En una jornada relacionada con la problemática del agua en la industria minera, realizada recientemente, uno de los asistentes a modo de reflexión, destacaba que llevaba más de dos décadas escuchando sobre la necesidad de avanzar hacia una gestión integral de los recursos hídricos, pero no veía avances significativos. Esa pregunta me llevó a reflexionar, ¿se alcanza a percibir el salto cualitativo y estructural que hay que realizar para poder avanzar en este sentido? ¿Los diferentes actores están realmente preparados para afrontar los desafíos que ello implica?
La gestión del recurso hídrico ha pasado de modelos estatales, en los cuales el ente público definía todos los aspectos vinculados al manejo del recurso, a concepciones de libre mercado de aguas. El actual Código de Aguas es un instrumento ligado a esta concepción. A partir del fortalecimiento de políticas que permitieron una mayor injerencia de capitales privados en la explotación de los recursos, paralelamente se produjo un paulatino debilitamiento de las estructuras del Estado, especialmente en los estratos técnicos, responsables de la planificación y el control.
Uno de los conflictos que surge en zonas de alta sensibilidad hídrica, es que una buena parte los derechos sujetos a este mercado suelen estar apoyados en evaluaciones técnicas antiguas, poco precisas, lo que ocasiona importantes impactos ambientales y sociales. En la Región de Tarapacá, es notorio el intenso deterioro del Salar de Michincha y los impactos en los salares de Coposa y Lagunilla, los cuales están actualmente sometidos a intensas estrategias de «mitigación de impactos».
La gestión integrada de los recursos hídricos requiere de la construcción de espacios de consenso como una forma de avanzar hacia la gobernabilidad de los recursos en el marco de un uso sostenible. Pero estos espacios requieren de aportes y aperturas que exceden los límites de la normativa vigente. Las leyes ambientales ayudan a mitigar parte de los conflictos, pero no alcanzan a solucionar completamente la complejidad territorial asociada a los usos del agua. Para ello, se requiere de una Evaluación Ambiental Estratégica y del trabajo articulado de los distintos sectores involucrados y afectados.
En los últimos años, las comunidades se están movilizando cada vez más en defensa de sus recursos naturales. En este contexto, las empresas suelen reclamar una mayor mediación del Estado para la solución de los conflictos. Pero para el ámbito público esto no es siempre factible, debido tanto a su propio debilitamiento anteriormente mencionado, como a la falta de una clara definición respecto a la contradicción sustancial que la política estatal debe enfrentar: la necesidad de crecimiento económico por un lado y la sostenibilidad territorial por otro.
Surgen entonces algunas preguntas respecto de las posibilidades de avanzar hacia un modelo de uso sostenible de los recursos por parte de la industria minera en los salares altoandinos. ¿Existen mecanismos institucionales y técnicos suficientes que permitan garantizar un modelo sostenible de extracción de aguas? ¿Es posible establecer estrategias de consenso entre el conjunto de actores? ¿De qué forma las organizaciones ciudadanas pueden aportar en este proceso?
En este sentido, cabe destacar que en algunos sectores de la ciudadanía se intenta favorecer el funcionamiento de mesas de diálogo multisectorial y establecer fluidas vías de acceso a la información. Además, se evalúa como posibilidad participar de manera más activa en los procedimientos de control y co-monitoreo. Pero el éxito de esta conformación requiere de compromisos de las distintas partes y contemplar una visión de proceso de «largo plazo».
Finalmente, nos queda la pregunta, ¿están dispuestos la ciudadanía, el Estado y las empresas de sostener un proceso de este tipo?
Aníbal Manzur es Doctor en Geología. Miembro de Red Puna Sustentable y Grupo Agua, socios de Fundación AVINA
