Por increíble que parezca, los señores diputados nunca dejan de sorprenderme. Pero esta vez, mi sorpresa alcanzó límites a los que simplemente no había llegado antes.
Aprueban una Ley a proposición de la Comisión de Recursos Naturales, en su sesión del día 14 de agosto de 2007, sin otro fundamento que copiar una Ley Catalana, que derivó en catastróficas consecuencias. Por supuesto, las casuísticas intervenciones de los señores diputados, a excepción del señor Hernández (que tuvo una muy buena intervención), dejan de manifiesto que no se informaron en absoluto antes de votar la Ley. El tema les era absolutamente desconocido, salvo por lo que leen en los diarios y, al igual que la Comisión de Recursos Naturales, ignoró la asesoría de todas las personas que llamó a informar la Comisión de Recursos Naturales que, con rara unanimidad, estuvieron contra el proyecto, especialmente lo que se refiere a «razas peligrosas».
Los señores diputados, con la alegre irresponsabilidad de los niños, establecieron seguros para los tenedores de esas razas peligrosas que no existen, exámenes médicos para los dueños, inscripción en registros que tampoco existen y cursos con adiestradores autorizados para socialización cuando hasta el más neófito sabe que la socialización de un perro solo la imparte el dueño. Las obvias consecuencias, como lo está demostrando un estudio en profundidad hecho por psicólogos de la Universidad de Chile de dueños de perros en estratos humildes, será miles y miles de perros arrojados a la calle. Ninguna sorpresa. Es lo que pasó en España y especialmente en Cataluña. Ante la obligación de contratar seguros, exámenes médicos, registrarse e incluso pagar con cárcel por factores que a veces no se controlan, se opta, a veces con lágrimas y el corazón roto, por echar al perro amigo a un camino vecinal, al campo, o en cualquier lugar donde se espera sobreviva. Por supuesto, en el mundo de bilz y pap de los diputados, los municipios recogerán a estos perros y los depositarán en caniles adecuados hasta que alguien los solicite. Menuda inocencia, por decir lo menos, pensar que alguien recogerá de esos caniles (si existieran) un perro estigmatizado como de una raza peligrosa, adulto y probablemente lleno de patologías.
A todo el mundo le interesará saber en qué se gasta la asignación de «asesorías». ¿No se enteraron los señores diputados que en países como Estados Unidos se prohíbe la discriminación de perros por raza? ¿Tampoco le dijeron sus asesores que existe el Test de Campbell para determinar si un perro es peligroso y que desde los años 30 del siglo pasado se ha abandonado la teoría de razas peligrosas y reemplazadas por ejemplares peligrosos?
En realidad, legislar para los medios de comunicación tiene sus peligros. Esas mismas sesiones que se publican y pueden ser marketing para la próxima elección permiten también darse cuenta que la participación de muchos de los miembros de la Cámara es a capella. Es inconcebible la ninguna documentación para votar un proyecto de esta envergadura. Que ni siquiera se recurriera a informarse en el Sesma o en El Mercurio digitalizado, para saber el alcance de los accidentes que involucran perros a nivel nacional, o procurarse alguno de los numerosos estudios que hay al respecto. Un botón de muestra, la casi canonización del San Bernardo y del Ovejero Alemán al sacarlos de la lista de canes peligrosos, cuando son dos de las razas que más accidentes mortales cuentan en sus currículo. (Brillante alcance en la introducción del Diputado Meza).
Sin duda, debe contarse con una Ley que regule la tenencia de perros. Pero una Ley de tal naturaleza debe ser dictada teniendo a la vista las consecuencias, como en este caso en que el remedio puede ser peor que la enfermedad y sobre todo un plazo de gracia para implementarla.
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Jaime Baytelman, ingeniero civil y criador de perros
