Educación y factores de inequidad - El Mostrador

Lunes, 20 de noviembre de 2017 Actualizado a las 16:33

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Educación y factores de inequidad

por 24 mayo, 2007

Chile tiene un sistema educacional injusto e inequitativo. El origen de estos males radica en el cambio del rol del Estado, de garante a subsidiario, que trasladó la responsabilidad de la educación, centralmente en la familia, asunto que en un país de enormes inequidades sociales, lejos de resolverlas, no hace más que profundizarlas.



Ahora que prácticamente la única voz que se levanta, en un país que le teme al debate, es en torno a números, estándares y cálculos precisos de ecuación, es pertinente volcar la vista respecto a los factores estructurales que determinan la situación que denunciaron los estudiantes en la revolución pingüina del año pasado: Chile tiene un sistema educacional injusto e inequitativo.



El origen de estos males radica en el cambio del rol del Estado, de garante a subsidiario, que se nos impuso a todos los chilenos, trasladando la responsabilidad de la educación, centralmente, en la familia, asunto que en un país de enormes inequidades sociales, lejos de resolverlas, no hace más que profundizarlas.



En este contexto, el niño no tiene asegurado el derecho a la educación, ya que éste queda sujeto al deber de los padres, quienes están en condiciones muy desiguales para cumplir con este mandato.



Pero, además, desde la concepción de rol subsidiario, el sistema de financiamiento de la educación cambió radicalmente, desde presupuestos que respondían a las necesidades de los establecimientos para entregar educación, a un financiamiento vía subvención por asistencia de alumnos, bajo la lógica de que lo que se tiene que cubrir es la demanda, regulada por la competencia.



Este sistema de financiamiento es el que da pié y estructura un sistema inequitativo:



Todos los alumnos y escuelas reciben el mismo monto de financiamiento por alumno asistente, sin considerar que las necesidades educativas son muy distintas, y por lo tanto, implican costos diferentes. Peor aún, justamente en los sectores más vulnerables se produce mayor ausentismo, lo que implica que estos sectores que requieren de mayores recursos, en la práctica, incluso reciben mucho menos; y terminan siendo gravemente discriminados.

Las escuelas compiten en el mercado para tener matrícula y parte del marketing está basado en los resultados SIMCE. Para alcanzar mejores puntajes, los establecimientos particulares subvencionados seleccionan a los "mejores alumnos". Así, finalmente, lo que tanto publicitan los medios de comunicación es un engaño a la comunidad, pues lo real es que estas escuelas y liceos no son mejores, como aparecen; todo su "mérito" es que legalmente tienen el derecho a seleccionar y pueden trabajar con "buenos" alumnos. El resultado que obtienen no se debe a su trabajo sino a las características de los alumnos que matriculan.



El broche de oro ha sido el financiamiento compartido, el cual utilizan masivamente los establecimientos particulares subvencionados, lo que implica agudizar las diferencias puesto que, además de seleccionar alumnos y contar con una subvención estatal igual que los del sector municipal, reciben adicionalmente un pago directo de la familia.



Ello se suma a que los sostenedores privados no tienen las mismas obligaciones que el sector municipal, lo que les implica menores costos. De hecho, reciben el dinero, vía subvención, para el pago de las remuneraciones establecidas en el Estatuto Docente, pero no tienen la obligación de rendirlo ni de pagarlo. Así, por ejemplo, el porcentaje de recursos que reciben para el pago de perfeccionamiento es cuantiosos, y la gran mayoría de los sostenedores los guarda en vez de entregárselos a quienes debiera destinarse: el personal docente que trabaja con normativas laborales exageradamente flexibles.



Lamentablemente, la ley de subvención preferencial que hoy se discute en el Congreso, a pesar de que tiene como objetivo ayudar a superar la inequidad, al estar asentada en los mismos instrumentos de mercado -subsidios portables al alumno y competencia entre establecimientos, tenemos la convicción que en lugar de resolver el problema puede profundizarlo.



Lo evidente es que la selección y exclusión de alumnos y alumnas ha acompañado este proceso, concentrándose, comparativamente, en los establecimientos municipales los alumnos con mayores carencias y problemas, muchos de los cuales en algún momento fueron rechazados por el sistema particular. Se "limpian" de esta forma los establecimientos particulares del conjunto de alumnos más difíciles de educar.



La consecuencia de estas políticas de financiamiento es la profundización de la segmentación social ya existente. Los conglomerados de alumnos se vuelven cada vez más homogéneos social y económicamente, aumentándose la brecha entre un servicio educativo con mayores recursos y uno destinado a los sectores con menos ingresos.



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Jenny Assael. Observatorio de Políticas Educativas. Universidad de Chile

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