El Colegio Médico de Barcelona sorprendió al declarar que se opone a la venta en farmacias de la píldora del día después sin receta, tal como quiere implementarlo el Ministerio de Salud catalán. Considera un error la medida por sus efectos secundarios y porque está contraindicada en muchos casos.
En Barcelona se reparte la píldora en forma gratuita, en todos los centros de salud, con el propósito de reducir los embarazos inesperados y los abortos, sobre todo en mujeres jóvenes. Pero lejos de lograr estos objetivos, las estadísticas muestran un significativo aumento de los embarazos y abortos en España: el 2005 se repartieron medio millón de píldoras del día después y los abortos fueron 91 mil, un 50% más que el 2000, cuando todavía no existía la píldora.
Cifras oficiales constatan que las principales consumidoras de la píldora son mujeres entre 18 y 22 años, luego las adolescentes entre 13 y 17, y que muchos centros de urgencias colapsan los fines de semana con jóvenes que la piden «por si acaso». Una de cada tres reincide, pidiéndola más de una vez. Según los médicos, la decisión de entregar la píldora sin receta no permitirá controlar a las mujeres reincidentes que la piden no frente a una emergencia, sino como método anticonceptivo usual, poniendo su salud en grave riesgo.
Aquí, en Chile, el Ministerio de Salud compró en el extranjero 25 mil dosis de píldoras del día después para abastecer la red de salud pública y las farmacias, en vista del rechazo de los laboratorios nacionales a fabricarla, por no contar con registro sanitario vigente. Por otra parte, el Tribunal Constitucional no decide aún sobre el requerimiento presentado por diputados Pro Vida en contra del decreto supremo que autoriza la entrega de la píldora a mujeres a partir de los 14 años sin autorización de los padres.
Si bien las estadísticas españolas confirman que la píldora del día después termina siendo usada en cualquier caso, lo fundamental es que se subordina un valor esencial, como es el derecho a la vida, a las opiniones y decisiones de las autoridades de turno.
En Chile pasa lo mismo. Por razones ideológicas se pretende, a toda costa, demostrar que la autonomía de las autoridades para decidir está por sobre el respeto a la vida. Se podrían usar estas estadísticas para señalar que lo que se dice en Chile llevará a un fracaso, pero sería un error hacerlo. Porque éste no es un problema de números, sino de valores profundos que nuestra sociedad debe respetar.
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Martita Fresno M. Periodista, Fundación Jaime Guzmán E.
