La Presidenta Michelle Bachelet en su programa de gobierno estableció la necesidad de desarrollar un Plan Nacional de Seguridad Energética de largo plazo. Además de ello, durante su candidatura suscribió el compromiso con las organizaciones ambientales de no abrir durante su mandato la opción nuclear. Pese a ello y debido a las intensas presiones del lobby nuclear, a las que se sumó el incierto escenario puesto por la crisis energética, creó una comisión para que recopilara información sobre el tema.
Esta comisión hoy está a punto de entregar su informe final, en el cual deberían venir recomendaciones respecto de la factibilidad de desarrollar estudios técnicos para evaluar la opción de generación eléctrica, a través de la energía nuclear para Chile.
El sólo hecho de crear esta comisión ya ha desatado el más intenso lobby nuclear, lo cual nos pone ante un escenario riesgoso y poco centrado en el problema de fondo, que es la crisis energética que se está viviendo en Chile y la falta de una política energética de mediano y largo plazo. Durante décadas en materia energética, Chile ha funcionado al ritmo de las empresas, no desarrollando desde el Estado la posibilidad de abrir una discusión seria sobre el tema y así elaborar una política real. Chile, en materia energética, funciona ante la política de hechos consumados que llevan adelante los distintos sectores, un día puede ser el lobby nuclear y otro el de las hidroeléctricas o el carbón. Pero lo cierto es que no hay por parte del Estado una definición de cómo vamos a abastecer la demanda energética del país durante los próximo 30 o 50 años, eso no existe.
Entonces se genera lo que estamos viviendo, una industria como la nuclear se siente con el ilegitimo derecho de venir a ejercer influencia en nuestro país para instalar su negocio y lo hace convenciendo a algunas autoridades, políticos y académicos que se trata de una opción válida. Ellos se dejan captar sin resistencia, eludiendo su responsabilidad como ciudadanos de poner en el debate el tema de fondo «Una política energética para Chile».
Pese a los 17 años de gobiernos democráticos y a los intentos de las organizaciones ambientales por poner en el debate nacional, la necesidad de contar con una política energética, los esfuerzos han sido en vano. Hasta ahora los ciudadanos y ciudadanas estamos presos de un sistema de generación transmisión y distribución energética, que desconocemos como funciona y, por tanto, tenemos pocas posibilidades de analizar, discutir y hacer propuestas. Se dice que Chile tiene una demanda energética creciente, pero ¿quién lo dice? Los mismos que generan, trasmiten y venden.
Lo mismo pasa con el tema nuclear, aquellos que están en la prensa avalando a favor de esta opción son aquellos que tiene tribuna para hacerlo y evidentemente por una razón u otra pertenecen al círculo de personas que se beneficiarán con sólo abrir la posibilidad de energía nuclear en Chile.
Pero el tema central no es si Chile debe o no abrirse a la opción nuclear, eso es como poner la carreta delante de los bueyes, cosa que como país hemos venido haciendo desde hace muchos años en materia de generación eléctrica. El tema central es la elaboración de una política energética de largo plazo, tema por supuesto que nadie parece interesado en discutir. Hoy día existen múltiples conversaciones de temas energéticos, podemos ver cada vez más seminarios, conferencias talleres, etc. Cada uno apunta a distintos temas, la opción nuclear, las represas de Aysén, aumentar las energías renovables, introducir biocombustibles, hacer algo en el plano de la eficiencia energética, etc. Pero cada una de estas conversaciones ocurren por separado y no constituyen un verdadero diálogo en el que participen todos los actores y en el que se sumen voluntades para construir una política energética de largo plazo.
Por ello, instalar el tema nuclear es una trampa, es poner o imponer una discusión antes de tiempo, da lo mismo si a uno le gusta o no la opción nuclear o las represas de Aysén. Lo que debe estar claro es que ninguna de estas opciones va a solucionar la crisis energética de los próximos años. Para evitar discusiones estériles, que desgastan y no apuntan a las necesidades de fondo, la Presidenta debe dar una señal y poner en marcha cuanto antes la elaboración de un Plan de Seguridad Energética de largo plazo, tal como dice su programa de gobierno. De no hacerlo los ciudadanos y ciudadanas de Chile seguiremos presos de los intereses de las grandes empresas extranjeras que buscan fortalecer sus ganancias promoviendo cierto tipo de generación energética en nuestro país.
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Flavia Liberona es directora ejecutiva de Fundación Terram
