Nuevamente el invitado de piedra: la distribución del ingreso

Durante los últimos 17 años, la Concertación ha tenido que lidiar en el ámbito económico con una pesada herencia que dejaron 17 años de régimen militar: un 45% de la población sumida en la pobreza y una regresiva distribución del ingreso y la riqueza. A la hora de hacer las cuentas podemos constatar que el nivel de pobreza ha ido retrocediendo sistemáticamente hasta situarse en torno al 13,7% (Casen 2006), pero la distribución del ingreso, y por tanto los niveles de desigualdad, prácticamente no han variado; la información proporcionada por la última Casen muestra en ésta un leve mejoramiento, que es auspicioso sin duda, pero lejos de lo alcanzado en países desarrollados. La OCDE señalaba el 2003 «Chile tiene una de las distribuciones del ingreso más desiguales entre los países emergentes». Más tarde, el PNUD observaba el 2005 que Chile tenía la décima peor distribución del ingreso del mundo, sólo sobrepasada por algunos países africanos y por Brasil, Bolivia y Colombia, en América Latina.

Algunos han querido justificar este fenómeno aduciendo que primero había que preocuparse de la pobreza y después del tema distributivo, sin tener en cuenta que elevados niveles de desigualdad hacen más difícil reducir la pobreza. Según la experiencia chilena, el crecimiento económico ha sido neutro para la distribución toda vez que este crecimiento arrastrando empleo hace disminuir el nivel de pobreza sin afectar las brechas de ingresos existentes. Dicho de otra forma, cuando: crece la marea avanza la flota, pero la distancia entre los barcos se mantiene. Lógicamente desde el punto de vista socio económico, cuando la distancia de ingresos es entre 4 millones de pesos y 300 mil, un aumento de 10% para cada cual no tiene las mismas consecuencias.



Mejorar la distribución del ingreso es tarea difícil y de largo plazo en cualquier economía en desarrollo; para que el ingreso medio de los grupos de bajos y medianos ingresos crezca más rápidamente que el de los altos ingresos sin mayores costos en términos de eficiencia supone cambios estructurales e institucionales que a su vez modifiquen las rigideces que reproducen las condiciones que llevan a la permanencia de la concentración del ingreso. Los países hoy desarrollados y particularmente los países escandinavos lo han logrado y se sitúan en los primeros lugares de la equidad.



¿Cuales son esas rigideces que, en el caso de Chile, es necesario remover a fin de mejorar la distribución del ingreso? Sin pretender ser exhaustivo mencionaremos brevemente las siguientes.



La primera, y que concita un gran consenso político es eliminar la mala calidad en la educación para los jóvenes que vienen de hogares con bajos ingresos. Se ha creado una segregación social en el acceso a la educación de calidad que se hará insostenible a largo plazo. Se trata, en consecuencia, primero de un problema de justicia a fin de evitar un apartheid respecto al conocimiento, y posteriormente en un tema económico ligado al desarrollo del capital humano necesario para sostener el crecimiento futuro apoyado en una creciente fuerza de trabajo calificada, de elevada productividad y mejores salarios.



La segunda, es elevar la participación femenina en el mercado del trabajo, hoy del orden del 36% de la ocupación; esto es especialmente significativo en los hogares de medianos y más bajos ingresos, pues un segundo salario puede influir en un mejoramiento en la distribución y los niveles de pobreza. Como es sabido, los factores limitantes de una mayor participación femenina son: la disponibilidad de trabajo a jornada parcial, subsidios para el cuidado infantil, y tratamiento impositivo para los efectos del segundo salario en el hogar. Respecto al primer factor existe hoy una gran flexibilidad en la ley laboral para desarrollar esta modalidad de contrato, respecto a los otros dos estamos en los prolegómenos.



El tercer elemento a considerar en el tema distributivo y que está presente en toda la literatura que aborda este tema, es la concentración de activos productivos o financieros en pocos agentes, o más conocida como concentración de la riqueza o del patrimonio. En el caso de Chile y también al nivel mundial, semana a semana hay registro de grandes operaciones de «absorción y fusión» de empresas que apuntan hacia una mayor concentración de la riqueza. Como el escorpión, está en la naturaleza del desarrollo capitalista generar mayor concentración de activos y la globalización ha agudizado esta tendencia. Esto siempre ha sido así y no es malo para el desarrollo tecnológico y la competitividad que existan grandes empresas privadas. Pero en el mundo desarrollado y particularmente en las experiencias social demócratas escandinavas, existen al nivel de la sociedad mecanismos compensadores, como el pago de elevados impuestos sobre las utilidades de las empresas, sobre los beneficios de la propiedad (intereses, dividendos) o el impuesto progresivo al ingreso, que de una u otra manera permite hacer políticas distributivas que compatibilizan concentración de la riqueza y buena distribución del ingreso. Más aún, esos mecanismos compensadores no impiden que las economías señaladas se sitúen al nivel mundial en los primeros lugares de la competitividad. En el caso chileno, la concentración de riqueza actual tiene primero un origen oscuro en el régimen militar y que continúa con la administración exclusiva del ahorro forzoso de los trabajadores por un «club» compuesto por seis AFP, seguida de los mecanismos habituales que tienen el mercado para concentrar. Todo ello, con mecanismos compensatorios muy débiles ya sea en el ámbito tributario o de regulación de tarifas con rentas monopólicas.



La negociación colectiva entre trabajadores y empleadores es sin duda el mecanismo clásico en que, por la vía de los contratos y de manera masiva, se puede mejorar la distribución del ingreso, pues es en la distribución funcional o primaria del ingreso (antes de las transferencias o subsidios redistributivos) donde se negocia la repartición de las ganancias de productividad generada en la empresa. Así lo han hecho los países desarrollados y especialmente los países escandinavos, donde el 80% de los trabajadores asalariados negocian colectivamente. En Chile, según la Dirección del Trabajo, habrían participado 197 mil trabajadores en negociaciones colectivas el 2006, es decir, un 5,4% de los asalariados del sector privado (7,6% en 1990). Si todo ello se hubiese hecho en las grandes empresas, entonces, haciendo una aproximación, ello hubiera representado sólo el 31% del empleo generado en esas empresas. No obstante que en el Código del Trabajo existe la negociación colectiva, ella no se utiliza a plenitud. Gran parte de la responsabilidad proviene de la cultura empresarial, que prefiere una negociación fragmentada y atomizada, cuestión que también permite el Código con fuertes limitaciones sobre el derecho a huelga y que la Concertación no ha podido eliminar. La inflexibilidad que muestran las grandes empresas para extender la negociación colectiva, como se merece todo país moderno, explica en buena medida la mala distribución del ingreso que tenemos.



Finalmente, aunque la especialización en recursos naturales no ha limitado a la economía chilena para tener ciclos importantes de crecimiento, la matriz exportadora poco diversificada y la dependencia de los recursos naturales influye en la permanencia de la desigualdad. Avanzar en las cadenas productivas hacia un mayor grado de elaboración manufacturera o de servicios especializados, mayores son las oportunidades de aprendizaje e innovación y por tanto mayor la necesidad de mano de obra calificada con mejores salarios.



Mejorar la distribución del ingreso no tiene atajadero, pasa por medidas que requieren mayorías políticas muy sólidas pues los efectos maduran en el mediano y largo plazo. Corregir el modelo tiene mucho que ver con estas medidas.



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Alexis Guardia, economista