La Encuesta de Caracterización Socio Económica Nacional (Casen) es un valioso instrumento estadístico que se viene realizando en Chile desde fines de los años ochenta y su objetivo es medir la pobreza, la distribución del ingreso y entregar distintos indicadores para evaluar las políticas públicas en el ámbito social. Desde 1987 al 2006 se han realizado ocho encuestas de este tipo, con una metodología común y, por tanto, comparable. Con el tiempo también se ha ido perfeccionando la captura de la información y su cobertura, lo que permite hoy tener una encuesta respetada y usada por los organismos técnicos internacionales (OCDE, Banco Mundial; Banco Interamericano de Desarrollo etc.) por los especialistas nacionales y una información básica para los ciudadanos. Esta encuesta es también un activo del país que es necesario conservar y desarrollar.
La Casen 2006 aplicada entre noviembre y diciembre de ese año a 335 comunas, encuestando a 73.720 hogares y 268.873 personas, ha generado dos resultados claves, entre muchos otros, que concitan el mayor interés. El primero, sobre pobreza, indica que a fines del 2006 existían 2,2 millones de pobres, con lo cual la pobreza registra su mayor descenso en los últimos 12 años y baja desde 18,7% de la población en el 2003 a 13,7% el 2006; por otra parte, la línea de pobreza en zona urbana, es decir, el ingreso necesario por persona para cubrir el costo de una canasta mínima para enfrentar las necesidades alimenticias y no alimenticias, fue fijada en 47 mil pesos y la indigencia, es decir la canasta que sólo costea la alimentación, fue fijada en 23 mil pesos. El segundo resultado relevante es sobre distribución del ingreso que por primera vez desde que se hace esta encuesta registra un ligero mejoramiento distributivo en el ingreso autónomo (antes de los subsidios en educación, salud, etc.) y que lo retrotrae a la situación existente en 1992, cuando la relación del quintil más rico respecto al más pobre era de 13,17 y en el 2006 fue de 13,10. El coeficiente de Gini utilizado para medir grados de desigualdad en la distribución del ingreso también muestra una ligera reducción de 0,57 a 54, señalando un movimiento hacia una menor desigualdad; sin embargo, este coeficiente todavía se encuentra lejos de las marcas registradas en países desarrollados que están en torno a 0,4.
Naturalmente estos primeros resultados son positivos para el país, al final de cuenta ellos no son de izquierda ni de derecha, navegamos en el mismo barco y a todos (cierto, por la codicia a unos menos que otros) nos interesa que la carga esté bien estibada a fin de no naufragar. Para la Concertación es un premio a la perseverancia de sus políticas sociales, pues como veremos más adelante no sólo el crecimiento y el empleo juegan en el tema de la pobreza y, mucho menos, en el tema distributivo. En la administración Aylwin la reforma tributaria permitió iniciar con fuerza una recuperación del gasto social público per cápita en educación y salud y que en 1990 representaban un 40% y 35%, respectivamente, menos, en términos reales, de lo que se tenía en 1970. Durante la administración Frei se alcanzan y se superan los niveles de gasto de 1970 en los rubros indicados, y se inicia el programa «Chile Barrio» para el tratamiento focalizado de la pobreza. En la administración Lagos se amplía este último programa y se mejora la focalización a través del programa «Chile Solidario».
Las primeras reacciones de la oposición, particularmente de su dirigencia política, respecto a los resultados de la Casen 2006 originó una crítica destemplada. Inspiradas, al parecer, por la nueva estrategia del «Desalojo» a como dé lugar, los resultados de esta encuesta fueron inmediatamente desacreditados, ya sea porque, según ellos, las cifras no eran creíbles, debido a un eventual y sustantivo cambio metodológico o porque no se entregaron todos los resultados juntos etc. No hay razón para inhibirse en la realización de un análisis interpretativo de los resultados; después de todo, es evidente que el porcentaje de pobres tendrá que haber disminuido debido al crecimiento económico, aumento del empleo y reforzamiento de los recursos destinados a las políticas sociales en el período 2004-2006. La proporción en que la pobreza disminuye es un problema estadístico y que naturalmente hay que esperar una información completa para tener una opinión definitiva.
