Partidos y Presidentes - El Mostrador

Viernes, 24 de noviembre de 2017 Actualizado a las 15:40

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Partidos y Presidentes

por 26 abril, 2007

Comparar los gobiernos de Allende y Bachelet es un ejercicio que requiere más cautela que la exhibida por el Presidente del PS en recientes declaraciones. Allende levantó un proyecto de cambio democrático pero radical -una "revolución", según el propio Allende- enmarcado en las tensiones de la Guerra Fría y mucho antes de la caída del Muro de Berlín, cuando la mitad del mundo pretendía construir o llegar a una sociedad socialista. Bachelet, en cambio, encabeza un gobierno de centro-izquierda cuyo programa no es revolucionario, sino moderadamente reformista, y el mundo actual no se estructura sobre dos polos contrapuestos, sino que en torno a una sola gran potencia predominante. Eso en cuanto a los rasgos centrales de sus proyectos y épocas, muy distintas entre sí. Es posible enumerar muchas otras diferencias de contexto y naturaleza, pero no es mi objetivo hacerlo ahora.



Tengo la certeza que Camilo Escalona tiene muy clara esta materia. Sería injusto atribuirle la intención de ignorarla cuando, de un modo indirecto, ha hecho una comparación entre los gobiernos de Allende y Bachelet al referirse hace pocos días al Senador Ominami y su comportamiento como parlamentario. Pero, más allá de la intención de Escalona, parece preferible, en general, evitar cualquier atisbo de asimilación de las circunstancias vividas por las dos presidencias. Hay comparaciones -y esta es una de ellas- que simplemente no corresponden.



Al mismo tiempo, el Presidente del PS ha reiterado una opinión que, a mi parecer, contribuye a sobrevalorar las diferencias de opinión entre el Presidente Allende y la dirección del PS entre 1971 y 1973. Sin duda las hubo. Cuán importantes fueron para el destino del proyecto allendista, es una cuestión que se discute desde hace treinta y cuatro años. Es legítimo hacerlo y tener sobre el punto opiniones diversas. A pesar del paso del tiempo, las diversidades de enfoque han subsistido entre los socialistas. Fue tan único y tan complejo el proceso político de la Unidad Popular que resiste a las simplificaciones, al uso retórico de sus episodios y a los intentos de conciliar puntos de vista con ánimo disciplinario.



La complicación es que, por años, la derecha ha querido magnificar esas diferencias para tender una cortina de humo sobre la responsabilidad que cupo en el golpe militar a la intervención norteamericana, a los grandes intereses de las transnacionales, de los poderes económicos nacionales y de los sectores más autoritarios de nuestro espectro social y político. Para lograr su objetivo, la dictadura y sus seguidores han personalizado su operación interpretativa en Carlos Altamirano, electo jefe del Partido en el Congreso de La Serena en 1971 y luego senador por Santiago, un amigo personal de Salvador Allende.



Camilo Escalona está lejos de avalar esa operación, pero el efecto de sus palabras repone una vez más la idea difundida por la derecha, según la cual Altamirano tuvo una responsabilidad decisiva en el golpe militar.



Algo ocurre en estos días que parece aumentar las tensiones socialistas y una dirección política responsable debiera procurar atemperarlas. Sin embargo, el jefe del PS sigue la política opuesta: descalifica a uno de sus senadores vía parangones históricos de valor meramente retórico y para hacerlo utiliza de modo políticamente hiriente y abusivo episodios sobre los que no hay ni puede haber una interpretación socialista oficial. Días antes, otro alto dirigente ex Presidente del PS, el senador Núñez, habitualmente moderado y fraternal, invitó a abandonar el Partido Socialista a quienes expresan posturas críticas hacia la actuación de la Concertación. Unas semanas atrás el Secretario General Schilling había expresado elogiosos comentarios sobre socialistas capaces de atraer muchos votos de derecha, sin percibir, seguramente, que traslucía un sesgo negativo hacia quienes sostienen en el PS visiones más de izquierda. Otras voces, como por ejemplo el senador Gazmuri, que no es miembro de la actual mesa partidaria, han señalado, en cambio, la necesidad de abrir el debate con espíritu democrático.



