Está llegando a su fin el trabajo de la Asamblea Constituyente Boliviana, que tiene que cumplir con su ajustado itinerario, entregando el viernes 22 de junio las resoluciones de las comisiones de trabajo, para la redacción final del borrador de Documento que deberá ser entregado en el mes de agosto, para una posterior consulta plebiscitaria al pueblo boliviano.
Sin lugar a dudas la tarea no ha sido fácil, y la mejor demostración de aquello han sido los fuertes enfrentamientos entre el gobierno y la oposición durante esta semana, particularmente sobre el tema de las autonomías regionales e indígenas. Debemos recordar que éste ha sido uno de los tópicos fundamentales de la oposición política que unida al movimiento cívico de los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija han puesto al centro desde el triunfo del plebiscito de julio del año pasado en que venció la postura de su autonomía y que hoy reclaman su implementación legal, al calor de la discusión constituyente.
Por supuesto que esto generó el rechazo del gobierno, acusando que esta tendencia tiende a disgregar el Estado boliviano, y a no pensar solidariamente en el desarrollo integral de su país, atendiendo al hecho que varios de estos departamentos realizan un aporte muy significativo al producto interno bruto y por lo tanto la generación de la riqueza boliviana.
Pero el problema se ha complejizado aún más a partir de la propuesta del MAS (Partido gobernante) en la Asamblea Constituyente de definir constitucionalmente que Bolivia es un país plurinacional y comunitario, generando con ello la plataforma legal para el reconocimiento de 36 autonomías indígenas, que gozarían de territorio y autogobierno propios.
Esta situación genera el conflicto en que por un lado se otorga autonomía a comunidades específicas, y por el otro se niegan los procesos de autonomías departamentales.
Aquí radica una pugna política central, porque están en cuestión conceptos de fondo del proyecto socio político que el gobierno de Evo Morales intenta cristalizar en su país que sintoniza con realidades y demandas más generales en la región latinoamericana, y que son las que han posibilitado que gobiernos con más acento en las preocupaciones sociales y asumiendo mucho del fracaso de las radicales políticas neoliberales impulsadas desde gobiernos dictatoriales militares y autoritarios civiles, estén explorando nuevas formas de participación democrática de los pueblos, así como el reacomodo de políticas sociales vitales que fueron dejadas al libre arbitrio de las fuerzas del mercado y de intereses de grupos económicos nacionales e internacionales (como por ejemplo la previsión social, la medicina, la educación, la energía, etc.).
Que los grupos indígenas necesitan de mayor atención y focalización de políticas públicas y recuperación de sus espacios propios para el desarrollo es del todo innegable, especialmente en una realidad como la boliviana. En esa dirección esta propuesta constitucional aparece con impecable lógica, que se suma a experiencias exitosas en otras latitudes de nuestro propio hemisferio (indígenas de Canadá). Esta figura legal, en nada debiera asociarse a la ruptura del concepto de un solo estado para el caso boliviano, más aún que en una lógica mínima de sustentabilidad, no hay posibilidad alguna que pequeñas comunidades indígenas pudieran vivir fuera del marco del estado que actualmente los incorpora.
La vieja polémica entre estado y nación, que tan dolorosas experiencias nos recuerda la historia, intenta ser resuelta en base a un sentido común y una responsabilidad con una deuda ancestral hacia nuestros orígenes.
Un signo distinto es el que aparece con la moción de autonomías departamentales, que es apoyado por la oposición política al gobierno (el PODEMOS) y el movimiento cívico del oriente y sur del país. Pesa más el carácter ideológico de una oposición elitista y conservadora, ligada a importantes grupos económicos que buscan desolidarizarse de un proyecto país que encarna el gobierno de Morales.
Es más complicada esta posición, cuando se hace atisbos de una defensa violenta de sus postulados, encarnados en los llamados a la formación de comités de defensa de la autonomía, a la desobediencia civil y en esta semana a la participación de las Fuerzas Armadas en este conflicto.
Afortunadamente, el paulatino proceso de modernización de las fuerzas ha hecho que éstas cada vez sean más parte de los compromisos institucionales democráticos, que de los problemas de su interrupción. Así lo ha manifestado claramente el comandante de las Fuerzas Armadas, general Wilfredo Vargas, quien sostuvo que la institución «garantiza al gobierno legítimamente constituido» y añadió que «no se transa, no se negocia la integridad nacional». También agregó que «las fuerzas armadas no van a permitir un fraccionamiento del estado, eso quiere decir una división, una separación del estado».
El general Vargas aseveró que con los cambios que se vienen dando en el país y la redacción del nuevo texto constitucional, muchos grupos e individuos «perderán ciertas dádivas en beneficio de la colectividad nacional». «Los movimientos cívicos mientras estén en el marco democrático pueden ayudar, pero si tienen otras finalidades de satisfacer ambiciones de personas o grupos, eso ya requiere otro tratamiento».
Probablemente el gobierno de Morales podría haber abordado estos acuciantes debates de mejor forma. Entre ellos haberse dado un mayor tiempo para la propuesta de una nueva constitución, atendiendo a las reformas de fondo que se pretenden y a la posibilidad de haber consolidado aspectos cruciales de su gobierno que hubiesen facilitado la discusión.
Así como trabajar más finamente el concepto unitario del estado boliviano, atendiendo a las profundas realidades étnicas y pesos regionales existentes, tratando de construir con más solidez una hegemonía creciente para la instalación de un ideario común en esa dirección.
Otro actor no menos relevante, a pesar del respeto irrestricto a la soberanía del proceso boliviano, lo jugarán los vecinos de la subregión. Particularmente para nosotros los chilenos, porque a diferencia de esquemas propios de la seguridad nacional en que la ecuación de vecindad se manejaba en el sentido que mientras peor le iba al vecino, mejor resultaba el posicionamiento para nosotros, de acuerdo a los análisis de las potencialidades de las capacidades, hoy esto se hace impresentable. Justamente porque los procesos de interdependencia hacen que estemos muy ligados a los éxitos de nuestros vecinos, porque éstos directamente impactarán en nosotros. La ecuación hoy se conjuga de la forma en que mientras mejor le vaya al vecino, nosotros también gozaremos de ese éxito.
Que el proyecto boliviano logre avances efectivos, redundará en mejores condiciones para los proceso de integración y avanzar en la resolución de inseguridades latentes. Permitirá plataformas más óptimas para abordar los temas energéticos, de migraciones, de narcotráfico, de fronteras, etc..
Por eso debemos frenar los atisbos xenófobos, de menosprecio al proyecto del presidente Morales y de cuidar el hecho de otorgar una tribuna amplificada a corrientes que interesadamente alientan el conflicto con Chile, instalando la sensación que ciertas regiones y actores desean avanzar en las relaciones con nuestro país, pero ante el cual se oponen las políticas centralistas, como ha sido destacado en varios reportajes nacionales sobre Santa Cruz y Tarija.
De aquí que nos importa que el gobierno boliviano tenga éxito en la construcción de un nuevo proyecto nacional, que se mantenga íntegro y respetando las convicciones democráticas de todos los actores. Un vecino exitoso aportará a la tendencia a que en nuestra subregión se profundice la democracia.
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Carlos Gutiérrez. Director del Centro de Estudios Estratégicos (CEE-Chile). Miembro del Consejo de Populáricos
