Fraude a los seguros y justicia penal - El Mostrador

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Fraude a los seguros y justicia penal

por 25 marzo, 2007

Los seguros que habitualmente contratan el común de las personas a fin de trasladar el riesgo asegurado al patrimonio de un tercero previo pago del respectivo precio o prima por esa traslación del riesgo, no sólo es una actividad económica frecuente y rentable en Chile, sino que incluso más, su demanda ha sido creciente en el último tiempo.



Pero por otra parte, también han aparecido nuevas figuras delictivas de tipo penal que derechamente pueden ser objeto de una sanción criminal aún cuando en nuestro país al día de hoy, no existe una tipificación especial que sancione criminalmente la figura de los fraudes de los seguros como ocurre en otras legislaciones comparadas.



Por lo anterior, hay que hacer uso de las normas generales que contiene nuestro Código Penal para encuadrar alguna de las situaciones siguientes dentro de algún tipo penal actualmente vigente.



En este contexto, las situaciones fraudulentas cuyas modalidades de preparación pueden revestir caracteres de hechos penalmente punibles, son por ejemplo la contratación fraudulenta de un seguro; una simulación fraudulenta de un siniestro; una producción fraudulenta de un siniestro o derechamente, un aprovechamiento fraudulento del siniestro.



Es decir una gama de posibilidades tendientes a defraudar al mercado asegurador, cuyos perjudicados son el sistema de los seguros en particular y los asegurados en general, quienes de manera honesta y de buena fe intermedian y hacen uso de estos instrumentos comerciales de la vida actual.



Ahora bien, conforme a la lógica del nuevo modelo de enjuiciamiento penal, la ley procesal penal establece que nadie podrá ser condenado por un delito sino cuando el tribunal que lo juzgare, adquiriere más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él, hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.



Más aún, el tribunal formará su convicción sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral y no se podrá condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración.



Por otra parte, los tribunales apreciarán la prueba con libertad, pero no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, haciéndose cargo en consecuencia de la fundamentación de toda la prueba producida, incluso de aquella que fuera desestimada.



A mayor abundamiento, el Tribunal también deberá señalar los medios de prueba que dieren por acreditados cada uno de los hechos y circunstancias que se dieren por probados a fin de permitir la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a que llegare la sentencia.



En suma, en función del principio básico de inocencia y en la medida que la prueba producida por los fiscales o los querellantes ( compañías aseguradoras ) durante el juicio penal, no permita romper la duda razonable para producir la convicción del tribunal para condenar de acuerdo a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados al momento de la libre valoración de esta por parte de los juzgadores, los jueces penales deberán absolver siempre a todo acusado.



Esto es muy importante, pues exige de los fiscales del Ministerio Público y los querellantes ( compañías aseguradoras ) ante este tipo de ilícitos penales, complejos y difíciles de probar, la obligación de producir evidencia probatoria suficiente e idónea para generar en el tribunal la convicción de condena ( certeza positiva ) más allá de toda duda razonable, tanto respecto de los hechos como de la participación del acusado.



En consecuencia, que importante resulta ante la presencia de un eventual fraude a los seguros, que toda la labor de investigación y recabación de evidencias probatorias, cadena de custodia de las mismas, las declaraciones de los testigos, los peritos, los traductores, la evidencia documental, fotográfica, instrumental, etc, sea ajustada a la ley y sin vulneración de garantías. En igual orden de ideas, también es importante que los operadores que representan dichos intereses, efectivamente entiendan y conozcan las habilidades y destrezas profesionales de la nueva litigación criminal y para ello nada mejor que exigir exigencia comprobada en este nuevo modelo de enjuiciamiento criminal.

En palabras sencillas y finales, el mercado asegurador debe entender y asumir que ellos como querellantes e intervinientes en esta Nueva Justicia Penal en calidad de víctimas, deben producir en el tribunal durante las respectivas audiencias de alguna forma de juicio, la convicción suficiente para condenar, toda vez que al que defiende, sólo le basta generar la duda razonable para absolver.



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Kléber Monlezun Cunliffe. Abogado. www.djp.cl

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