En las últimas semanas la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile definió tomarse las dependencias de la Casa Central. El motivo era uno sólo: acabar con las desigualdades sociales que se reproducen al interior de nuestra casa de estudios y abrir el conocimiento que ésta produce a todos los chilenos y chilenas. Desigualdades que se traducen en problemas concretos como el endeudamiento, la inequidad en el acceso y una calidad educativa condicionada a los ingresos económicos de las facultades.
¿De qué sirve plantear con energía que se requiere un nuevo trato con el Estado si en nuestra propia Universidad se lucra con las dificultades económicas de los estudiantes, y cuando el conocimiento que produce no se coloca al servicio de las necesidades del país? Creemos que bajo el discurso de un «nuevo trato con el Estado», la rectoría avanzaba en convertir a la Chile en una pequeña universidad de excelencia, sin las trabas burocráticas que tiene hoy dado su carácter estatal, abandonando su carácter público, plural y con vocación nacional; apostando a una educación preferentemente de postgrado y captando a los estudiantes de los quintiles más ricos de la población, renunciando a ser formadores de profesionales de sectores plurales de la sociedad chilena.
No sabremos con certeza si ése era el destino de nuestra Universidad. Lo que sí sabemos es que la movilización lo puso en la agenda pública, y que el Encuentro Universitario del segundo semestre abrirá la discusión en toda la comunidad de nuestra casa de estudios para que sea ésta la que defina el proyecto de la Universidad de Chile. Es por esto que el esfuerzo del movimiento estudiantil hacia el futuro debe estar enfocado primordialmente en construir entre todos un proyecto de Universidad Pública que responda a las necesidades de las grandes mayorías del país. Debemos ser capaces de proponer, como comunidad universitaria, una salida para resolver la crisis y el deterioro de la docencia, investigación e infraestructura de las universidades estatales y la desvinculación del Estado con la Educación Superior Pública.
¿Qué ganamos en concreto? Desde hoy a los estudiantes sin capacidad de pago se les condonarán todos los intereses acumulados en sus deudas, y resguardados frente a alzas arancelarias. Además, los estudiantes que hayan ingresado desde el 2006 en adelante recibirán cobertura crediticia completa -del arancel real-, en iguales condiciones a las del Fondo Solidario. Habrá una evaluación docente vinculante y evitaremos que académicos muy relevantes para el pregrado abandonen nuestra casa de estudios. Se establecerá que los estudiantes de colegios municipales y subvencionados entren a la Universidad con un sistema complementario a la PSU, que disminuya la inequidad en las condiciones de ingreso. Para el segundo semestre sostendremos un Encuentro Universitario, donde toda la comunidad definirá el horizonte estratégico de la Chile. Esta es la forma en que, en democracia, se realiza un nuevo trato con el Estado, es a partir de esta movilización que se puede decir que, efectivamente, «la calidad es equidad».
Es cierto que estas medidas de presión pueden parecer extremas, pero logran remover los conservadurismos que muchas veces se empiezan a instalar en una Universidad que se preocupó por mucho tiempo de desatarse de los amarres de la dictadura, pero que una vez alcanzada esta nueva institucionalidad pareció volver al inmovilismo. Haber cerrado las puertas por algunas semanas, le guste a quien le guste, permite que hacia el futuro la Chile sea una universidad mucho más plural y abierta, y que vuelva después de 10 años a discutir un proyecto de Educación para el país.
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Giorgio Boccardo. Presidente de la FECH
