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Discriminación no es protección

por 1 septiembre, 2007

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El debate sobre las modificaciones a la sociedad conyugal, el régimen económico que afecta a la mayoría de las parejas casadas en Chile, no es nuevo. Desde hace más de una década, se están proponiendo reformas a una institución anclada en el pasado, que mezcla elementos de solidaridad y equidad con prejuicios en torno a la incapacidad económica de las mujeres para producir ingresos y administrar sus bienes y los de la sociedad conyugal.



Actualmente, la sociedad conyugal es el régimen legal que se aplica a todas las parejas que se casan y no estipulan separación de bienes o participación en gananciales. La sociedad conyugal consiste en la idea de un acervo común que se distribuye entre ambos cónyuges o sus descendientes al momento de su terminación y liquidación. El problema radica en que tal cual y como está instituida en el Código Civil, subyace la idea de la mujer como un ser incapaz de administrar sus bienes y se consagran expresamente excepciones para la mujer que trabaje. La administración de los bienes, tanto de la sociedad como de la mujer, le corresponde al marido y, el padre el titular de la patria potestad. Se trata de normas que no deberían subsistir y estar vigentes en el 2007 y que corresponde reformar.



Hace unos pocos días, la Presidenta Michelle Bachelet anunció la intención del Ejecutivo de persistir con la aprobación de la reforma a la sociedad conyugal, que se encuentra pendiente de aprobación en la Comisión de Constitución del Senado, luego de dos primeros informes. Celebramos la decisión presidencial de persistir en la aprobación de esta reforma legal.



El régimen económico en el matrimonio ha sido ampliamente discutido en el Congreso. Parlamentarios y representantes del gobierno han introducido modificaciones al proyecto inicial, buscando lograr un consenso. El proyecto inicial que presentó el gobierno eliminaba la sociedad conyugal y la sustituía por la comunidad de gananciales como regla general. En la Cámara se insistió en mantener la sociedad conyugal, pero en condiciones de equidad en la administración y disposición de los bienes entre cónyuges, y se mantuvo la propuesta del proyecto de establecer la comunidad de gananciales como regla general.



Simultáneamente con la discusión legislativa, Corporación Humanas y CEJIL presentaron un caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el que Sonia Arce, mujer casada, separada de hecho de su esposo, tenía dificultades para vender una propiedad que había heredado junto con sus hermanos porque la legislación le exigía una autorización de su ex esposo. El Estado Chileno reconoció su responsabilidad internacional por la violación de los derechos de Sonia Arce y suscribió con las organizaciones peticionarias un acuerdo de solución amistosa. Una especie de solución anticipada a la controversia, siempre que se repare la violación causada. Este acuerdo constituye una obligación internacional. En la discusión de este proyecto legislativo se ha omitido considerar las repercusiones internacionales de mantener una legislación discriminatoria contra las mujeres. Si el Congreso no aprueba este proyecto, se deja abierta la puerta para nuevos reclamos ante órganos de protección de derechos humanos.



Las abstenciones a la aprobación del "nuevo primer informe" de la Comisión del Senado, mencionada anteriormente, parecieran augurar que el proyecto no contará con la aprobación de cuatro séptimos de los Senadores. Los Senadores Espina y Larraín fundamentaron su reticencia en supuestas dudas sobre las consecuencias jurídicas de establecer la igualdad entre cónyuges y en la conveniencia de mantener la sociedad conyugal como una forma de proteger a la mujer. Los Senadores de la Alianza reflejan con esta actitud, una confusión entre protección y paternalismo.



Las mujeres no se protegen considerándolas de plano seres inferiores, incapaces relativos. Las mujeres necesitan protección cuando se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, pero no son vulnerables per se. Es necesario que el Congreso se aproxime a la realidad nacional y que trate al 50 por ciento del electorado como lo que son: seres plenamente capaces. Ä„Basta de encubrir discriminaciones llamándolas protecciones!



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Helena Olea. Abogada. Corporación Humanas

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