El reciente episodio ocurrido en el Senado concerniente al rechazo del proyecto de ley que otorgaba beneficios o incentivos tributarios derivados de una depreciación acelerada de los activos fijos, constituye un hecho político trascendente. Primero, porque la Concertación teniendo mayoría en el Parlamento no logra ejercerla y, segundo, porque el debate abierto en torno al proyecto señala una importante trizadura respecto a cómo y con qué prioridad abordar los actuales desafíos que plantea nuestro desarrollo económico.
Que el ministro de Hacienda es más técnico que político o que le faltó una bancada de Expansiva en el Senado es una obviedad, pero eso no es lo más importante. Lo relevante es que la iniciativa legislativa tuvo un carácter desequilibrado y desequilibrante que generó una fuerte turbulencia en el seno de la Concertación, vía quiebre de la disciplina parlamentaria, requisito básico para que gobierne una coalición de partidos políticos, y lógicamente el oportunismo de la oposición para aprovechar de la situación sin costo político. ¿En qué el proyecto de Hacienda tuvo un carácter desequilibrado y desequilibrante?
Examinemos brevemente los aspectos económicos del proyecto. La iniciativa es un beneficio o incentivo tributario de carácter transitorio, por los años 2008 y 2009, y que tiene por fin alentar la inversión; consiste en el reconocimiento inmediato como gasto del 50% del valor de los bienes físicos del activo inmovilizado (máquinas, edificios etc.) susceptibles de acogerse a depreciación acelerada (adquiridos nuevos o importados) y la aplicación normal o acelerada por el valor remanente de los bienes. En la práctica, ello significa que a partir de esta norma aumenta el monto de la depreciación que pueden declarar las empresas como gasto en un año, con lo cual disminuyen contablemente las utilidades y las empresas pagan menos impuestos a la renta. Hacienda ha estimado que los menores ingresos fiscales derivados de este proyecto serán aproximadamente de 490 millones de dólares en los dos años indicados.
Esta iniciativa tiene un efecto similar a una reducción transitoria en este caso, en la tasa de impuesto a las utilidades o un crédito con tasa de interés igual a cero para las empresas que se acojan. Cabe recordar que ya en la Administración Lagos también se usó este expediente de la depreciación acelerada para alentar la inversión, como parte de la Agenda Pro-Crecimiento acordada con las grandes empresas, por la vía de una reducción de las normas que regulan la vida útil de los principales activos fijos (2002) .
Ahora bien, ¿quiénes podrían acogerse con facilidad a este beneficio?, naturalmente las grandes empresas porque como es muy sabido, ellas son intensivas en uso de capital, en cambio las pequeñas empresas son intensivas en mano de obra; estadísticamente un 87% de la inversión en maquinaria y equipo la realizan las grandes empresas que representan el 1% de total de las empresas formales en Chile. Por cierto, legalmente una gran parte de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) podrían hacer uso de esta norma, pero ellas están sujetas a limitaciones que impiden sus decisiones de inversión, tales como: acumulación de deudas bancarias tributarias, previsionales, falta de garantía para el acceso al crédito, inestabilidad en los flujos de su capital de trabajo, sus ventas son pagadas sólo a 120 días, etc. En consecuencia, el proyecto de Hacienda, con un solo artículo, aparece dirigido en la práctica sólo a las grandes empresas, en una economía que arrastra problemas con las Pymes desde 1999. Sin duda esta iniciativa aparece como un despropósito.
En este sentido, es un proyecto desequilibrado en su origen, no obstante que las medidas para abordar los problemas de las Pymes estaban parcialmente ya planteadas en la iniciativa «Chile Invierte», expuesta hace pocas semanas por Hacienda, pero por su limitada sensibilidad frente al tema no le dio la prioridad y relevancia necesaria para incorporarla en el proyecto.
Además, suponemos que los 490 millones de dólares de menos impuestos recibidos por el Fisco y que serán transferidos preferentemente a la gran empresa saldrán de los excedentes del cobre que celosamente guarda Hacienda. Pero aquí se abre una nueva interrogante, dado que esos recursos son de usos alternativos, ¿por qué hacerlos en esa dirección y no en otra como, por ejemplo, hacia las Pymes o infraestructura? La respuesta no es técnica sino política.
La iniciativa además se da cuando las expectativas de crecimiento del 2007 son mejores que los malos resultados del 2006 aún cuando es cierto con una inversión privada remolona, y lo que es mas importante se da en el contexto de oportunidades de inversión extraordinariamente favorables, dado los mercados abiertos para Chile después de 16 años de diferentes acuerdos comerciales y una estabilidad macroeconómica construida sobre bases muy amistosas con las clasificadoras de riesgos, el FMI y el mundo de los negocios. Si a pesar de estas dos condiciones la inversión privada es renuente, entonces el problema es más complejo y de otra naturaleza y que no se resuelve con un beneficio tributario desequilibrado y desequilibrante. Por lo demás, dado el carácter transitorio del beneficio, cuyo fin es aumentar la inversión, en el fondo lo que hace es sólo adelantar parte de la inversión programada del sector privado al 2010, como lo reconoce la Comisión de Hacienda del Senado.
En síntesis, un proyecto económico desequilibrado social y políticamente indujo una dinámica desequilibrante en las modalidades con que la Concertación venía abordando desde la Administración precedente los temas que hacen obstáculo al desarrollo. Lo ocurrido puede ser un hecho positivo si repone en la agenda legislativa temas que se arrastran desde hace mucho tiempo, como el caso del mal funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas.
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Alexis Guardia es economista
