En Chile, se ha hecho una moda política pensar que los problemas de gobierno nunca son reales ni obedecen a motivaciones sociales profundas, sino a un problema de mal rating, inducido por la ignorancia popular acerca de la obra o por la carencia de una buena política de comunicación.
Por lo mismo, las encuestas se han transformado en una especie de ranking Billboard de la política, en el que gobernantes y dirigentes políticos compiten por ser la primicia mejor votada del mes, hasta el extremo de parecer estrellas pop, cuyos lenguajes e intervenciones públicas tienen siempre el carácter de eventos cuantificables en más o menos puntos de popularidad.
Todo vale. Desde un resultado de política pública suficientemente maquillado, una primera piedra de algo que nunca conocerá una segunda, hasta el abrazo de artistas y deportistas que en ese momento luzcan su fama en la plaza pública nacional.
Por lo mismo, no sólo se ha relativizado el valor técnico de las encuestas para medir tendencias en trazos largos de tiempo, sino que también se ha instalado una política del aquí y ahora que banaliza la opinión ciudadana y utiliza las encuestas como un ejercicio fatuo para captar popularidad en torno a figuras que, sin mayores diferencias entre sí, solo aspiran a su cuota de poder político.
En estricto rigor, un número importante de temas que hoy absorben la agenda pública, como seguridad ciudadana, desigualdad, mejor educación y empleo seguro, ya fueron captados en su oportunidad por las encuestas de aquel tiempo. Pero siguen ahí, disueltos en el ejercicio consocietal de una política cuya única preocupación es la economía.
Por ejemplo, a propósito de la discusión del salario ético, la encuesta CERC constataba en los 90 que en la percepción ciudadana 80% de los encuestados creía que la democracia favorecía más a los ricos. Pero una inmensa mayoría también pensaba y piensa que lo más trascendente que le ha ocurrido al país es la recuperación de la democracia. Es decir, una clara opción por mayor igualdad dentro de la democracia.
Los datos de CEP y Adimark de comienzos de los 90 en torno a los problemas educacionales presentaban un porcentaje muy importante de encuestados que creía que el problema en la enseñanza básica y media era la falta de recursos económicos y de infraestructura para una buena educación, además de violencia intraescolar y problemas de drogas. Al unísono, los mismos expertos que han hecho las reformas pensaban que el problema eran los profesores y no la existencia de un sistema que en su conjunto carecía de calidad.
Cualquier encuesta de hoy señala que los temas importantes de la agenda pública son la delincuencia, la salud, la pobreza, la educación y el empleo seguro. Es decir, igual que a comienzos de los 90, con sólo algunos cambios de ubicación o jerarquía entre ellos.
Las encuestas de popularidad política del CEP, en largo trazo, arrojan una aprobación promedio para los gobiernos de la Concertación de 47,2% después de 11 encuestas para cada período. Y para la actual mandataria, 44,66% luego de tres encuestas.
Y el rechazo da un promedio para el mismo período de 25%. El mandatario que más se aparta de la media es Eduardo Frei y el de mejor rating es Patricio Aylwin. Pero los resultados de las elecciones presidenciales nunca se han alejado de manera dramática o significativa del 54,5% del NO contra el 43% del SÍ en el plebiscito de 1988.
¿Y entonces? Lo único novedoso es que el malestar democrático está alejando a la ciudadanía de la política y los partidos políticos, al parecer cansada de tanta pirotecnia comunicacional y sobredosis de encuestas, que se empeñan por mostrar una variedad y competencia donde no existe, al menos en cuanto a ideas o dramatismo, porque candidatos sobran.
