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Editorial: Los límites marítimos con Perú

por 21 agosto, 2007

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La decisión del gobierno de Alan García de publicar una cartografía que sigue las indicaciones de la Ley de Bases de Dominio Marítimo, aprobada en 2005 por el parlamento peruano, es un acto abiertamente inamistoso frente a Chile, tanto porque insiste en un cambio unilateral de las prácticas y normas vigentes, como porque el mapa respectivo aplica nuevos criterios en relación a 2005, que amplían las pretensiones de Lima.



Desde 2001, Perú ha ido ahondando una estrategia de instalar una demanda de límites que parezca jurídicamente justificada. Para ello, se ha ido desplazando hacia una postura que le permita argumentar favorablemente normas internacionales que podría entregarle alguna ganancia. La nueva línea trazada por Perú incluye varios miles de kilómetros de mar territorial chileno, más de 60 mil kilómetros cuadrados de Zona Económica Exclusiva, 28 mil kilómetros de alta mar y genera un vértice costero que ubicaría a Arica a menos de 9 millas de su mar territorial, Pisagua a menos de 60, Iquique a 90 y su punto más al sur a unas 120 millas de Tocopilla.



Desde el punto de vista del Derecho Internacional, Chile tiene una sólida posición jurídica, que ha expresado permanentemente cada vez que ha sido necesario. Sin embargo, es efectivo que el Tratado de 1929 se refiere solamente a límites terrestres y hay un conjunto de instrumentos jurídicos que, aunque muy claros, deben ser interpretados para sostenerse, aunque reflejen una intencionalidad y una práctica entre ambos países que avalan la posición chilena.



La Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima del 4 de diciembre de 1954 establecieron el límite marítimo para fines de pesquerías en los 18ÅŸ21´03" de latitud sur. Este límite fue posteriormente consagrado en terreno, según Actas de los Representantes de Chile y Perú del 26 de abril de 1968 y del 22 de agosto de 1969. Ellas determinan, en el artículo primero, que la Zona Especial Fronteriza Marítima, a partir de las 12 millas de mar territorial, consta de 10 millas de ancho a cada costado del paralelo que constituye el límite marítimo de ambos países.



Desde la vigencia de tales acuerdos e incluso antes, la práctica de Chile, reconocida expresamente por Perú, ha sido aplicar la legislación nacional y la competencia de sus tribunales en materia de concesiones pesqueras, hasta el punto de haber instalado un procedimiento de sanción a pesqueros ilegales peruanos, largamente observado tanto por los operadores marítimos como por las autoridades consulares y administrativas de ese país.



Desde el punto de vista del Derecho Internacional, en las controversias sobre límites marítimos prima el acuerdo entre los estados. Subsidiariamente, la Convención del Mar señala que -a falta de acuerdo- ningún país pretenderá pasar más allá de la línea media. Es razonable pensar que Perú, aún no siendo signatario, trata de colocarse en situación de invocar sus disposiciones, lo que explicaría la ampliación de sus demandas en relación a 2005.



Si bien las posiciones jurídicas pueden ser claras, no se debe olvidar que las relaciones entre los estados son eminentemente políticas y deben ser analizadas en trazos largos, merecen una atención integral y permanente en torno a los intereses de cada uno. Actualmente, estamos en un momento en que ha madurado un tema que excede la diplomacia económica, con expresiones previas que sólo a la distancia adquieren sentido.



En efecto, en la historia del tema, ha habido hechos como la demolición de las torres de enfilamiento destinadas a servir de guía a los barcos pesqueros, construidas de mutuo acuerdo entre Chile y Perú teniendo como referencia el Hito 1. Luego de un temblor en 2001, Perú las echó abajo y ante la protesta de Chile explicó que ellas no eran necesarias por contar los barcos con GPS.



No cabe duda de que la Ley de Bases peruana hubiera sido mucho más flagrante de haber existido las torres y la nueva cartografía con el Punto 266 se hace posible porque existe dicha normativa.



No parece impensable que Perú se tome todo el tiempo del mundo para cumplir su anuncio de recurrir al Tribunal Internacional de La Haya, mientras arbitra nuevas medidas internas que justifiquen su posición. Y no cabe duda de que Chile no puede ni debe hacer otra cosa que esperar la acción vecina, sin perjuicio de protestar cuantas veces lo crea conveniente.



La calma para mantener el statu quo jurídico parece lo más aconsejable, pero con mesura también deben profundizarse las iniciativas diplomáticas, pues la acción peruana se orienta también a bloquear las pretensiones bolivianas de una salida soberana al mar e introduce complejos factores en las relaciones globales de vecindad en la región.

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