En el año 2005 la empresa ENDESA, anunció su intención de construir cuatro mega-represas en los ríos Baker y Pascua en la región de Aysén. El proyecto -que ha enfrentado la oposición de diversos sectores por sus previsibles consecuencias ambientales y sociales- rápidamente se instaló en el colectivo como un proyecto necesario y de urgente realización. Lo anterior, gracias a la hábil puesta en escena de Endesa y al auspicio indisimulado de algunas autoridades públicas.
Recientemente, el Presidente de Colbún -compañía que el año 2006 se sumó a la iniciativa de Endesa-, ha declarado que se encuentra bajo estudio la reducción de las áreas de inundación asociadas a las cuatro mega-represas, en una proporción que podría llegar al 30% sobre las más de 9.000 hectáreas a inundar que contempla el proyecto. La noticia ha sido ampliamente difundida y celebrada por las autoridades. Al respecto, cabe hacer los siguientes comentarios.
En primer lugar, es importante subrayar que el proyecto Endesa-Colbún, no ha recibido hasta la fecha sanción formal de ningún tipo, no se ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ni se ha autorizado su construcción bajo ningún respecto. En consecuencia, todas las declaraciones que lo dan como un hecho son inexactas, inducen a error y comprometen la imparcialidad de las autoridades sectoriales que las emiten y que -directa o indirectamente- participarían en su evaluación.
En segundo término, sorprende que los ejecutivos de Endesa y Colbún sólo adviertan ahora que el proyecto es eventualmente factible si se reducen las áreas de inundación en un tercio – nada menos que 3000 hectáreas de la Patagonia chilena, hermosa y biodiversa— y no lo hubieran hecho al comienzo del proyecto. De acuerdo a las declaraciones del propio presidente de Colbún, el asunto pasa por inversiones más y rentabilidades menos. Es justo ahora preguntarse, si bajo este mismo esquema, no es posible construir represas de pasada -sin embalse- o invertir en otros proyectos de generación potencialmente menos destructivos. Tal vez, también en estos casos se trate de inversiones más y rentabilidades menos, en un sector económico con ganancias siderales y en alza.
En tercer lugar, no debe llamar a confusión la declaración del presidente de Colbún en cuanto al real impacto ambiental del hipotético proyecto Hidroeléctrico Aysén y los problemas que traería aparejado su desarrollo. Aún cuando se reduzca, el área de inundación seguiría siendo casi dos veces la superficie inundada para la represa de Ralco; afectaría una zona natural y prístina ubicada en el corazón de la Patagonia chilena; su eventual realización impactará -como ya lo intuyen los empresarios locales— el potencial turístico de la zona; convertiría los dos ríos más caudalosos de Chile en una fuente de electricidad destinada a abastecer el Sistema Interconectado central (SIC) sin dejar energía en la región y estaría asociada a la construcción de la línea de alta tensión más larga del mundo lo que -lejos de ser un orgullo—plantea un desafío ambiental de proporciones que no estará exento de debate.
Hoy día pocas personas parecen poner en duda la existencia de un problema energético a nivel global y de su contrapartida, llena de particularidades, en el caso de Chile. En este sentido, el doble desafío que se nos presenta consiste en responder a estas necesidades de un modo eficaz y responsable. Siendo éste el escenario, se espera de la autoridad que sea capaz de orientar un proceso que mire globalmente las necesidades energéticas del país y discrimine las mejores alternativas conforme a los parámetros del bien común. Dicha valoración, vale la pena recordarlo, es distinta a la que están referidas las rentabilidades privadas a las que aspira, sin excepción, toda empresa. Esto exige excluir, desde ya, los juicios anticipados y evitar encandilamientos frente a medidas efectistas que no miran el fondo del problema.
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* Felipe Meneses. Abogado PUC. Master RRII American University
