El término de la concesión a un canal privado de televisión venezolana por parte del gobierno de Chávez y su reemplazo por emisiones estatales provocó un enorme revuelo internacional que expresaba, por un lado, algunas legítimas preocupaciones porque se sentía amenazada la libertad de prensa y, con ello, se podía abrir una deriva al debilitamiento de la democracia, y también porque en algunos casos se sentían atacadas determinadas posiciones políticas también legítimas, pero que, a diferencia de la primera situación, no se referían a la libertad de prensa en sí misma, sino a la pérdida de espacios propios de la oposición a dicho gobierno.
Decimos algunas legítimas preocupaciones, porque al margen de estas dos reacciones, y a veces encubriéndose en ellas, por otro lado se desató una ola de denuncias por parte de muchos sectores que defienden poderosos intereses que no se corresponden ni con la libertad de expresión ni el derecho a la información, ni tampoco con la libertad real de prensa, principios todos estos de naturaleza distinta y que se tiende interesadamente a confundir, produciéndose una manipulación de la opinión pública.
En efecto, las libertades de expresión y opinión y el derecho a la información, son derechos consustanciales a la democracia, y sólo en la medida que se identifique con aquellos, la libertad de prensa es una garantía que no puede suprimirse sin afectar la democracia. Pero en ese sentido, la libertad de prensa, entendida como el derecho a poseer y usar medios de comunicación, en la medida que depende del derecho de propiedad de esos medios al que sólo tienen acceso quienes tienen los recursos económicos para ello, debe entenderse sólo como un instrumento para el ejercicio efectivo, por parte de todos, de los derechos democráticos consustanciales señalados. De modo que tanto un monopolio estatal de los medios de comunicación que impidiera el pluralismo y atentara contra la libre expresión y opinión y el derecho a la información veraz y oportuna, como una concentración de los medios privados en manos unos pocos grupos que se reparten el privilegio de su propiedad, es igualmente preocupante. Porque hay que recordar que la información y el acceso a ella son un servicio público aunque la propiedad sea privada, igual como lo es la educación, por ejemplo, y no puede estar regulada, como ocurre con otras mercancías en el capitalismo, por los puros principios de mercado.
Y en este sentido, el panorama latinoamericano es desolador y la verdadera amenaza a las libertades de expresión y opinión, al derecho a la información y a la efectiva libertad de prensa, con algunas excepciones, viene menos del control estatal y mucho más de la concentración monopólica de prensa y medios audiovisuales, especialmente, la televisión, por parte, de sectores que representan, muchas veces, también grandes intereses económicos. Aunque puedan estos sectores ser discrepantes entre sí, actúan como verdaderos carteles que impiden el real pluralismo, es decir, la libertad de expresión y opinión y coartan el derecho a la información veraz y oportuna, del mismo modo que lo pueden hacer los monopolios estatales. Más aún tienden a ser más que medios de comunicación, información y libre expresión, verdaderos poderes fácticos que pautean a los gobiernos y los poderes políticos e intentan manipular a la opinión pública.
A esta concentración monopólica, hay que agregar rol que ejerce la propiedad de los medios de comunicación sobre los periodistas y muchas veces la obsecuencia de éstos temerosos de perder sus empleos o sus propios intereses corporativos o ideológicos y los déficit de formación que puedan tener así como el incentivo a publicar lo que sea porque vende, el poder que tienen los avisadores sobre los medios, la ausencia en casi todos los países de medios de prensa y audiovisuales efectivamente públicos que no se rijan por mecanismos de mercado y que actúen como contrapeso, la falta de adecuadas leyes de prensa que salvaguarden la libertad pero también el pluralismo de los medios por encima del poder de sus propietarios y de regulaciones de las concesiones de los medios audio-visuales, la ausencia generalizada en el sistema educativo de una enseñanza sobre los medios, la indefensión del ciudadano frente a la publicidad e información engañosa y la ausencia de canales para la expresión de éste y de los grupos y actores sin poder económico. Todos estos aspectos, y podrían agregarse otros, constituyen la verdadera amenaza hoy a la libertad de opinión y expresión y al derecho a la información.
Se ha dicho demasiadas veces que los medios de comunicación tienen hoy un enorme poder. Pero se hacen muy pocos esfuerzos intelectuales, legales y judiciales para impedir que este poder sea ejercido por unos pocos y evitar que la opinión publica ciudadana quede relegada a ser un mero reflejo de ese poder. Siempre que se plantean estos problemas, surge la denuncia defensiva que se está atentando contra la libertad de opinión y expresión o el derecho a la información, confundidos con la propiedad de quienes los medios y sus particulares opiniones y posiciones. Es hora de defender en serio estos derechos y no sólo para algunos, para lo que es necesario, por lo menos, introducir el papel subsidiario del Estado en promover medios alternativos y libres de expresión y en la distribución equitativa de la publicidad estatal, regular y limitar los monopolios y el poder de los avisadores, asegurar el pluralismo interno de los medios como se hace en muchos países, donde estos mismos establecen un defensor o abogado del lector o del ciudadano, lo que podría también hacerse con el audiovisual.
Plantear estos asuntos no es limitar los derechos de expresión y la libertad de prensa, sino precisamente promoverlos. Porque sería tan hipócrita hacer vista ciega frente a los posibles ataques a estos derechos por parte del Estado, como hacerlo frente a los que se cometen desde una cierta y malentendida libertad de prensa.
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Manuel Antonio Garretón. Departamento de Sociología. Universidad de Chile
