Que la educación esté en el centro del debate político, social y económico de nuestro país no es casualidad. La experiencia mundial ha demostrado que constituye el factor determinante para alcanzar el desarrollo y permitir a la ciudadanía el acceso a mayores y mejores oportunidades. Las reformas de los últimos tuvieron resultados exitosos en términos de cobertura, pero aún tenemos una deuda pendiente. Tal como se plantea en las conclusiones del Consejo Asesor de la Presidenta, y lo que ya planteó el Informe Brünner en 1994: Chile necesita una educación de calidad.
Lamentablemente, la propuesta del Gobierno, materializada en el Proyecto de Ley General de Educación, no sólo no se hace cargo de este desafío, sino que amenaza de manera significativa los avances logrados en las últimas décadas. En efecto, mantiene el enfoque institucional destinado a preservar e incrementar el rol burocrático del Ministerio, la excesiva injerencia presidencial en la designación de los miembros del Consejo Nacional y la disminuida capacidad ejecutiva de la Superintendencia, no repara en los problemas fundamentales como son la creación de herramientas para una gestión eficiente de los establecimientos, la autonomía en la conformación del cuerpo docente o la libertad que a través de un financiamiento fiscalizable y responsable, pueda incidir directamente en los logros de una escuela.
Como consecuencia de este diagnóstico, la Alianza por Chile asume la responsabilidad de plantear una propuesta de educación al país, asegurando la libertad de enseñanza y situando a la calidad en el centro de cualquier planteamiento. En primer lugar, concibe la educación como una política de Estado, preservando la idea de que se requieren consensos para tomar decisiones y así asegurar la estabilidad a largo plazo en esta área. A su vez, propone la existencia de un Consejo Nacional de Educación realmente autónomo, que sobre definiciones técnicas establezca las bases fundamentales de su desarrollo.
En segundo término, plantea mejorar el sistema de financiamiento, en orden a asegurar mayores recursos, objetiva y eficientemente asignados. Pero, más importante aún, que permitan a todos los estudiantes recibir educación de calidad, de manera de avanzar en integración e igualdad de oportunidades. Asimismo, es fundamental empoderar a los padres y apoderados, para que ellos exijan a las escuelas, para que cuenten con la información y así puedan tomar mejores decisiones para sus hijos o pupilos.
Uno de los aspectos más importantes que destaca en la propuesta alternativa es la participación y definición clara de las responsabilidades y roles que debe cumplir cada actor del proceso educacional. Por una parte, se hace cargo de un diagnóstico acordado respecto de la falta de claridad en los roles de la escuela o sostenedor y de las autoridades, principalmente el Ministerio de Educación; por otra, permite responsabilizar a cada actor por el no cumplimiento de sus roles. Lo anterior es básico para poder contar con un Sistema de Aseguramiento de la Calidad y entregar a cada uno las herramientas para ejercer sus labores a cabalidad. Es por ello que el proyecto plantea que los sostenedores deben contar con autonomía para tomar las decisiones que más se ajusten a sus necesidades locales y tiene, como contraparte, claras sanciones a quienes no cumplan con los estándares mínimos acordados por el país.
En definitiva, la propuesta representa un compromiso con el futuro del país ya que sienta las bases de la educación que Chile requiere para dar el gran salto hacia la calidad. Se reconocen las falencias de la legislación vigente y se plantean los cambios requeridos. El desafío ha sido planteado y depende de la sociedad poner el acento en el verdadero objetivo de nuestra nación: una educación de calidad para todos.
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Cristián Valenzuela B. Investigador Área Legislativa. Fundación Jaime Guzmán E.
