Por fin el gobierno ha lanzado este invierno la campaña de ahorro y eficiencia energética y ha incorporado a todos los ciudadanos al dictar una norma que permite a las empresas generadoras pagar incentivos o hacer descuentos por reducciones de consumo de los clientes domiciliarios. Con esta inclusión, las autoridades optan por comprometernos a todos en las decisiones sobre energía para crear una cultura responsable al respecto.
Así, la campaña es un aporte de sensatez y visión de Estado a la política energética de Chile, dado que, finalmente, la autoridad da indicios de incorporar un importante criterio de sustentabilidad en sus decisiones, en un contexto de desabastecimiento, pero sobre todo ante la certeza de que la energía será cada vez más cara y generarla implica impactos socio-ambientales que muchas veces son difíciles de prever.
En efecto, es absurdo pensar el tema como si estuviéramos frente a un pozo sin fondo, como si la principal solución a la creciente demanda eléctrica fuera construir más y más plantas generadoras. O sea, no es inteligente encausar la política del sector sin controlar la demanda y es el Estado el que debe dar la pauta, ya que las empresas eléctricas rigen su actuar según criterios de mercado y, en tal sentido, ven que ganan más cuando la luz queda encendida.
En lo que va del año, la demanda eléctrica promedia un incremento de 6%, pero el crecimiento macroeconómico es apenas de 5.6%. Es decir, continúa el despilfarro de energía y no necesariamente justificado por el crecimiento del país, sino por la ineficiencia y a la poca inteligencia en el uso de nuestro capital energético. En términos prácticos, la demanda eléctrica de Chile crece 500 MW/año, o sea, el equivalente a una represa Ralco, que ha significado erradicación de comunidades indígenas, impacto socio-ambiental y cultural, costos para el Estado y perjuicio para economías locales.
La campaña «Usa bien la energía. Sigue la corriente» es un paso destacable en la generación de estímulos para cambiar nuestros hábitos culturales, valorar la energía, asumir su escasez y entender que actos que en apariencia son irrelevantes -como desenchufar los artefactos electrónicos cuando no son usados u optar por ampolletas eficientes, entre otras tantas sugerencias- sí tienen peso para el desarrollo energético del país y para el propio bolsillo, y debe movernos a informarnos sobre las opciones para ahorrar y ser eficientes.
Sin embargo, parlamentarios de la UDI han planteado críticas injustas contra las iniciativas del Programa País de Eficiencia Energética, que este año tiene un presupuesto de $1.444 millones, 3 veces más del que tuvo en 2006. Las críticas, provenientes de un sector que en el pasado ha negado fondos al programa, se refieren a un supuesto intento por tapar las alzas tarifarias venideras, pero no aclaran que las actuales alzas se deben a medidas para asegurar las inversiones en energía (en beneficio de las eléctricas), establecidas en la Ley Corta 2 y vigentes desde el año 2005, y también al reemplazo del gas por petróleo. Por lo demás, es sabido que la energía tendrá un costo cada vez mayor en todo el orbe.
Es importante entender que estas campañas se inspiran en políticas modernas de sustentabilidad, y que los programas de ahorro de energía y eficiencia en el consumo han logrado objetivos notables en países desarrollados. Por ejemplo, en California, EE.UU., con un equipo de 500 personas y un presupuesto de 300 millones de dólares anuales para un estado de 35 millones de habitantes, el programa local consiguió en 1990 que el crecimiento de la demanda de electricidad disminuyera de 7% a 2%, mientras la economía mantuvo estable su nivel de desarrollo entre 3% y 4% en la década anterior. Estas medidas permitieron que no se construyera centrales nucleares o a carbón, a pesar de las «soluciones» propuestas por la industria y sus lobbistas.
Este paradigma energético permite que, actualmente, 75% de la demanda se cubra mediante las medidas de eficiencia. El 25% restante proviene del gas natural, la cogeneración y las energías renovables eólica, solar-térmica, geotérmica y biomasa (desechos agrícolas y de maderas de la ciudad). En 2004, las cuentas de electricidad ascendieron a 32 mil millones de dólares en todo el estado, y las autoridades locales prevén que el ahorro por la eficiencia asciende a U$16 mil millones, y que, por lo tanto, cada familia ahorra mil dólares anuales.
Este y otros ejemplos sirven para entender que la campaña iniciada en nuestro país no responde a un imperativo coyuntural, sino una cuestión más ambiciosa: a un intento por cambiar la cultura de los consumidores domiciliarios y de la industria, respecto del uso de la energía.
Si se cumple la meta de ahorrar anualmente 1,5% de la energía en los próximos 10 años, el país no necesitaría 4 plantas de generación a carbón de 300 MW cada una. Esa sería una meta beneficiosa para todos, lograda con una política sustentable y democrática, muy distante de las respuestas interesadas que plantean grupos corporativos.
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Sara Larraín Ruíz-Tagle. Directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable
