Pasaron muchos años, demasiados, para que la derrota de Pinochet y su endiablado modelo antidemocrático llegara a su fin en el marco regulatorio heredado al sistema educacional chileno.
Es cierto: fueron los estudiantes, los menores, los que a ojos de los adultos eran apáticos y desinteresados en las urgencias sociales, los que nos conminaron a poner en agenda la revisión completa de la educación y, en particular , de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE).
Los gobiernos de la Concertación, en honor a la verdad, olvidamos la persistencia de esta rémora autoritaria, poniendo énfasis en otras materias. Perdimos el rumbo frente a lo realmente importante, en la definición de la educación, de los valores, de los proyectos de país o tipos de sociedad que se pretenden construir a partir de ella. En fin, postergamos todos aquellos aspectos que le imprimen un sentido a la educación que no se logra sólo con más cobertura, infraestructura o la mejora salarial de los maestros.
Pero el proyecto de Ley General de Educación, presentado por el Gobierno estos días, salda la deuda.
Se harán variados análisis sobre este proyecto que deroga la LOCE, sus cambios son tales que da para cubrir varios centímetros de prensa. Pero hay uno, el eje inspirador del articulado, que identifica el sentido de este proyecto con los valores de los que defendimos la libertad el 5 de octubre del 88. Es ni más ni menos que la simple presencia de la democracia.
La LOCE no sólo contiene el elementos propios del gobierno militar, entiéndase la primacía de la doctrina de seguridad nacional, la obsesión por la propagación de las tendencias político partidistas en los marcos educacionales, el desarrollo del sentido patrio, las advertencias y llamados a respetar el orden público, la nominación de académicos nombrados por los comandantes en jefe de las FF.AA. para el Consejo Superior de Educación, etcétera. Además, su articulado responde a una ideología que subvalora las conductas democráticas e ignora la cultura de los derechos humanos.
El proyecto enviado por la Presidenta Bachelet repara en gran parte la falencia democrática de esta normativa y, por lo mismo, garantiza que los resultados de la gestión educacional estarán acordes a los parámetros valóricos del primer mundo.
No puede entenderse de otra forma cuando en la LOCE se identifica como principio inspirador de la educación sólo a una formación valórica enmarcada en la «identidad nacional» y en el proyecto de Ley General de Educación se menciona que ella lo estará: «en el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales (Â…) en el ejercicio de la tolerancia, de las paz y del respeto de la diversidad, capacitándolas (a las personas) para convivir y participar en forma responsable, democrática y activa de la sociedad». Otra cosa, ¿no?
Las nuevas normas que impiden la discriminación, aspecto destacado en las notas de El Mostrador.cl, demuestran la modernidad y compromiso del Estado de Chile con el cumplimiento de tratados y convenios internacionales, de tan poca relevancia para los gestores dictatoriales de la LOCE.
La Ley General de Educación, si es aprobada por el Congreso Nacional, implicará un notable avance en el respeto a los derechos de los integrantes de la comunidad educativa. Nunca, en una norma de este rango, se habían incluido en igualdad de condiciones a padres y apoderados, alumnos, profesionales y asistentes de la educación y sostenedores de establecimientos educacionales.
En el caso de los alumnos, los protagonistas iniciales de este proceso democratizador de la educación, se consignan derechos como «a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente armónico, de sana convivencia, tolerancia y respeto mutuo y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. Tienen derecho a que se les respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas o ideológicas, así como a su identidad personal».
Si bien es cierto existen preceptos constitucionales que aluden a estos derechos para todos los ciudadanos, no es menos cierto que la consignación de ellos en esta normativa eleva la dignidad de los estudiantes y recuerda al resto de los miembros de la comunidad educativa el carácter de personas que éstos poseen, reforzando la interlocución igualitaria al interior de los establecimientos.
Estos acápites del proyecto de Ley General de Educación demuestran el aire nuevo que se intenta llevar hasta las aulas, un aire sano que llene cada espacio del quehacer escolar. Un aire democrático, fresco, que llega a un sistema educacional sumido en la incoherencia del sin sentido, nacido de la intolerancia y parido por postulados sin espacio, sin aire, en el mundo que estamos construyendo.
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