En Chile, históricamente ha sido una responsabilidad y una tarea que asumió el Estado, apoyado por privados. Su relevancia quedó expresada en el lema acuñado por el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en la primera mitad del siglo pasado: «gobernar es educar». La educación pública se convirtió en orgullo nacional, y la tarea docente una vocación llevada con sacrificio. Los privados fueron partícipes de este proceso, a través de establecimientos sin fines de lucro, complementando al Estado y apoyados por el Estado. Normalmente estos establecimientos estuvieron ligados a instituciones religiosas o filosóficas interesadas en complementar la formación de sus alumnos en sus respectivos valores.
La educación era un tema de interés nacional donde el lucro no tenía espacio. Era una tarea para ser ejercida con vocación y pasión para tener un país mejor, más educado, no para lucrar, no para hacer negocios. No se trata de que el lucro sea algo malo per se, simplemente habían otros sectores en los que se podía lucrar.
Desde la municipalización de la educación y la incorporación al sector educacional de instituciones con fines de lucro en los años 80, la lógica empresarial, competitiva está pasando a ser la dominante. La educación concebida como un negocio más, al igual que la salud y la previsión. Es la marea neoliberal que postula la tesis de la santificación del lucro como motor del desarrollo, de la eficiencia, de la innovación, del aumento de la productividad.
Por más de 20 años este es el racional que ha imperado en nuestro país y los resultados están a la vista. El aporte del Estado chileno a la educación en relación al PIB es uno de los más bajos a nivel mundial (del orden del 4%), en tanto que el de los privados es de los más altos (sobre el 3%), y los resultados globales de nuestra educación están por los suelos. A nivel mundial contamos con un esquema en el que la introducción de la lógica del lucro no ha producido mejora alguna.
Esto se complementa con la constatación de que en ningún país del mundo, ni siquiera en los países de mayor desarrollo el Estado ha renunciado a su responsabilidad como lo ha hecho en Chile. Los esfuerzos que en tal sentido han realizado los gobiernos de la Concertación han sido claramente insuficientes, amén de erróneos en muchos casos. Recién ahora, con el proyecto de ley presentado por el gobierno, hay un intento por abrir un debate que ha sido rehuido a lo largo de todos estos años. Un debate necesario, aunque duela, porque nuestros hijos no se merecen una mala educación.
Si queremos de verdad pasar a otro estado de desarrollo, necesariamente tenemos que perderle el miedo a debatir en torno al país que soñamos. Para ese país debemos construir un sistema educacional que no tiene porqué apoyarse en el lucro ni en un Estado ineficiente. Se requiere un gran esfuerzo colectivo, común inspirado en el deseo de ser mejores, organizado por un Estado con capacidad -financiera y operativa- para llevar adelante una educación de calidad, con el apoyo de privados que quieran contribuir imbuidos por su responsabilidad social antes que por el lucro.
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Rodolfo Schmal es Ingeniero Civil Industrial (U. de Chile) y Master en Informática (U. Politécnica de Madrid, España). Actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Ciencias Empresariales en la Universidad de Talca.