La línea adoptada por la actual dirección socialista no parece la mejor para dirigir al Partido de la Presidenta. Si bien ha sido meritoria la decisión de Escalona de prestar un firme apoyo al gobierno, no es sostenible que so pretexto de la lealtad que se le debe a una Presidenta socialista, se actúe de modo agresivo y arrogante en vez de acoger la discusión amplia y crítica.



El gobierno de Bachelet es, de los cuatro gobiernos de la Concertación, aquel que mejor representa mis ideas y sentimientos como miembro del Partido Socialista. Me identifico con la perspectiva de cambio cultural que la Presidenta impulsa, con su visión crítica de la política tradicional, con su decisión de introducir cambios profundos en el sistema educacional, electoral, provisional y laboral, con su política hacia la infancia y sus criterios respecto a la salud reproductiva, entre otros temas. Ningún gobierno de la Concertación había abordado en tan breve plazo un conjunto de materias tan importantes y polémicas.



No obstante, esa identificación, que muchos socialistas y concertacionistas sienten, no obliga a concordar con todo lo que haga o decida el gobierno. Una ciudadanía crítica no es una carga para un gobierno como el de Bachelet, sino un aporte, un resultado de sus propias políticas de apertura, de presencia activa en el sitio mismo donde surgen las dificultades, de contacto directo con sus gobernados. Por otra parte, no cabe en un país que aspira a ser plenamente democrático y en partidos que se definen también como democráticos -más allá que muchas de sus prácticas internas no lo sean- renunciar al derecho a la crítica o a la disidencia.



La dirección que encabezaba Altamirano tuvo discrepancias con el Presidente Allende básicamente respecto a cuestiones de política hacia las Fuerzas Armadas, negociaciones con el centro y ritmos de ciertos procesos que la Unidad Popular impulsaba y, con la razón o sin ella, las hizo valer sin nunca introducir vetos a la acción presidencial. Idealmente e ingenuamente, uno diría que ojalá esas diferencias no hubieran existido. En su momento, mi propio deseo, y el de muchos, fue que se superaran. Pero la mirada histórica nos muestra que procesos como el de la Unidad Popular no son proclives a la absoluta armonía entre sus principales protagonistas. En otras realidades, quienes querían la unanimidad a toda costa terminaron transformando sus proyectos de cambio social en experiencias autoritarias.



En Chile, gobiernos democráticos, establecidos bajo la Constitución presidencialista de 1925, no obstante que no se propusieron objetivos tan profundos ni atravesaron enfrentamientos sociales tan fuertes como el de Allende, vivieron episodios engorrosos que enfrentaron al Presidente de la República con su propio partido. Pedro Aguirre Cerda, en el gobierno de Frente Popular, tuvo un conflicto tan grave con el Partido Radical que éste abandonó el gabinete y retiró sus ministros. Eduardo Frei Montalva enfrentó fuertes pugnas con la juventud democristiana y con el sector que controlaba la dirección partidaria, encabezado por Rafael Agustín Gumucio, tensiones tan graves que la Democracia Cristiana sufrió la escisión del MAPU durante ese gobierno y, poco después, en 1971, la pérdida de una parte significativa de su bancada de diputados con la formación de la Izquierda Cristiana.



Por todo lo anterior, no es sorprendente que en el curso de un proceso de intenso cambio social, el gobierno del Presidente Allende haya tenido diferencias de puntos de vista con la dirección de su partido. Se trataba de un proceso inédito, sin recetas de manual, un camino que efectivamente se hacía al andar.



Para dirigir el Partido del Presidente o Presidenta se requiere abrir espacios de debate en vez de clausurarlos, terminar con la discriminación o descalificación del que disiente y reconocer el derecho a la diferencia de opinión, en vez de aplicar concepciones basadas en un centralismo que, lejos de ser democrático, está fundado en una cultura de tendencias cerradas que funcionan las más de las veces con lógicas electorales internas.



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Jorge Arrate fue Presidente del Partido Socialista

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