Se cumplen seis meses desde la puesta en marcha de Transantiago. Un semestre que ha tenido más sombras que luces, más sufrimiento que alegríasÂ…
Balance global: salvo aspectos puntuales, es justo concluir que el Transantiago es la viva demostración del fracaso más absoluto de una política pública. El resultado de un cambio necesario que, marcado esencialmente por un conjunto de errores técnicos y malas decisiones políticas, llevaron al incumplimiento de todos y cada uno de los objetivos inicialmente trazados.
Irresponsabilidad política: aún cuando existen culpabilidades evidentes, este aniversario coincide con el desentendimiento total por parte de la autoridad. Tanto en la comisión investigadora como en los medios de comunicación, e incluso en la reciente interpelación al ministro del Interior, los encargados directos de la transformación del transporte público han coincidido en culpar al resto y desligarse de sus propios errores. Un verdadero deslinde de responsabilidades que, con evidentes contradicciones entre los distintos actores, ha contribuido a crear una sensación de abandono y ofuscamiento de la ciudadanía.
Deficiencias del diseño: llamado a ser un plan que en esencia recogía lo mejor de la experiencia internacional en materia de transportes, se convirtió en un «engendro» de un origen desvirtuado y sin un destino claro. Las continuas correcciones y postergaciones fueron socavando los pilares fundamentales de un modelo que en otros países funcionó, pero que aquí transitó directamente al fracaso.
Apurada implementación: la administración de la Presidenta Bachelet heredó esta pesada carga y, apremiada por los comicios electorales venideros, debió apurar el tranco en definiciones y plazos límites. Lo que representaba un verdadero capricho de Ricardo Lagos Escobar se convirtió en el calvario de la actual administración que, con calculadora en la mano, no tuvo más opción que ponerlo en marcha, aún cuando existían un sinnúmero de antecedentes que aconsejaban lo contrario.
Una cuestionable unión: la alianza público-privada que se conformó no estuvo a la altura del desafío impuesto. La excesiva influencia del aparato público en el diseño de las mallas de recorridos, los atrasos en la infraestructura requerida y la ausencia del rol fiscalizador no sólo no cumplió con las expectativas, sino que estuvo muy por debajo de las exigencias mínimas. Los privados también quedaron al debe. Se incumplieron los requerimientos tecnológicos y los compromisos adquiridos en cuanto al número y frecuencia de las máquinas prometidas.
El desafío ahora es enfocarse en las soluciones. La tarea del ministro Cortázar es de gran magnitud, ya que debe componer un sistema que no tiene ni lógica ni cimientos definidos. No es aconsejable que se adopten medidas de urgencia como seguir abusando de la capacidad del Metro o seguir despilfarrando los recursos.
Asimismo, el Gobierno debe tener la valentía de reconocer sus errores y de retroceder, si es necesario, en cambios que fueron considerados fundamentales, como establecer la libertad de competencia entre los alimentadores. Por último, urgen los recursos en infraestructura que, a pesar de lo que declara el Ministro de Obras Públicas, son el punto más negro del Transantiago, con un incumplimiento que bordea el 90% de la programación inicial.
*Área Legislativa Fundación Jaime Guzmán E.