Lógicamente la Casen es perfectible. Desde ya la canasta, que permite calcular las líneas de pobreza ancladas todavía al año 1990, debiera haber sido actualizada en la Casen del 2003, según la encuesta de presupuestos familiares del INE efectuadas en 1996-97. Parece perfectamente pertinente usar datos más actualizados respecto a lo que efectivamente consumen los hogares así como su estructura. De acuerdo a ello, la «Fundación para la Superación de la Pobreza» estimó, usando la encuesta del INE recién señalada, que la Casen del 2003 registraría un 36% de pobreza y no un 18,7%; y seguramente si se hiciera el ejercicio hacia atrás para el resto de las Casen la pobreza no sería de 45% en 1987 sino mucho más elevado. En cualquier caso, este ejercicio no invalida para nada la tendencia o persistencia a una reducción gradual del porcentaje de pobreza desde 1990 al 2006. Sin embargo, el nivel absoluto de pobres sería más alto con la corrección señalada y, por tanto, el tema de la pobreza sigue siendo de alta prioridad y no podríamos estar hablando con tanta liviandad de una rebaja de impuestos.
Ahora bien, ¿cómo explicar la baja persistente del porcentaje de pobreza en Chile? Dado los múltiples de factores que inciden en este fenómeno, existen varias explicaciones. Sin duda el crecimiento económico que arrastra empleo, y particularmente el de mano de obra poco calificada, tiene una gran importancia en la reducción de la pobreza, pero sería un error dejar a ésta en manos de las fluctuaciones cíclicas de la economía, pues lo central es atacar aquellos factores estructurales que reproducen la pobreza y ello tiene que ver con el accesos a la educación, a la salud, a la vivienda, y algunos subsidios monetarios para completar el financiamiento de una canasta mínima de consumo. En este sentido, la política social se orienta en el espíritu socialdemócrata tradicional, es decir, reducir la vulnerabilidad a que esta sujeta la población entrampada en la pobreza y ayudarla a salir de ello a fin a que posteriormente puedan caminar con su propio esfuerzo.
El año 2006, la política social usó recursos del orden de los 7540 millones de dólares con lo cual, a parte de contribuir a reducir el porcentaje de pobreza y poner las bases estructurales para que ésta no se reproduzca, permitió también que la brecha entre el quintil más rico y el más pobre se redujera de 13,1 a 7,1, habida cuenta de dicha política. Sin este ajuste difícilmente podríamos gozar de la estabilidad social y política que tenemos y la fractura social sería mucho más compleja de abordar. En consecuencia, la capacidad redistributiva del Estado no es menor.
Muchos economistas de derecha se han embelesado en el último tiempo en hacer el ejercicio teórico de distribuir estos recursos destinados al gasto social entre la población, excluyendo al 10% más rico y progresivamente favorable a los más pobres, de tal suerte de que cada uno recibiría 1.600 dólares anuales, puesto que la línea de pobreza está en poco más de 1.000 dólares anuales, entonces se habría acabado la pobreza en Chile. No obstante la ingenuidad tecnocrática de este ejercicio, se trata en el fondo del subsidio a la demanda llevado al extremo, con un Estado asistencial que es un mero intermediario en el traspaso de recursos sin ninguna consideración de los límites estructurales que reproducen la pobreza. Un acto de caridad y no de justicia al nivel macro, que reforzaría la «libertad de elegir» de los pobres y que les permitiría salir de ella. Esta visión ideologizada y extrema del neoliberalismo estamos seguro que hará sonreír a cualquier liberal anglosajón y con mayor razón si se trata de un europeo.
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Alexis Guardia B. Economista
