En el Plan de Prevención de Descontaminación Atmosférica (PPDA) instaurando en la región metropolitana durante el año 1998 se adoptó una medida, dentro de las ciento y tantas que tenía, que congeló tal como estaban definidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994 y su modificación de 1997, las áreas de valor natural y las áreas de interés silvoagropecuario, ello para terminar con el desordenado crecimiento de la ciudad que incentiva la utilización del automóvil y micros, causantes mayores de la contaminación que padecemos.
En el año 2003 se hizo una polémica modificación al PRMS que consistía en permitir las actividades inmobiliarias con exigencias y compensaciones en terrenos agrícolas que tuvieran un mínimo de 300 hectáreas, es decir, estamos hablando de predios extensos situados fuera de los límites urbanos de cada comuna : se les denominó Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC) y debían ser informados favorablemente por el Seremi de Agricultura.
Y en el artículo 75ÅŸ del nuevo PPDA vigente desde Enero de 2004 se estableció que era necesario potenciar la mejor utilización de la capacidad urbana existente, y cautelar que las subdivisiones y construcciones en terrenos rurales, con fines ajenos a la agricultura, no originen nuevos núcleos urbanos o sub-urbanos, al margen de la planificación urbana regional, razón por la cual nos sorprendió sobremanera que el gobierno haya impulsado el cambio de uso de suelo de 825 hectáreas en la comuna de Colina, sin someterse a la norma de los PDUC, tal como lo manda la regulación vigente y a pesar de la oposición del Seremi de Agricultura.
Por ello, el lunes 26 de Marzo de 2007 le dijimos por escrito a la intendenta y presidenta del Consejo Regional Metropolitano, instancia colectiva que acordó por amplia mayoría de votos darle curso a la expansión urbana en Colina, que las agrupaciones ciudadanas preocupadas del desarrollo de la ciudad estaban en desacuerdo con la decisión tomada por el gobierno regional y que no nos íbamos a quedar de brazos cruzados.
La nota decía lo siguiente:
REF. Resolución del CORE que aprueba la expansión urbana en omuna de Colina
VISTOS,
Que la mayoría de los señores consejeros regionales aprobaron la semana pasada el cambio de uso de suelo de 825 hectáreas tipificadas como de interés silvoagropecuario para transformarlas en aptas para la actividad inmobiliaria en la comuna de Colina, violándose por lo tanto el artículo 8.3.2.4. del PRMS, artículo introducido en la normativa urbana de nuestra región en el año 2003 para posibilitar las modificaciones de uso de suelo de las áreas de interés silvoagropecuario, originando los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado, política que nuestra agrupación rechazó de plano en su oportunidad por considerarla contraria al PPDA y por lo tanto antagónica con el bien común.
Que la Circular NÅŸ 41 del Seremi de Vivienda y Urbanismo ha sido enfática en señalar a todos los alcaldes que «las solicitudes de ampliación de límites urbanos que se han recibido en esta Seremi, patrocinadas por municipios y por privados, y que no se acogen al procedimiento establecido en el PRMS referido a Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado (PDUC), esta Secretaría Regional Ministerial informa que ha decidido que todas ellas serán estudiadas y analizadas en el marco de la actualización del PRMS que esta Secretaría llevará a cabo durante el año 2007».
Que un diario de tiraje nacional ha informado que cuatro grupos económicos -los identifica- se ven favorecidos con esta expansión urbana por secretaría.
Que algunos consejeros regionales han denunciado públicamente manejos sospechosos y tráficos de influencias por parte de una consultora y grupos inmobiliarios para obtener el beneficio económico derivado del cambio de uso de suelo.
Que en Chile no existe todavía la legislación que contemple la captura parcial, por parte del Estado, de las plusvalías patrimoniales derivadas de las modificaciones de los instrumentos normativos urbanos aprobadas por agentes públicos, legislación que fue llevada al Congreso Nacional en 1997 por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y retirada por el mismo, a raíz de las presiones de los grupos de interés corporativo.
LE SOLICITAMOS,
Nos entregue copia de la Resolución respectiva para impugnarla, ya sea en la instancia administrativa, Contraloría General o bien en la instancia jurisdiccional, decisión que deberemos analizar con diferentes organizaciones ciudadanas respetuosas del cumplimiento de los marcos regulatorios que el país se ha dado en materias urbanas y ambientales.
PARA TAL PROPOSITO,
Le informanos que retiraremos mañana martes 27 de Marzo de 2007 de la oficina de partes de la Intendencia el documento que requerimos y aprovechamos de solicitarle una entrevista con el suscripto y otros dirigentes de la sociedad civil (máximo 6 personas), con la idea de intercambiar opiniones con respecto al cumplimiento del PPDA y PRMS, ya que en la medida de que sus normas sean acatadas cabalmente estaremos en condiciones de mejorar la mala calidad del aire regional.
Así terminó la carta
Ahora bien, no sabemos como va a terminar este nuevo episodio demostrativo del desorden imperante, pero sí esta claro que esta nueva urbanización requerirá 40 millones de litros de agua potable al día, una vialidad para unos 15.000 vehículos, colegios, consultorios u hospitales, retenes de Carabineros, luminarias, áreas verdes públicas, equipamientos e infraestructura para los 120 mil nuevos habitantes que llegarán a esa localidad. Y quién asumirá sus costos ? Sabemos que uno de los beneficiados ha sido el Ejército, institución que bregó ante el Minvu para que sus 105 hectáreas se transformaran en urbanas.
Conversando con un destacado académico del urbanismo, nos preguntó si existía un estudio de factibilidad en la materia y le contestamos que no lo sabíamos porque en nuestro país estos asuntos se manejan sigilosamente entre los interesados y que el proyecto fue llevado por una consultora especialista que tiene muy buenas relaciones con el Minvu. Nos manifestó el profesional que en Chile las autoridades creen que todo suelo tiene aptitud urbana y que sus capacidades de carga son iguales en toda su extensión sin tenerse en cuenta que muchas zonas presentan grandes problemas de riesgos ambientales y naturales. Le respondimos que ello acontece porque lo que se privilegia es el negocio en el corto plazo, sin medirse las consecuencias.
Finalmente convenimos que en Chile, a pesar de que existen muy buenos urbanistas, no se aplican políticas urbanas sustentables y que ello es consecuencia del sistema económico imperante que favorece el crecimiento en cantidad, sin considerar el componente calidad. Lo que vale para los iluminados son los resultados económicos de la especulación del recurso suelo porque con las plusvalías obtenidas se mejoran las garantías en el sistema financiero y así aumenta la capacidad crediticia de los agentes del mercado.
Por lo relatado, queda claro que los marcos regulatorios urbanísticos no se cumplen, lo cual deja en mal pié a las autoridades sectoriales quienes, lamentablemente, casi siempre son sobrepasadas por los hechos. Para qué sirven entonces los Proyectos con Desarrollo Urbano Condicionado, con todas las obligaciones y compensaciones que asumen sus titulares, a ejecutarse en sectores agrícolas del territorio planificado, si es más barato modificar el uso de suelo y desarrollar negocios inmobiliarios sin las exigencias que se les impone a los anteriores.
¿Por qué este doble trato?
Ahora que tenemos una flamante ministra de Medio Ambiente, esperamos que estos asuntos sean tratados con seriedad, para que así los agentes del mercado se ciñan a las mismas normas vigentes, independientemente que es urgente aprobar la ley de la captura de plusvalías, por parte del Estado, tal como se lo hicimos notar en nuestra carta a la intendenta Delpiano.
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Patricio Herman P. Agrupación «Defendamos la Ciudad»
