a la gran mayoría del país, será un proyecto nacional y popular de largo aliento».
Para ese proceso se requiere un partido socialista integrador de ciudadanos, abierto a las expresiones más diversas de la izquierda y el progresismo, y que comprenda que la «férrea unidad» interna no es el viejo centralismo democrático de silenciar a las disidencias, sino el de la unidad integradora de las decisiones, el de la voluntad común de apoyar al gobierno con proposiciones y críticas políticas a quienes también dentro del gobierno, sin tener partidos, hacen política en las tradiciones del liberalismo económico siempre reticente a los sistemas de protección social por el cual decimos luchar.
El valor de la responsabilidad política es central, pero no toda crítica o proposición es irresponsabilidad. La lealtad es clave para la fortaleza del gobierno, pero discrepar de una decisión que aparece como perjudicial a la política del gobierno y la coalición no es traición, bien puede ser un acto de valentía y deber hacia esa lealtad.
En definitiva, la discusión de los límites de la lealtad y la responsabilidad en política, están siempre condicionadas por lo que los actores políticos entienden que se requiere y se puede realizar a favor del cumplimiento del programa comprometido. Los partidos de izquierda están para transformar la realidad. Siempre, llevar la discusión al plano de la ética o la moral cuando son asuntos políticos, termina por poner -entre compañeros y aliados- a unos al lado del bien, de la verdad y en una posición de superioridad moral respecto de los «desviados», lo que termina debilitando la calidad y renovación de la política.
______________
Osvaldo Torres Gutiérrez. Miembro Comisión Política del Partido Socialista. Concejal Peñalolén.
