Imposible no asociar la marca ‘Celco’ con daño ambiental, económico y social, y también con gigantes utilidades dado el espectacular precio internacional de la celulosa, pero en la vereda opuesta diversas comunidades -sin la misma llegada en las esferas de poder- deben mirar con impotencia una herencia nefasta.
No hay espacio para otra cosa que no sea la impotencia y la indignación. Nadie puede acreditar que una firma que está paralizada por orden de la autoridad a causa de funcionamiento irregular y daño ambiental, siga ejecutando operaciones y vierta 50.000 litros adicionales de químicos contaminantes, que empeoran la catástrofe ambiental y económica provocada en la Región del Maule el 5 de junio pasado.
El historial de estas plantas de celulosa es inigualable y suma ahora dos desastres consecutivos en la cuenca del río Mataquito, en la Provincia de Curicó, donde además de la mortandad de miles de peses y aves, los pescadores artesanales ya no pueden trabajar. ¿La empresa los va a indemnizar, les va a ofrecer alternativas laborales concretas?.
Lamentablemente, la autoridad no ha mostrado voluntad política para imponer que estas plantas instalen tecnología de ciclo cerrado para tratamiento de agua.
A partir de las enormes utilidades que Celco ostenta, es dable una condición de este tipo. Si ese argumento falla, cabe recordar que hace rato Celco entró en los anales de nuestra historia. El 14 y 15 de diciembre de 2005 la Comisión Chilena de Energía Nuclear reconoció al «primer accidente radiológico de gravedad» sucedido en el país, a causa de la contaminación con Iridio 192 que sufrieron 249 trabajadores en la planta Nueva Aldea. Otras 14 personas también fueron contaminadas en otro «incidente radiológico» sucedido en marzo de 2004 en la planta de Valdivia.
En materia económica, en mayo del año pasado 80 mil botellas de vino fueron rechazadas en Suecia cuando las autoridades locales constataron que «Valle del Itata» -impreso en las etiquetas de la firma Itata Wines- remite a un sitio que en Chile se ocupa para cultivar vides y para blanquear celulosa.
Hoy, la falta de mantenimiento del sistema de tratamiento de desechos químicos y la existencia de ductos irregulares revela conocimiento e intención de Celco para actuar fuera del orden jurídico. Es un comportamiento delictual que requiere además de las multas; paralización de faenas; compensaciones materiales y sanciones penales. El gobierno de Bachelet debe dar una señal clarísima ante la reincidencia en conductas ilícitas con resultado de daños a terceros y al ambiente, pues esto amenaza al Estado de Derecho.
La catástrofe de la planta Licancel de Celco muestra un déficit democrático grave, dada la ausencia del Estado en la fiscalización y los síntomas de ingobernabilidad que demuestran la existencia de empresas que funcionan al margen de la ley. Esta catástrofe expresa la insoportable inequidad que significa que grandes consorcios empresariales traspasen sus costos al medio ambiente y las economías locales, y luego se preocupen de ostentar utilidades descomunales y mostrarse como ejemplo de buenas inversiones.
Así, Celco es un ejemplo perfecto de lo que ocurre en Chile con parte importante de los grandes enclaves industriales, principalmente forestales y mineros, incluidas las empresas públicas: Cumplen con reticencia lo mínimo requerido por los procedimientos de evaluación ambiental; no aseguran medidas de prevención de daños; inician funcionamiento en el descampado de la ausencia fiscalizadora; acomodan los procesos productivos a la maximización de las ganancias; y en nombre de la ‘competitividad’ contaminan y destruyen las economías locales ante la impotencia de los vecinos. En síntesis, beneficios privados y costos públicos.
La celulosa es una industria altamente contaminante y debe ser constantemente monitoreada y su plantas fiscalizadas por personal especializado y una red de vigilancia ambiental ciudadana, y con autoridades locales en cada una de las cuencas donde existe una planta o un proceso productivo de alto riesgo, como las celulosas. Su actual autorregulación, implementada por la autoridad ambiental en el pasado, está en crisis.
El gobierno debe obligar a Celco a instalar la tecnología de ciclo cerrado. Sus utilidades y su nefasto historial legitiman esta propuesta. De otro modo la comunidad seguirá vulnerable a nuevos desastres y a daños contra las actividades productivas.
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Sara Larraín. Directora del Programa Chile Sustentable
