Existen serias deficiencias en el sistema de educación superior chileno. Problemas en la calidad de los planes de estudio que dictan el sinnúmero de instituciones que operan actualmente; problemas de financiamiento tanto para quienes ingresan o pretenden ingresar a la educación superior, como para los establecimientos que imparten las carreras; problemas de equidad, trato desigual para las universidades regionales versus las que tienen su sede en la Región Metropolitana, etc.
Pero sin duda, el problema matriz corresponde a la falta de articulación del sistema y a la nula reflexión y debate previo a la generación de sus políticas y leyes durante los últimos 25 años. Existe una desconexión entre las necesidades del país con su contexto específico de desigualdades y la ruta privada extrema seguida por nuestra educación terciaria. Por último, y no por ello menos importante, hay una pérdida de sentido de la educación entregada que se manifiesta en la ausencia de la pregunta clave de ¿qué educación queremos?
Lo cierto es que desde comienzos de la década del 80′ hasta el día de hoy, la matrícula en la educación superior chilena se ha cuadriplicado, tenemos 600 mil estudiantes en universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales, un crecimiento de 6.000% en la matrícula en universidades privadas, una cobertura del sistema para el grupo etáreo entre 18 y 24 años que pasa de 16% en 1990 a 38% en 2003.
Pero este crecimiento ha sido de carácter inorgánico. En primer lugar el rol del Estado ha sido desplazado a un lugar secundario. Actualmente, de cada $100 que se gastan en educación superior sólo $20 provienen de fuentes públicas y el resto de los bolsillos de las familias chilenas, escenario totalmente opuesto a lo que ocurre en los países desarrollados en donde el 80% de los recursos es responsabilidad del Estado. Lo problemático, es que esta estrategia asumida (sin debate) por nuestro país, opera en un contexto en donde en el 60% de los hogares los ingresos mensuales no sobrepasan los $400 mil, vale decir, una nula capacidad por parte de estas familias para aportar recursos a la educación superior de sus hijos.
En segundo lugar, el crecimiento de la matrícula se ha hecho realidad fundamentalmente en los sectores de mayores recursos. Sólo 1 de cada 7 jóvenes pertenecientes al quintil más pobre de la población en edad de estudiar accede a la educación superior. En cambio 3 de 4 pertenecientes al 20% de las familias más ricas se encuentra en igual condición.
A pesar de la enorme brecha por quintiles en la cobertura en educación superior, cuando esperamos 1 millón de estudiantes para el 2012, entendemos que gran parte de ellos provendrán de los quintiles más pobres, a pesar de que los puntajes más altos en la Prueba de Selección Universitaria se concentran principalmente en los alumnos que egresan de los colegios particulares pagados, en virtud de un sistema de educación básica y media segmentado por poder adquisitivo de las familias.
Este panorama futuro, obliga junto a repensar el sistema a nivel general, repensar también las instancias de financiamiento para los estudiantes. Por ello, la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, luego de tres reuniones con el ministerio de Educación en el marco de una mesa de trabajo que intenta poner sobre la misma una serie de demandas y problemas históricos, está cuestionando (y esta vez con argumentos técnicos) el sistema de acreditación socioeconómica que existe actualmente para asignar créditos y becas.
En conjunto con Fundación Terram, se levanta una propuesta que critica y propone una serie de modificaciones, para que así, al menos los tres quintiles más pobres de los hogares chilenos que tienen a sus hijos cursando alguna carrera en alguna de las 25 universidades del Consejo de Rectores, cuenten con el 100% de ayuda para financiar los costosos aranceles. Esto como punto de partida, en una serie de propuestas que irán surgiendo para mejorar todo el sistema de educación superior.
Específicamente, es urgente aumentar el ingreso per cápita de corte o canasta de gasto mínimo que el ministerio de Educación utiliza para asignar un 100% de ayuda. Hoy, un estudiante que vive en la Región Metropolitana e integra un grupo familiar de cuatro personas, debe acreditar un ingreso per cápita menor o igual a $55 mil para obtener este beneficio. Además, debe imputar a su ingreso un porcentaje si su grupo familiar posee vivienda propia; no se consideran los egresos sociales como las enfermedades catastróficas o el hecho de tener a más de un integrante del grupo en la educación superior; y debe eliminar de su grupo familiar a los mayores de 18 años y menores de 65 años que estén sin trabajo y no se encuentren incapacitados para laborar, siendo que también deben satisfacer sus necesidades básicas.
A través del cálculo de un Umbral Mínimo de Satisfacción de Necesidades -elaborado por Fundación Terram- que incluye el gasto «mínimo» que una familia debe realizar para poder alimentarse, vestirse, movilizarse, mantener una vivienda y recrearse un par de veces al año, se concluye que todo estudiante que acredite un ingreso per cápita menor a $117.000 debería recibir el 100% de ayuda, lo que implica más de $80 mil millones de recursos extras. Bonito desafío para la política pública y el país, si desea hacer explícito los desafíos de la equidad y la igualdad de oportunidades.
Marco Kremerman, economista de Fundación Terram.
