Vivimos desde hace diecisiete años un veto parlamentario de la derecha. Es preciso terminarlo.
El poder de la derecha -la sumatoria de su fuerza económica, comunicacional, cultural y política- no es para nada un factor nuevo en la vida de Chile. Tampoco el debate sobre cómo enfrentarlo. Cuando Eugenio González, el más destacado teórico del socialismo chileno, terminó su período en el Senado y abandonó la política activa para volcarse de lleno a la actividad universitaria, pronunció un discurso pleno de significativas disquisiciones. En un texto que contiene una elevada reflexión sobre la democracia, la libertad, el humanismo y el socialismo, el futuro Rector de la Universidad de Chile expresó también su inquietud frente a los desafíos inmediatos de su época y planteó una tesis que, vuelta a leer hoy, no puede menos que despertar interés. Corría el año 1957, González observaba con inquietud la situación política y social y su discurso se dirigía a los partidos de izquierda y centro que él denominaba «de avanzada social». Entre otras afirmaciones, dijo González:
«Estamos refiriéndonos a los partidos de avanzada social. De ellos depende, fundamentalmente, que nuestra democracia representativa -de la cual tanto nos enorgullecemos, a pesar de sus graves tergiversaciones- siga su curso regular, perfeccionando las instituciones libres y abriendo cauce a transformaciones económico-sociales (Â…). Ya lo dijimos en otra oportunidad sin encontrar eco: es hora de superar las discrepancias superficiales, para buscar afinidades solidarias, de suspender recriminaciones estériles, para aunar esfuerzos constructivos. ¿No son los partidos de avanzada social, coincidentes en sus principios libertarios, en sus tendencias económicas, en sus métodos políticos? ¿No representan en su conjunto la mayoría nacional? ¿Por qué, entonces, no podrían encontrar las bases de una acción común en el Parlamento, ahora y más tarde en el Gobierno?»
Han transcurrido exactamente cincuenta años desde aquel discurso que no tuvo la recepción que merecía: un año más tarde las «fuerzas de avanzada social» postularon con tres candidatos a la Presidencia de la República -Allende, Frei y Bossay-, y sumaron dos tercios de la votación, pero, con un tercio, la derecha eligió a Jorge Alessandri.
Son pocas las ocasiones en que ha sido posible constituir bases mínimas para el entendimiento de las fuerzas de avanzada social. En 1938, el Frente Popular logró derrotar estrechamente a la derecha, porque unió partidos de izquierda y centro y el movimiento sindical, y tuvo un velado apoyo de jóvenes de la Falange Nacional.
En 1958, la democracia chilena fue objeto de importantes perfeccionamientos, gracias al acuerdo sobre «Saneamiento Democrático» que alcanzaron las fuerzas de avanzada social en el Congreso, entre ellas, una profunda reforma al sistema electoral, maleado por el cohecho que practicaba la derecha, y la derogación de la ley llamada de «Defensa de la Democracia», que ilegalizaba al Partido Comunista.
En 1969, Radomiro Tomic, desde la Democracia Cristiana, levantó nuevamente una tesis similar a la de Eugenio González: la «unidad social y política del pueblo». No tuvo éxito, pero la consagración de Salvador Allende como Presidente en el Congreso Pleno (una suerte de «segunda vuelta», pero parlamentaria) fue posible gracias al entendimiento entre él y Tomic, y entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Para muchos, el fracaso en lograr ese entendimiento durante el gobierno de izquierda fue una de las causas de la derrota de 1973.
El triunfo del NO en el plebiscito de 1988 y la elección de Patricio Aylwin en 1989 fueron importantes momentos de coincidencia de las fuerzas de avanzada social. La dictadura y sus seguidores fueron desplazados y una democracia, aún limitada, fue reestablecida gracias a la confluencia del voto de los partidos de la izquierda y el centro político y muchas organizaciones sociales. La historia posterior, por múltiples causas que no analizaré ahora, ha sido de encuentros fugaces pero decisivos: Lagos y Bachelet, al no alcanzar la mayoría en la primera vuelta electoral, triunfaron en la segunda gracias a la suma de los sufragios de las fuerzas de avanzada social, lo que evitó el triunfo de la derecha.
Las circunstancias de hoy son distintas a las de 1957 o de las ocasiones recién recordadas. Nuestra democracia incompleta se rige por una Constitución que requiere ser reemplazada por una democráticamente consagrada por la ciudadanía. El régimen electoral excluye a un sector significativo del país y oligarquiza a los partidos políticos. El sistema -sus instituciones políticas estrechamente imbricadas con las económicas- prolonga las extremas e injustas diferencias sociales, a pesar de los positivos esfuerzos de los gobiernos. Los partidos políticos sufren una crisis de representatividad, incapaces de hacerse cargo de la nueva configuración social del país y de los cambios ocurridos en la sociedad chilena. La inmensa mayoría de nuestros jóvenes no confía en la política, en sus dirigentes y organizaciones, ni en los gobiernos, y han perdido confianza en el poder del sufragio universal, gravemente disminuido por las exclusiones sociales y políticas y por el carácter corporativo de los partidos.
Es decir, los desafíos son enormes si queremos efectivamente cambiar el modo de vivir y abrir esperanzas realistas de un país más igualitario y más libre.
No hay, sin embargo, grandes obstáculos para generar convergencias básicas. Sería apresurado proponerse desde el inicio construir grandes y detallados acuerdos o programas y establecer pactos de gobierno. Si bien hoy las dificultades existentes en los últimos años de la dictadura y en los primeros de la transición no existen ya y todas las fuerzas de avanzada social -desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, Fuerza Social, la Surda y otros grupos excluidos del Congreso- están comprometidas con un ideario democrático, es más realista proponerse metas mínimas: concordar algunos puntos esenciales y enfrentar juntos las contiendas electorales sin perder las respectivas identidades.
Hay que retomar la inspiración de Aguirre Cerda, Eugenio González y Radomiro Tomic y ponerla al servicio de las esperanzas de una juventud que aspira a otro futuro. Los debates sobre la Concertación y su devenir o sobre el sistema electoral binominal deben, en primer término, considerar esta perspectiva. Concretarla significaría, en realidad, un nuevo comienzo.
Es decisiva la fuerza que tendría una coincidencia entre las fuerzas de avanzada social, las incluidas y las excluidas, para enfrentar los desafíos políticos más urgentes y ojalá, más adelante, establecer en Chile una democracia plena.
La Concertación no puede olvidar que hace casi veinte años prometimos a los chilenos «una patria para todos».
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Jorge Arrate fue Presidente del Partido Socialista
