Durante el año 2006 y como consecuencia de las movilizaciones estudiantiles, se abrió un debate largamente postergado en nuestra agenda política así como en la opinión pública, referido a cambios estructurales en nuestro sistema educativo. El informe de la OCDE el 2004 se preguntó, si la reforma educacional en Chile había llegado al techo impuesto por las limitaciones estructurales, en otras palabras la LOCE, el sistema de subvenciones, la municipalización. Lo que quedó en evidencia para ese grupo de expertos en una breve visita, es algo que ya denunciábamos desde el PIIE en la década de los 80.
En esta perspectiva el proyecto de Ley General de Educación presentado por la Presidenta constituye un hito histórico y largamente esperado por un sector significativo de la ciudadanía. A través de este proyecto se deroga la LOCE, se cuestiona claramente el diseño de mercado imperante al prohibir el lucro con recursos públicos, se fijan principios básicos que orientarán el quehacer educativo entre los que destaca el derecho a la educación. Además se anuncian nuevas normativas en relación al sistema de financiamiento y a la institucionalidad de la educación pública estatal, así como la creación de una Superintendencia de Educación. Todas estas iniciativas constituyen un conjunto contundente de medidas que buscan cambios sustanciales y que, por primera vez, un gobierno de la Concertación se ha decidido a enfrentar. Se ha abierto debate sobre estos temas, no necesariamente compartimos todo el articulado de la nueva Ley, pero es imposible desconocer el significado histórico de este nuevo escenario.
Como era de esperar, esta situación ha generado una avalancha de críticas, centradas específicamente en dos artículos de la nueva ley y que buscan justificar la posibilidad de lucrar con los recursos públicos, y apoyar la selección de alumnos/as como garantía de la libertad de enseñanza.
La nueva propuesta de Ley supera con creces la visión reduccionista y sobreideologizada que tenía la LOCE, que confiaba en aumentar la calidad de la educación a través de la competencia entre sostenedores motivados por el lucro y que ha mostrado su completo fracaso. Pocos países en el mundo tienen un sistema escolar tan liberalizado como el nuestro, y sin embargo, los resultados son más que precarios, especialmente en algunas poblaciones escolares.
Elevar la calidad del servicio educativo constituye un tema complejo, que implica diversas variables, y que se vuelve particularmente complejo en nuestro contexto de sociedad, de profundas desigualdades socio-económicas. El desafío más difícil y que debiera ser prioritario, en este contexto, es lograr una educación de calidad para los alumnos/as de los sectores más carenciados.
La dura reacción de la derecha en defensa del lucro con recursos públicos y la selección de alumnos en los establecimientos subvencionados, demuestra que estos dos temas constituyen pilares fundamentales del fracasado diseño de mercado, por lo que es necesario revisar sus argumentos.
Respecto a la posibilidad de lucrar por parte de los establecimientos particulares, se han confundido conceptos y sobredimensionado sus consecuencias, extraviando intencionadamente el debate. Se confunde el lucro con pagar buenos sueldos a los docentes y al personal directivo, mejorar las instalaciones de infraestructura o contar con material educativo. Esta definición de lucro, sólo denota ignorancia o mala intención, una buena administración de los recursos nunca ha sido considerado como lucro. Seamos claros, el lucro es el monto de dinero que algún sostenedor retira como ganancia, independiente de las necesidades de mejoramiento que presentan sus establecimientos y muchas veces a costa de dichos mejoramientos, ese es el punto que está en discusión.
Algunos hechos recientes, como los colegios Britania, nos muestran que este tipo de lucro existe, que las normas mínimas para el adecuado funcionamiento de los establecimientos en muchos casos no se respetan, que la motivación de muchos sostenedores es la ganancia sobredimensionada en relación a las inversiones realizadas y no la educación que deberían brindar, por lo que el lucro se realiza a costa de las necesarias inversiones que, permanentemente, requiere un establecimiento educativo. Es decir, la normativa actualmente vigente legitima que la educación sea tratada como un buen negocio para los sostenedores en detrimento de los alumnos.
Por lo mismo, es extraño que connotados representantes de instituciones filantrópicas o religiosas defiendan con vehemencia el lucro que ellos no ejercen, y amparen de esta forma, comportamientos que no garantizan un uso adecuado de los recursos públicos, vulnerando de paso el derecho a una educación de calidad de los estudiantes.
Lo que todos los/as comentaristas en esta lluvia de opiniones han olvidado, es que la educación es un derecho y que ningún ciudadano debe pagar por acceder a derechos, y que es el Estado, aunque a muchos perturbe, el responsable último de garantizar los derechos vigentes en una sociedad democrática. De ahí la gran equivocación, al hablar de atentado a «las pymes de educación», de hablar que se acaban los incentivos para dar un buen servicio (lo que no ha resultado), de hablar de la ruina de numerosos empresarios de la educación. Ante esto último habría que recordar cifras, un 70% de los sostenedores particulares subvencionados son fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, con motivaciones filantrópicas, religiosas o de proyectos educativos específicos.
