El reciente proyecto de ley que establece un royalty del 5% a las utilidades de la industria salmonera presentado por un grupo de parlamentarios PS, pretende abrir un necesario debate en torno al aporte real de la salmonicultura al desarrollo nacional y particularmente en las regiones australes, donde esta presente esta actividad, entendiendo esto último no solo como un mayor crecimiento económico y generación de nuevos puestos de trabajados, sino más bien a un concepto de desarrollo más amplio, es decir, incorporando criterios de equidad en la distribución de los beneficios y el cuidado del medioambiente.
La industria del salmón ha sido tremendamente exitosa en lo macro, los retornos por exportación del 2006 alcanzaron los US$2.200 millones, cifra que supera en más de 1.800% a las obtenidas 16 años atrás cuando comienza el boom del salmón. Asimismo, esta actividad genera en la actualidad más de 50.000 puestos de trabajo y en las regiones donde está presente, principalmente en la décima, donde se concentra el 80%, los niveles de desempleo son los más bajos a nivel nacional. No obstante, la región ha mostrado preocupantes retrocesos, por ejemplo en comparación a lo que ocurría 16 años atrás, la décima región es relativamente más pobre que antes, la distribución del ingreso sigue siendo de las peores, los salarios promedios de los operadores se traducen en ingresos para los hogares cercanos a la línea de la pobreza. Por otra parte, en términos ambientales las negativas externalidades de la actividad, como la contaminación de los fondos marinos, la dispersión de químicos y antibióticos en la columna de agua, las alteraciones del paisaje y los escapes de salmones depredadores de especies nativas han sido totalmente asimiladas por la comunidad sin existir compensación alguna por parte de las empresas por el daño que genera la actividad y la consecuente disminución en la calidad de vida de sus habitantes.
Los argumentos esgrimidos por los parlamentarios para aplicar este instrumento, se centran en que las empresas pagan una patente de ínfima cuantía por el uso del territorio ($75 mil pesos por hectárea explotada) que es propiedad de todos los chilenos y que no se corresponde con los impactos que tiene desde el punto de vista económico y con la rentabilidad obtenida. Además señalan, que el sector duplicará la producción en el corto plazo y en consecuencia la calidad de las aguas, del fondo marino y la infraestructura sufrirán un fuerte impacto.
Contribuyendo argumentos al debate, quisiera hacer referencia al espíritu de un instrumento como el que se pretende aplicar. En primer lugar es importante aclarar que el royalty o regalía no es un impuesto sino el justo precio que debe cobrarse por la utilización de un insumo y que debe ser percibido por el propietario del recurso. En el caso particular de la acuicultura, «el agua y disposición del borde costero» son recursos naturales que juegan un rol clave como insumos y por los cuales hoy no cobra. Estos bienes, al no ser transados en un mercado, carecen de precio – no así de valor – . Los recursos naturales poseen un valor que se denomina «renta económica» y al no cobrar por su utilización, se les otorga un valor igual a cero, que perjudica al dueño del recurso – en este caso al Estado chileno – , beneficiando a quién se le cede su explotación.
Una segunda virtud de este instrumento es que elimina las distorsiones económicas que amenazan con agotar la calidad y disposición del recurso, sincerando los costos productivos, permitiendo de esta manera la operación exclusiva de inversiones efectivamente rentables y por tanto eliminando la sobreexplotación del recurso natural.
Adicionalmente se debe aclarar que en la propuesta de los parlamentarios se trata más bien de un impuesto específico que intenta compensar el escaso aporte de la salmonicultura al desarrollo local. De forma distinta el royalty tiene por objeto reconocer el valor de los recursos naturales, cobrando «el precio» del recurso y la pérdida patrimonial que sufre el país, logrando que el país se apropie de la renta que soberanamente le pertenece.
El cobrar por nuestros recursos naturales no sólo es justo sino que además es necesario para equilibrar los beneficios económicos de una actividad que sólo ha enriquecido a unos pocos.
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Francisco Pinto, Fundación Terram
