El caso del profesor rural ruso Alexander Ponosov, quien tras largas gestiones consiguió equipos para que sus alumnos se iniciaran en la computación, y que ha terminado enjuiciado por usar copias de programas Microsoft, provocó tal impacto y solidaridad en la sociedad rusa que incluso Mijail Gorbachov intercedió ante Bill Gates pidiendo clemencia. Seguramente este maestro no conocía, como muchos, el software libre o de código abierto.
Por eso, el 2001 presentamos una moción «sobre uso preferente de programas de libre distribución en los órganos del Estado», valorando accesibilidad; duración de datos en el tiempo; seguridad nacional; fomento a la innovación, independencia del proveedor y soberanía informática; incentivo del multilingüismo y multiculturalismo; disminución de la brecha tecnológica, derecho al desarrollo económico y las ventajas presupuestarias que este software permite.
Esta moción recoge propuestas legislativas que se discuten en Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Portugal, Ucrania y EEUU, así como las experiencias de Alemania, Bélgica, Italia, Francia, China, Perú, Brasil, México y España, que han implementado políticas favorables al uso de programas de libre distribución y ahorrado con ello millones de euros.
En el debate del presupuesto 2007 hicimos presente que el ítem «programas Informáticos» de nueve ministerios sumaban un gasto para el Estado de más de 7 mil millones de pesos. Pedimos que parte de esos recursos se destinaran a evaluar opciones tecnológicas distintas a las actuales. Con cargo al Programa de Reforma y Modernización del Estado, el gobierno comprometió estudios sobre el uso de plataformas de código abierto en las entidades públicas.
En un sentido contrario, años atrás las críticas al portal Chilecompra era que muchos proveedores no podían acceder a la información ni ofertar sus servicios porque privilegiaba el acceso a través de Internet Explorer. Otro caso emblemático es la famosa «donación» de computadores que hizo Bill Gates al Programa Enlaces, que incluyó la entrega gratuita de equipos y programas, pero que al final significó al Estado un millonario pago de licencias.
Hoy nos sorprende la «promoción» del INJUV y el Sename, a través de la campaña «Generación 7.0 Mi PC Estudiante», que en conjunto con Ripley y Microsoft ofrecen la adquisición de computadores con facilidades, incluyendo sólo programas de la empresa de Gates. Otro caso es la licitación de la Subtel para capacitación en infocentros del sur del país, que pide que los informes sean realizados con productos de esa misma empresa.
Esto es incoherente con el Instructivo Presidencial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, de mayo del 2001, que establece que los servicios son autónomos para seleccionar y usar el software que resuelva mejor sus necesidades; que deben adoptarse estándares tecnológicos que permitan interconectar distintos sistemas y plataformas, es decir abiertos y no propietarios; y que promueve un uso más eficiente el uso de los recursos financieros.
Ello tampoco se acerca al principio de neutralidad tecnológica que organismos internacionales, entre ellos la ONU, promueven desde hace más de una década. Como lo señala una sentencia de la Audiencia Nacional de España, de julio del 2005: «la lógica del principio de neutralidad tecnológica es aplastante: si un determinado servicio comienza a desarrollarse con una tecnología disponible, la introducción de nuevas tecnologías, distintas de las existentes, no puede ser impedida».
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Alejandro Navarro Brain es senador