Quizás será difícil controlar adecuadamente el uso de los recursos, pero lo que no es posible mantener es el respaldo desde la normativa legal, que facilita y finalmente promueve conductas inapropiadas.
Lo más eficiente en este contexto, es fortalecer la oferta educacional que tiene como único objetivo ofrecer el mejor servicio educativo, que reinvierten en sus establecimientos la totalidad de los recursos públicos recibidos. No es necesario, ni por cobertura ni por calidad, tener sostenedores que ven en la educación una posibilidad de hacer negocio gracias a la subvención estatal, existen muchos otros ámbitos de la actividad económica donde pueden desarrollar sus «capacidades empresariales».
En relación a la selección, otro punto álgido de la controversia, nuevamente se utilizan argumentos que confunden. Se postula que no aceptar la selección hasta 8ÅŸ básico vulnera el principio de la libertad de enseñanza. Este argumento es tan débil como los anteriores, precisamente al seleccionar se está vulnerando la libertad de las familias a elegir un establecimiento educativo para sus hijos/as.
Por otro lado se insiste en la importancia de salvaguardar el cumplimiento del proyecto educativo de cada establecimiento. En los hechos, cada familia que elige un establecimiento para sus hijos/as está eligiendo ese proyecto educativo, con todo lo precaria que pueda ser la información que esté disponible al respecto. Parece muy poco probable que una familia matricule a sus hijos/as en un establecimiento con la intención de no cumplir los principios educativos que lo orientan. Es así como, lo que se está normando, se relaciona con la negación de matrícula por otras razones como tipo de familia, contexto socio-económico y cultural, pertenencias étnicas, religiosas u otras creencias y/o capacidades intelectuales de los postulantes. Lo pertinente en una sociedad democrática, que busca integración y cohesión social, es no aceptar la selección por razones arbitrarias en ningún nivel del sistema. Debiera estar garantizado el acceso sin otro requisito que la voluntad de las familias por educar a sus hijos/as en determinado establecimiento.
Es cierto que las dificultades comienzan cuando hay más postulantes que vacantes, debiendo reglamentarse el acceso, en estos casos, mediante procedimientos transparentes y no discriminatorios. Se ha criticado duramente el procedimiento de matrícula por orden de llegada o el sorteo de cupos, después de haberse considerado variables como hermanos en el establecimiento, hijos de funcionarios, cercanía geográfica. Si se consideran tan inadecuados esos procedimientos habrá que buscar otros, pero lo que no es aceptable es el comportamiento de la gran mayoría de los establecimientos particulares y algunos liceos emblemáticos, que sustentan su aparente calidad en una selección rigurosa de los mejores alumnos/as. Este hecho perjudica gravemente a los establecimientos municipales que deben atender sin excepciones a todo tipo de alumno/a.
De ahí que la tergiversación de esta discusión por parte de sectores interesados apunta a una progresiva privatizacion de la educación chilena, argumentando que las familias prefieren colegios particulares para sus hijos/as porque son mejores, afirmación que no está en absoluto comprobada. Lo que en realidad es mejor para las expectativas de las familias, es el grupo de pares con que se relacionarán sus hijos y eso tiene que ver con selección económica, cultural, de conductas sociales. Los datos nos muestran que los logros de aprendizaje, controlando la variable socio-económica, son mejores en las escuelas municipales que en las particulares subvencionadas. En este contexto el financiamiento compartido presenta una dificultad adicional, pues claramente se está seleccionando por disponibilidad económica. .
Se ha argumentado que si no hay selección se produce una nivelación hacia abajo. Y quién decide quiénes deben estar abajo y quiénes pueden estar arriba?
Lo lógico, y hacia allá se deben encaminar todos nuestros esfuerzos, es que todos vayan hacia arriba, es decir reciban una educación que les permita desarrollarse como personas según sus necesidades y capacidades. Cualquier establecimiento educativo que administra recursos públicos tiene como obligación entregar el mejor servicio educativo, independiente de las características que presente su alumnado.
Es así como aspectos relacionados con diseño de sistema, como son la identidad del sostenedor, el uso de la subvención estatal, la posibilidad de elegir a las familias más confiables o a los mejores alumnos/as, y que han desatado tanto revuelo, son aspectos que cobran una significación especial, cuando la demanda por procesos reales de mejoramiento de la calidad se está constituyendo en un imperativo.
Es indudable que el mejoramiento de la calidad y equidad de la educación no se logra sólo con el cumplimiento de estos dos controvertidos artículos. Constituye un proceso mucho más complejo, que a menudo tiende a simplificarse, en una dicotomía mecánica de insumos- productos, de mediciones y resultados. Para lograr procesos educativos de calidad, estos deben estar centrados en lo que ocurre en la institución escolar, en la forma como se construye una comunidad educativa centrada en la formación y el aprendizaje de sus alumnos/as, donde los diferentes actores identifican y asumen sus respectivas responsabilidades.
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Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE)
