Aquello que en una columna de días recién pasados se denunciaba con claros ejemplos a la vista como algo prácticamente endémico de las prácticas inmobiliarias, y que entre otros efectos ha llevado a Santiago al sitial donde hoy día se encuentra, donde se destaca como una metrópolis moderna, con dos notables cuerpos sociales extremos; vale decir, la ponzoñosa «corrupción inmobiliaria», aquella que hace buenos negocios por igual valiéndose de ricos y de pobres, efectivamente es un ámbito contra el cual las instituciones encargadas vienen probando desde hace tiempo que no funcionan.
La propia entidad del Estado a cargo, el Minvu, y más específicamente, su División de Desarrollo Urbano, la DDU, con el amplio rango de atribuciones con que cuenta, es la cabeza pensante que define como tienen que ser aplicadas la ley general de urbanismo y construcciones, su ordenanza general, los planes reguladores intercomunales, y hasta los propios planes reguladores comunales, no obstante que se establezca que estos últimos son de jurisdicción municipal. De esta manera, si se trata de toserle la nariz a una norma urbanística de aplicación general, ahí está la DDU para estudiar y establecer excepciones, identificar nichos de negocios para los privados, cambiar los límites urbanos, o instruir que se aplique de tal o cual modo una norma determinada. Para esto último, que es sustantivo en la gestión a su carago, se vale de un simple oficio ordinario, pero que posee la solemnidad semántica de haber sido bien instituido como una «Circular DDU». Es decir, como una especie de «orden del día» del ámbito militar, que se nos aplica a todos, y que posee validez permanente, mientras el mando DDU no la derogue.
Esto último nos lleva directamente a que si la corrupción inmobiliaria existe como tal, esto se debe en lo sustancial a la inacción de la DDU para impedirla, y por cierto, también se debe a sus acciones para darle facilidades. Quiérase o no, la DDU es un importante centro de poder político, a la sombra de cuyo desempeño se mueven grandes inversiones públicas y privadas, y algo más, una oferta de empleos que tiene méritos estratégicos reconocidos y reales.
Siendo así, con todo el poderío que posee la DDU en la actualidad, con todo lo que ha hecho, y con todo lo que ha dejado de hacer, resulta a lo menos curioso que por estos días se halle abocada a preparar un tercer intento para modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Intento en el que claramente va tras afianzar sus muchas prerrogativas, y además, tal como viene pidiendo que se le conceda desde el año 1999, y como lo insistió el 2004, tras extender todas sus competencias al ámbito rural nacional.
Primero, dado que esta iniciativa de la DDU no está el Programa de la Presidente Bachelet; segundo, dado que la DDU ya tuvo que pasar por la incomodidad política frente al Ejecutivo de hacer retirar sus dos intentos anteriores, y tercero, dado que por estos tiempos nadie de la Casa de Gobierno ha de estar en posición objetiva de arriesgar un nuevo fracaso ante el Parlamento con una iniciativa que viene del pasado, todo lo cual lo sabe muy bien la DDU, es muy interesante preguntarse seriamente que está tratando de hacer. En especial, cuando lo que hoy día está propiciando es lo mismo que un par de años antes fuera divulgado como la «Reforma Urbana» que Chile requería, y en la elaboración de cuyos planes reguladores, se nos decía, se estaban invirtiendo 8 millones de dólares. Ahora, esto mismo en lo que se insiste la DDU se llama «Agenda Urbana», y su vocero, que también pertenece al Grupo Expansiva de autoridades nacionales, nos informa que se cuenta con el financiamiento para materializar sus medidas. Que entre paréntesis, al igual que antes, también son 11. ¿Será acaso que se está trabajando en este proyecto de ley con miras al 2010? ¿Para la campaña, o para después?
Aparte de cuales sean sus motivaciones con este pertinaz empeño, es bastante claro que la DDU no está reconociendo el derecho de los ciudadanos a participar en la formulación y en la aplicación de las normas territoriales que los obligan, y aún más, que no está actuando a la luz de los tiempos cuando insiste en que en haya una sola ley general, con todos los poderes para sí misma, y donde simultáneamente quepan con claridad y con rigor, y en forma letrada, materias ambientales, materias constructivas, y materias urbanísticas. Una utopía como esta, simplemente no existe. Excepto, si de perpetuar la situación actual se tratara.
Dicho de otra manera, sus esfuerzos debieran volcarse por completo a idear aquellas formas participativas y transversales de interacción social que apunten a que Chile cuente con códigos legales separados y sucesivamente vinculantes, que regulen primero lo ambiental, enseguida, la construcción, y por último, el urbanismo. Y ciertamente, este último, de modo que sea ejercido mediante la aplicación planes urbanos generales, flexibles, directos, y con estándares regulatorios mínimos, que eliminen el exceso de burocracia municipal actual. Es decir, la DDU necesita pensar en algo diametralmente opuesto a sus actuales desvanes por aumentar su poderío. Olvidarse de 1999, del 2004, y de la Reforma Urbana del pasado, vgr. su actual «Agenda Urbana»
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Waldo López M. Sociólogo. Fundación Defendamos la Ciudad
(1) Patricio Herman: «Corrupción Inmobiliaria». El Mostrador.cl; Columna de 06.08.2007
