La muerte en la cárcel del más cruel torturador de la dictadura nos permite darnos cuenta de la total impunidad en que se mantiene la sistemática aplicación de la tortura efectuada por el régimen de Pinochet.
No ha habido hasta la fecha ninguna condena por las decenas de miles de torturas acreditadas por la Comisión Valech. Ä„Ni siquiera Romo lo fue, ya que el se encontraba en presidio condenado exclusivamente por la desaparición forzada de personas! El crimen contra la humanidad representado por la más extendida forma de represión utilizada entre 1973 y 1990 -de acuerdo a los Informes Rettig y Valech- no ha merecido hasta hoy ninguna condena de los tribunales.
Para ser justos, este ominoso desenlace se debe fundamentalmente a las medidas a favor de la impunidad promovidas y aprobadas por los poderes Ejecutivo y Legislativo durante el gobierno de Lagos. Es cierto que el Poder Judicial contribuyó decisivamente a la impunidad de la tortura bajo la dictadura; pero también lo es que, a partir de la detención de Pinochet en Londres, dicho poder ha buscado una reivindicación histórica tratando de aplicar justicia respecto de aquellos crímenes.
Ya a comienzos de esta década, diversas autoridades de gobierno y líderes de la Concertación se pronunciaron claramente en contra de la justicia en casos de tortura. Así, el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, -ante la emergencia de varias acusaciones de la aplicación de aquella barbarie- declaró en 2001 que «me preocupa que en este país todo el mundo se ponga a denunciar, porque creo que sería negativo… ¿queremos ir a buscar a 5 o 20 mil autores? ¿todo el que golpeó a alguien tiene que ser llevado ante los tribunales de justicia? («La Nación»; 15-2-2001).
A su vez, el entonces senador José Antonio Viera-Gallo planteó que «si se multiplicaran los procesos por tortura se produciría un atochamiento judicial imposible de sobrellevar porque los casos son miles» y que «abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre las torturas es verdaderamente inconducente» («El Mercurio»; 14-2-2001).
Consistente con estos pronunciamientos, el gobierno de Lagos propuso -dentro del proyecto de ley de reparaciones presentado a raíz del Informe Valech- un acápite que virtualmente consagra la impunidad de la tortura, el cual fue aprobado en 48 horas, cual simple buzón, por el Congreso Nacional en diciembre de 2004.
Por medio de dicha cláusula se establece una impunidad moral, administrativa y judicial respecto de las denuncias de delitos de tortura efectuadas ante la Comisión Valech. De este modo, en el artículo 15 de la Ley 19.992 se estipula que «son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura…El secreto establecido en el inciso anterior se mantendrá durante el plazo de 50 años…Mientras rija el secreto previsto en este artículo, ninguna persona, grupo de personas, autoridad o magistratura tendrá acceso a lo señalado en el inciso primero de este artículo». Aplicando esta disposición «legal», ya se le ha negado a los jueces el acceso al conocimiento de denuncias de torturas…
Es tan aberrante este engendro que su perversidad legal parece ser superada solamente, en los anales republicanos chilenos, por el decreto-ley de autoamnistía de 1978. Su mantención no solo provocará una impunidad generalizada respecto de la tortura dictatorial, sino que además constituirá un oprobio permanente para nuestro país y sus instituciones.
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Felipe Portales. Sociólogo
