Las encuestas de aprobación, con sus limitaciones, permiten tomar fotografías sobre opiniones, y las opiniones en democracia son importantes. En este sentido, las encuestas recientes que dan al presidente mexicano, Felipe Calderón, una perspectiva de una gestión exitosa para los próximos 12 meses de 59% y porcentaje de aprobación aún mas alto, reflejan por una parte que el conflicto postelectoral ha comenzado a ser superado, por otra, que las medidas tomadas por Calderón desde su complicada toma de protesta del 1 de diciembre han tenido una apreciación positiva de parte de la mayoría de los ciudadanos.
En términos generales, la política de Calderón ha sido típica de un gobernante responsable de una democracia presidencialista pero con fuerzas políticas divididas. En estos primeros 100 días, el gobierno ha propiciado el diálogo y los acuerdos entre las fuerzas políticas, tendientes a superar el encono causado por el fervor de la contienda electoral más competida de la historia del país. Además, Calderón decidió emprender, en coordinación con los Gobernadores de diversos estados y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, acciones directas contra el poder del narcotráfico y el crimen organizado en diversas regiones del país. En este aspecto Calderón ha logrado con éxito distinguirse de la inacción del gobierno de Vicente Fox.
Aunque muchos «analistas» anticiparon los «peligros» que implicaban estas acciones para su «imagen» si no tenían «éxito», el gobierno de Calderón aparentemente tomó esta decisión pensando más en la necesidad incuestionable de recuperar para el estado el control de zonas «sin ley», que en cálculos de popularidad a corto plazo. Las objeciones que han sido planteadas desde el PRD (Partido de la Revolución Democrática), en el sentido de alertar sobre «posibles violaciones a los derechos humanos» por la participación de las Fuerzas Armadas en lugar de la policía y la supuesta inconstitucionalidad de ello (las Fuerzas Armadas siempre han participado en este tipo de acciones y la policía es difícilmente garantía de nada), no han podido ocultar que estas medidas han sido recibidas con simpatía y alivio por la mayor parte de la población.
Así, Calderón se anotó un punto importante al emprender una acción reconocida como necesaria pero percibida como un problema muy difícil de resolver. Esto le permitió incidir en otro aspecto en el cual hizo énfasis desde que el conflicto postelectoral; su compromiso firme con la legalidad, compromiso que ha enfatizado en la práctica en su acercamiento visible a las Fuerzas Armadas y que hay que decir, tuvo sin duda alguna como objetivo privilegiado enviar un mensaje al movimiento postelectoral de López Obrador y sus claros devaneos de confrontar al estado.
No es casualidad que el gobierno del presidente Calderón decidiera emprender esta campaña en el estado de Michoacán, gobernado por Lázaro Cárdenas Batel, hijo del llamado «líder moral» del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas. Este último demostró públicamente sus diferencias con López Obrador en varias ocasiones, antes y después de las elecciones, y es conocido que Lázaro Cárdenas Batel pudiese ser un serio contendiente del delfín visible de López Obrador para la presidencia en el 2012, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard.
En términos generales, el mensaje de Calderón ha sido tranquilizador y su papel en los medios ha sido sobrio, contrastando nítidamente del grosero protagonismo y los excesos verbales de los caudillos mediáticos Fox y su enemigo pretendidamente izquierdista López Obrador.
Aparentemente esta estrategia de combate al crimen y acercamiento a la ley ha resultado atractiva para otros actores políticos, así el gobierno de Marcelo Ebrard ha emprendido acciones decididas contra el narcotráfico en la Ciudad de México a través de una controvertida expropiación de un predio donde se concentraba dicha actividad en el emblemático barrio «bravo» de Tepito. A diferencia de los gobiernos anteriores del PRD en la Ciudad de México que negociaron con grupos clientelares al más viejo estilo del PRI con fines electorales, Ebrard anuncia que también desalojará a los comerciantes ambulantes del centro histórico de la ciudad.
Aparentemente llegó el momento de la democracia en México donde ya no es suficiente para el gobierno con hacer negociaciones oscuras por debajo de la mesa con empresarios o sindicatos corruptos. Las acciones de gobierno de Calderón y Ebrard aunque provienen de partidos muy distintos en lo ideológico, anuncian una posible confluencia hacia un cambio de estilo de gobernar que puede ser de gran beneficio para los ciudadanos, el abandono de la búsqueda desesperada de la aprobación mediática como estrategia fundamental de gobierno, como ocurrió en la presidencia de Fox y la jefatura de gobierno de López Obrador en el DF, gobiernos siempre proclives a aplicar la ley en forma torcida y negociar todo al margen de los intereses reales de la población.
La posibilidad de llevar adelante negociaciones ilegales puede resultar letal para el avance de la democracia y de las instituciones, independientemente de su signo ideológico. Esto lo hemos visto tanto en el vergonzoso comportamiento antidemocrático de la «izquierda» priista de López Obrador cuando perdió las elecciones y su pretensión de «negociar el resultado», como en las ridículas pretensiones de Martha Sahagún, la esposa de Vicente Fox de ser la candidata presidencial del PAN en las elecciones del 2006 y en la imposición por la fuerza y manejos turbios de un candidato presidencial impopular como Roberto Madrazo dentro del PRI.
El origen democrático de Calderón empezó dentro de su propio partido al imponerse al candidato de Fox por mayoría de votos. Calderón ha refrendado hasta el momento como presidente este origen, apuntado en el sentido correcto. Quizás este origen ha impulsado a Calderón a tomar ciertas acciones heterodoxas en lo económico, que pueden ser calificadas por algunos como populistas pero que reflejan una auténtica sensibilidad hacia los problemas de la gente, como ocurrió con la regulación del precio de la tortilla. Posiblemente por eso ha empezado a tener problemas con los sectores más retardatarios de su propio partido.
Es de esperar que independientemente del partido que gobierne, la competencia sea de ahora en adelante mas por hacer un mejor gobierno para los ciudadanos y no construcciones de conveniencia basadas en principios supuestamente democráticos que se venden y compran al mejor postor orientadas a los intereses de grupos mafiosos. Rescatando una palabra del peculiar y florido lenguaje de López Obrador: «grupos facciosos».
Dada la magnitud de los problemas y desafíos del país, se impone una forma diferente de gobernar en democracia.
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Hugo Montaldo. Genetista, experto en estadística y analista social independiente. Profesor de la Universidad Autónoma de México.
