Al afirmar que ‘el actuar de Carabineros en Arauco ha sido en cumplimento de sus deberes’, el Ministro del Interior chileno olvidó dos cuestiones elementales para justificar al personal policial que reprimió y provocó la muerte de un trabajador forestal en la zona de Concepción la noche del jueves cinco de mayo. La primera es que una imagen sigue valiendo más que mil palabras, y en este caso hay más de una que documenta la violencia inusitada y desproporcionada utilizada para despejar una vía tomada por los trabajadores de la empresa Celulosa Arauco y Constitución (Celco). Se habla de cien disparos hechos con fusiles de alto poder de fuego y de no menos de ocho proyectiles incrustados en el cargador frontal que manejaba el trabajador.
La segunda omisión de Belisario Velasco es que la globalización no es sólo un fenómeno económico, sino que -y principalmente- mediático. A las trasnacionales televisivas que han difundido urbi et orbe las impactantes imágenes de la balacera policial y a las decenas de millones de personas que las han visto, les debe haber parecido ‘confuso’ (por decirlo generosamente) que un alto funcionario político del gobierno chileno las atribuya al ‘cumplimiento del deber’. Aun al televidente más inadvertido, la simple comparación de imágenes y palabras le debe haber resultado chocante, incomprensible, irritante -y quizás más de alguno pensó en su interior si el Ministro lo tomaba por estúpido. Una cosa sí es segura: esas imágenes han tornado inservibles, al menos por un tiempo, los millones de dólares destinados por La Moneda para mejorar internacionalmente la ‘imagen país’.
Pero las consideraciones mediáticas no lo son todo. Hay toda una marea de fondo detrás de la decisión de reprimir una movilización de trabajadores con fusiles y balas de guerra. El por qué, si se trataba de un movimiento lícito (y aun si no lo hubiese sido), la policía acude a reprimirlo con una predisposición de violencia insuflada desde el mismo momento en que se premune (y por tanto implícitamente se autoriza el uso) a sus efectivos de armas aptas para un combate abierto en contra de quienes se supone al menos igualmente armados.
Este mismo razonamiento se aplica a la aberrante y sesgada explicación dada por la intendenta regional de Concepción, en cuanto a que la acción policial merecía todo su apoyo, porque la misión de Carabineros es ‘preservar el orden público’. Aberrante, porque una autoridad civil no puede (ni debe) justificar apriorísticamente el uso de la violencia -menos aún de una violencia apoyada en el uso de armas de fuego- como factor disuasivo para reprimir una protesta, una ‘toma’, una movilización. Y sesgada, porque la autoridad estaba (como coinciden todos los involucrados) plenamente en conocimiento del endurecimiento de las posiciones en pugna, de la muy probable ocurrencia de manifestaciones (toma de un camino) como la que se desarrollaba en el frontis de la empresa Celulosa Arauco y de la necesidad de haber actuado antes y no después de que los hechos se precipitasen.
Pero todavía más inquietante es la actitud que -a falta de instrucciones precisas de sus superiores (y cabe suponer que ése no fue el caso)- debe asumir la policía cuando de reprimir se trata. A sus efectivos se los supone sicológicamente preparados para enfrentar episodios imprevistos y que pueden desencadenar violencia. Es incomprensible pero además preocupante que evidencien y asuman conductas de descontrol -rayanas en el histerismo-, cuyo correlato es una violencia extrema. De ellos se espera ‘el uso proporcional de la fuerza’, lo que popularmente llamaríamos ‘sentido común’. No es lo que ocurre cuando la policía descerraja a quemarropa unos tiros en la cabeza de un hombre que previamente había disparado en contra suya, pero que ya estaba en el suelo herido con los primeros disparos e inerme (episodio ocurrido hace un par de años en Santiago, y que presencié a pocos metros). Ciertamente, no pude dejar de comparar tales irreflexivas reacciones con la del prolongado ‘diálogo’ (grabado y difundido hasta la saciedad) sostenido hace unos años por Carabineros de Viña del Mar con un capitán de Ejército que acababa de balear a otra persona en plena vía pública.
¿Discriminación, clasismo, ‘tolerancia’ entre ‘colegas’ e intolerancia con ‘los civiles’? Difícil saberlo. Pero a la propia policía uniformada debiera preocuparle situarse en las antípodas del respeto, la confianza, el autocontrol y la tolerancia con que se supone deben actuar quienes disponen -aparentemente de forma indiscriminada, y casi diríase irreflexiva- de las armas para reprimir.
¿Cabe pensar que éstos son sólo ‘episodios aislados’ (como suelen justificar las autoridades), que en nada separan tales conductas desquiciantes de las vistas a diario en la televisión estadounidense o israelí? ¿O responde, más bien, a una (de)formación institucional? A una suerte de paraguas donde la figura del policía-ministro de fe se supone que ampara y protege a quienes así actúan?
La sociedad chilena no escapa a las muestras de violencia creciente, desproporcionada de otras latitudes. Se la vive a diario, se la sufre en los actos más cotidianos. Por eso es que ‘el episodio de Arauco’ (uno más en una larga nómina) debiera en primer lugar motivar al Gobierno, al Ministerio del Interior y ciertamente a la superioridad de Carabineros a reexaminar no sólo las técnicas, sino que la mentalidad con que son nutridos quienes ingresan a esta institución.
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Nelson Soza Montiel. Periodista y Magíster en Economía
